Por supuesta contaminación investigan a once frigoríficos

Los fiscales de la Justicia Federal siguen empeñados en investigar presuntas contaminaciones al medio ambiente. Ahora les llegó el turno a los frigoríficos. Ya fueron abiertas causas relacionadas con el accionar de seis empresas, además del Matadero Municipal de Trancas. Y se encuentran en los trámites preliminares en el caso de otras cinco.
Luego de haber reunido informes de Gendarmería y pericias ecológicas, los fiscales Emilio Ferrer y Carlos Brito ya investigan posibles transgresiones a la Ley Nacional 24.051 (Régimen de Desechos Peligrosos) en el caso de Fidensa, Frigorífico Industrial, Frigorífico Monteros, Frigocárnico, Frigorífico Moderno Arnaldo Velárdez y Frigorífico Lules. A estos hay que sumar el caso del Matadero de Trancas.
Las investigaciones preliminares, mientras tanto, están relacionadas con las firmas Calchaquí, Frilul, La Reducción, Asterio Arce y San Lucas.
El artículo 56 de la Ley 24.051 ordena penar a quienes envenenan, adulteran o contaminan -de un modo peligroso para la salud humana- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En el caso de los frigoríficos, las investigaciones apuntan a los residuos industriales y patógenos de propiedades cárnicas que terminan en los cauces de los ríos o en los terrenos próximos a los establecimientos.
La norma precisa que cuando la infracción haya sido cometida por personas jurídicas (una empresa lo es), quienes estén a cargo de la dirección, la administración o la gerencia serán personal y solidariamente responsables de las sanciones. Aún no citaron a declarar a ningún empresario.

Mineras y citrícolas
El cuerpo de fiscales que encabeza Antonio Gómez pone especial énfasis en los denominados delitos verdes o ecológicos. Tanto es así que, el mes pasado, el presidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, debió prestar declaración indagatoria ante el juez federal número dos, Felipe Terán. La causa es la presunta contaminación (con cobre y cromo) de las aguas del canal artificial (DP2), que desembocan en el dique Frontal, en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Por medio de un mineralducto (tiene 220 kilómetros de extensión), el concentrado de mineral que la empresa extrae del yacimiento de Bajo La Alumbrera (Catamarca) desemboca en una planta de filtrado ubicada en Ranchillos. En esta se extrae el agua -que se vuelca al DP2- y el mineral (secado) viaja en tren a los puertos rosarinos.
El caso de la minera no es el único, porque en otras causas, por motivos similares, prestaron declaración indagatoria los titulares de otras importantes empresas; entre ellas EDET, Papelera Tucumán (pertenece al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Pierri) y Citrícola Vicente Trapani S.A. En las dos primeras, los jueces federales (Jorge Parache y Terán) declararon la falta de mérito de los imputados, pero los fiscales, por orden de Gómez, recurrieron esas decisiones. La última palabra la tiene la Cámara Federal de Apelaciones (la preside Ernesto Wayar), que debe expedirse.

Un edil radical quiere saber el destino de un anticipo de $ 550.000
Desde el Concejo Deliberante de la capital continúan reclamando acciones al departamento ejecutivo municipal en torno del tratamiento de los residuos y el cuestionado funcionamiento de la planta de Pacará Pintado.
El vicepresidente primero del cuerpo deliberativo, José Luis Avignone (UCR), instó al intendente provisorio Domingo Amaya a auditar las obras de mejora y ampliación que el empresario Mario Criado debería haber realizado en el depósito de basura. "Planteé esta necesidad a mediados de febrero y aún no tengo conocimiento de que se hayan realizado los controles y las auditorías por parte del municipio", se quejó el edil radical.
Avignone pretende que el Ejecutivo remita al Concejo los informes relacionados con la inversión de $ 550.000 que debería haber realizado la empresa al momento de firmar el contrato con el municipio. "Es necesario disipar todas las dudas en torno de un tema tan delicado y oneroso para las arcas de la Municipalidad", precisó el concejal.
La firma La Banda Servicios y Construcciones SRL realiza la disposición final de los residuos de la capital desde el 6 de diciembre de 2004. El contrato firmado con el municipio establecía un adelanto de más de $ 500.000, para obras de infraestructura en la planta de Pacará Pintado, y el pago de $ 270.000 mensuales por el servicio.
Sin embargo, en el seno del Concejo cuestionan el trabajo que se hace en el predio y la falta de inversiones realizadas por la empresa.