Por Redacción Política
08 Marzo 2005
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La sanción de la nueva ley electoral en la provincia está en manos del vicegobernador Fernando Juri. Así quedó establecido tras la cena que compartió junto al gobernador José Alperovich y el presidente del PJ, Julio Miranda.
Tras el cónclave del domingo, tanto Alperovich como Miranda ratificaron su apoyo a la decisión que adopte finalmente el presidente de la Cámara. Echaron por tierra la posibilidad de retornar aunque sea a un sistema de lemas acotado y acordaron avanzar en la palabra empeñada. Es decir, implementar un régimen de internas abiertas y lista única para los comicios generales. Tanto el mandatario tucumano como el senador nacional expresaron que acompañarán a Juri en el proceso, pero dejaron en evidencia que la responsabilidad de la sanción de la nueva norma electoral corresponde al vicegobernador. Según dejaron entrever, Juri es el actor principal y debe lograr el consenso entre los legisladores justicialistas. Ellos, en tanto, se mantendrán como actores secundarios.
Los avances a los que arribaron Alperovich, Juri y Miranda se pondrán a prueba hoy. A las 11, los miembros de la mesa de conducción del Congreso del PJ se reunirán para definir qué posición adoptará el partido.
Mientras Juri insiste en la realización de un plenario de congresales para formalizar el aval peronista a las internas abiertas y la lista única, los alperovichistas creen que es suficiente con la firma de un documento público de la cúpula peronista. Miranda, en tanto, aguarda la decisión que tome la Legislatura.
El "verdadero" artículo 129
Gilda Pedicone de Vvals
Constitucionalista
La Constitución tucumana de 1990, aprobada por la Convención reformadora el 18 de abril de 1990, fue difundida por primera vez en La Gaceta (el entonces gobernador José Domato se resistió a hacer la publicación oficial). Sólo en enero de 1991, cuando la Provincia ya estaba intervenida, se la dio a conocer en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo cierto es que el texto "auténtico" de la Constitución vigente nos ha dado más de una sorpresa, porque difiere según sea la fuente consultada. Uno de esos artículos es el 129, referido a las potestades de la convención reformadora para modificar cuestiones no incluidas en el texto de la ley que autoriza la reforma.
Según la versión del Boletín Oficial, "la Convención podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria...". Según otras publicaciones, el artículo expresa: "la convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria...". A su vez, si nos remontamos a la historia de este artículo en las anteriores Constituciones, vemos que tanto el texto de 1884 (art. 175) como el de 1907 (art. 144) prohibían a la Convención modificar otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria.
Otros elementos a considerar son la redacción del artículo (en especial la palabra "tampoco"), su congruencia con el resto de los artículos relacionados con la reforma y la doctrina constitucional. Todo ello haría pensar que el "verdadero" artículo 129 es el que prohíbe al poder constituyente derivado ejercer atribuciones por encima de lo autorizado por la ley que dispone la reforma.
Quizá esto deba resolverse consultando la versión taquigráfica del texto constitucional aprobado en 1990, cuyos originales quedaron bajo la custodia del presidente de la Convención, designado como su albacea.
Un póquer de amarretes
Luis Iriarte
Constitucionalista
No se asemejan a "Los tres mosqueteros". No los desvela la desocupación, la ausencia de inversión productiva, la presión fiscal, la inseguridad, la precariedad del ciclo escolar o el deterioro ambiental. Alperovich, Juri y Miranda parecen, más bien, amarretes jugadores de póquer que no quieren arriesgar un centímetro de su suerte personal. Después de un encuentro nocturno, para tratar la nueva ley electoral, el gobernador y el senador, además, se pronunciaron por una subdivisión de las tres secciones electorales que fijó la Constitución del 90, buscando la representación departamental además de la poblacional. Fue nuestra propuesta, en una columna de LA GACETA, a condición de que se revea previamente la distribución inconstitucional de bancas existentes, en función del último censo, conforme a los artículos 38 y 139 de la Carta Magna; y de que se habiliten candidaturas independientes, para obligar a los partidos a mejorar su oferta electoral.
Sin candidaturas independientes, la representación territorial acentuará el dominio político del PJ, por el manejo de la mayoría de los municipios y de las comunas, más la "ayuda" provincial y nacional.
Está por verse si los tucumanos tienen la misma dignidad que los santiagueños. Bajo pena de nulidad absoluta e insanable, la ley de reforma parcial de la Constitución no habilita a la futura convención a modificar las tres secciones electorales, o a poner en comisión al Poder Judicial. A nivel nacional (caso "Fayt") y provincial (caso "Gutiérrez contra Convención Constituyente del 90") la doctrina judicial de la Corte es coincidente: la convención no es soberana. Puede considerar no necesaria la reforma y clausurarla. Pero, si actúa, debe hacerlo dentro del marco constitucional y legal que la condiciona material y temporalmente.
Tras el cónclave del domingo, tanto Alperovich como Miranda ratificaron su apoyo a la decisión que adopte finalmente el presidente de la Cámara. Echaron por tierra la posibilidad de retornar aunque sea a un sistema de lemas acotado y acordaron avanzar en la palabra empeñada. Es decir, implementar un régimen de internas abiertas y lista única para los comicios generales. Tanto el mandatario tucumano como el senador nacional expresaron que acompañarán a Juri en el proceso, pero dejaron en evidencia que la responsabilidad de la sanción de la nueva norma electoral corresponde al vicegobernador. Según dejaron entrever, Juri es el actor principal y debe lograr el consenso entre los legisladores justicialistas. Ellos, en tanto, se mantendrán como actores secundarios.
Los avances a los que arribaron Alperovich, Juri y Miranda se pondrán a prueba hoy. A las 11, los miembros de la mesa de conducción del Congreso del PJ se reunirán para definir qué posición adoptará el partido.
Mientras Juri insiste en la realización de un plenario de congresales para formalizar el aval peronista a las internas abiertas y la lista única, los alperovichistas creen que es suficiente con la firma de un documento público de la cúpula peronista. Miranda, en tanto, aguarda la decisión que tome la Legislatura.
Gilda Pedicone de Vvals
Constitucionalista
La Constitución tucumana de 1990, aprobada por la Convención reformadora el 18 de abril de 1990, fue difundida por primera vez en La Gaceta (el entonces gobernador José Domato se resistió a hacer la publicación oficial). Sólo en enero de 1991, cuando la Provincia ya estaba intervenida, se la dio a conocer en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo cierto es que el texto "auténtico" de la Constitución vigente nos ha dado más de una sorpresa, porque difiere según sea la fuente consultada. Uno de esos artículos es el 129, referido a las potestades de la convención reformadora para modificar cuestiones no incluidas en el texto de la ley que autoriza la reforma.
Según la versión del Boletín Oficial, "la Convención podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria...". Según otras publicaciones, el artículo expresa: "la convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria...". A su vez, si nos remontamos a la historia de este artículo en las anteriores Constituciones, vemos que tanto el texto de 1884 (art. 175) como el de 1907 (art. 144) prohibían a la Convención modificar otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria.
Otros elementos a considerar son la redacción del artículo (en especial la palabra "tampoco"), su congruencia con el resto de los artículos relacionados con la reforma y la doctrina constitucional. Todo ello haría pensar que el "verdadero" artículo 129 es el que prohíbe al poder constituyente derivado ejercer atribuciones por encima de lo autorizado por la ley que dispone la reforma.
Quizá esto deba resolverse consultando la versión taquigráfica del texto constitucional aprobado en 1990, cuyos originales quedaron bajo la custodia del presidente de la Convención, designado como su albacea.
Un póquer de amarretes
Luis Iriarte
Constitucionalista
No se asemejan a "Los tres mosqueteros". No los desvela la desocupación, la ausencia de inversión productiva, la presión fiscal, la inseguridad, la precariedad del ciclo escolar o el deterioro ambiental. Alperovich, Juri y Miranda parecen, más bien, amarretes jugadores de póquer que no quieren arriesgar un centímetro de su suerte personal. Después de un encuentro nocturno, para tratar la nueva ley electoral, el gobernador y el senador, además, se pronunciaron por una subdivisión de las tres secciones electorales que fijó la Constitución del 90, buscando la representación departamental además de la poblacional. Fue nuestra propuesta, en una columna de LA GACETA, a condición de que se revea previamente la distribución inconstitucional de bancas existentes, en función del último censo, conforme a los artículos 38 y 139 de la Carta Magna; y de que se habiliten candidaturas independientes, para obligar a los partidos a mejorar su oferta electoral.
Sin candidaturas independientes, la representación territorial acentuará el dominio político del PJ, por el manejo de la mayoría de los municipios y de las comunas, más la "ayuda" provincial y nacional.
Está por verse si los tucumanos tienen la misma dignidad que los santiagueños. Bajo pena de nulidad absoluta e insanable, la ley de reforma parcial de la Constitución no habilita a la futura convención a modificar las tres secciones electorales, o a poner en comisión al Poder Judicial. A nivel nacional (caso "Fayt") y provincial (caso "Gutiérrez contra Convención Constituyente del 90") la doctrina judicial de la Corte es coincidente: la convención no es soberana. Puede considerar no necesaria la reforma y clausurarla. Pero, si actúa, debe hacerlo dentro del marco constitucional y legal que la condiciona material y temporalmente.
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