El sindicalismo vive de las presiones y de las necesidades ajenas. Esta primera semana de julio es ideal para que haga gala de esa forma de subsistir en tiempos de crisis. En este caso, el gremialismo -que sumó a los desocupados a la discusión- exige aumentos salariales, bolsones, planes sociales, eliminación de tickets y pago en efectivo. Y lo hace amenazando con paros, movilizaciones y cortes de ruta.
En la otra vereda está el Gobierno, acuciado por los números, falto de recursos y urgido de calma social. Necesidades y carencias de ambos lados, pero cada uno jugando con las armas que tiene al alcance para contrarrestar los planteos del contrincante. Es un juego con fuego, que en tiempos de crisis conlleva el peligro del caos social y de inestabilidad política.
En el fondo se trata de un negocio, de un trueque, de un partido de intereses. Cambiar paz social por reivindicaciones sectoriales. En esa transacción alguien tiene que ceder. Es sencillo y obvio. El Gobierno quiere garantizar un clima pacífico y de convivencia durante la posible visita del presidente Eduardo Duhalde, el martes, mientras que el sindicalismo advierte con un panorama de conflicto.
Haciendo los deberes
Las organizaciones apuestan a doblegar al Poder Ejecutivo practicando el juego que mejor juegan. Y exigen. El Gobierno intenta replicar con el único modo con que puede para atenuar los efectos del descontento, pagando en término los sueldos y abonando el aguinaldo antes de la llegada -ahora en dudas- de Duhalde.
Es una herramienta de dudosa efectividad, pero siempre practicada por los gobiernos de turno para mostrar una imagen distinta al país. Y Tucumán ya es noticia a nivel nacional por los desnutridos, las irregularidades en los planes sociales y puede serlo nuevamente el 9 de julio, si las exteriorizaciones de malestar superan los cordones policiales.
El gobernador Julio Miranda, de extracción sindical, sabe que para evitar un mal trago ese día tiene que ofrecer algo. Y está entrampado por la falta de recursos y por haber acostumbrado a los manifestantes que se acercaban a la plaza a callarlos con bolsones. El remedio es poco para tantos enfermos que ahora reclaman ese alivio. Una mejora salarial no está en condiciones de dar, si no es con la ayuda nacional. Tampoco puede otorgar planes laborales porque no tiene recursos para afrontarlos. Por el contrario, está jaqueado por las deudas a los proveedores.
Un final casi previsible
El final es casi previsible. No puede ser otro que una jornada cargada de tensión, más si viene Duhalde. Son demasiadas las organizaciones que se han unido en la demanda y muchos y variados los reclamos, los suficientes como para pensar seriamente en la suspensión de la visita de Duhalde.
Pero Miranda hizo una doble apuesta para lograr su propósito de una jornada tranquila. Se juega por el diálogo y el consenso y, por cuerda separada, a debilitar la expresión sindical de protesta. Por un lado, sus funcionarios trabajan a full hablando con los dirigentes. Por el otro, favorece la creación de una tercera CGT para debilitar a la CGT Regional que responde a Rodolfo Daer. Hace meses, con su presencia en un asado, bendijo la aparición del nuevo nucleamiento. Hoy, movió los hilos para que la CGT de Enrique Altier (gastronómico) obtenga un reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, en contra de la central obrera que conduce Miguel Brito (FEIA).
El sindicalismo siempre se prestó para este tipo de maniobras del poder; por eso no puede extrañar que existan tres cegetés. La dirigencia jamás pidió opinión a la masa de afiliados de los gremios al respecto; actuó según sus intereses políticos o personales. Por eso no puede sorprender que uno de los oradores de la CGT de Altier, en el plenario normalizador, exclamó: "el camino de los trabajadores no es la protesta ni cortar rutas, sino discutir". Toda una definición de un perfil y del partido que jugará.
