Por Redacción Política
06 Marzo 2005
Seguir en 
La ebullición anticipada del clima político en Tucumán tiene una explicación. La Legislatura se apresta a sancionar la ley electoral que regirá en las próximas elecciones y que podría ser utilizada para los comicios de los que saldrán los convencionales constituyentes que reformarán la Constitución. Estos, entre otras cosas, podrían habilitar la reelección de las actuales autoridades y condicionar el marco institucional de quienes los sucedan. Lo que está en juego, entonces, es mucho más que un simple dispositivo para designar a los representantes del voto popular. Se trata de encontrar la llave del Tucumán de las próximas décadas.
Todos los especialistas coinciden en que ningún sistema electoral es neutro, es decir, totalmente positivo o negativo. Ellos privilegian diferentes valores políticos o sociales. Se pueden otorgar más o menores opciones a los votantes; mejorar la representatividad de las minorías o fortalecer a las mayorías; o fomentar el pluralismo de la sociedad. La opción por uno u otro sistema es una decisión política que suelen tomar los Estados en función de sus propias realidades.
El constitucionalista Mario Justo López afirma que la expresión sistema electoral es utilizada para designar el modo de distribuir y de adjudicar los cargos electivos en función de los resultados electorales. Desde el retorno de la democracia, en 1983, la sociedad argentina discutió la necesidad de reformar esas reglas. Distintos sectores encontraron explicaciones a la crisis de representación en el mecanismo con el que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se transformaba en cargos políticos.
En Tucumán, la discusión de las reglas electorales fue un tema reservado casi exclusivamente a la clase política hasta mediados de la década del 90. Entonces, cuando la Ley de Lemas y sus excesos colocaron a la provincia entre uno de los escándalos preferidos por los medios de prensa de todo el país, el tema comenzó a formar parte de la agenda pública.
Quiebre del sistema
Durante las elecciones de 1999 casi no hubo candidato que no propusiera poner coto a los sublemas o desterrarlos definitivamente. En 2003, luego de cuatro años sin que ningún poder político avanzara en ese sentido, las promesas volvieron a repetirse, pero esta vez sustentadas en un fallo de la Justicia, que exigía cambios en el sistema conocido como de doble voto simultáneo.
El 15 de setiembre de 2004, la Legislatura terminó con la Ley de Lemas. Avalando una decisión política del vicegobernador Fernando Juri, en medio de una crisis con el Poder Ejecutivo por el incremento del Presupuesto de la Cámara, los 40 parlamentarios votaron por la derogación del régimen que les había permitido que accedan a las bancas. Entonces, fijaron un plazo de 180 días para elaborar un nuevo sistema electoral.
La comisión de Asuntos Constitucionales recibió propuestas de reorganización de las reglas electorales de casi todos los partidos políticos, de los gremios y de organizaciones no gubernamentales. Estas incluyeron pautas vinculadas a la selección de los candidatos, pero también con el régimen de los partidos políticos, que está previsto en otra norma aún vigente. También fueron propuestas pautas electorales e institucionales incluidas en la Constitución y que sólo podrían modificarse en una eventual reforma, como la división de la provincia en tres secciones o la pertenencia de las bancas a los frentes o agrupaciones.
El tramo final
Dentro de 10 días vencerá el plazo que se impuso a sí misma la Legislatura para elaborar el proyecto de ley que reemplazará a los sublemas. Lejos de la calma que podría esperarse durante el tramo final del proceso, serán jornadas tensas. La única agrupación que aún no se pronunció por un sistema electoral es nada menos que, el justicialismo. En el partido que gobierna la provincia con mayoría absoluta en la Legislatura y en casi todos los Concejos Deliberantes del interior, hay quienes no están convencidos del nuevo régimen que se propone y plantean alternativas de las más variadas.
La democracia y la necesidad de preservar algunos de sus valores, como el vínculo directo con los representados, sirve para justificar todas las opciones sugeridas.
En la presentación del libro "El Voto Liberado", editado por Isidoro Cheresky e Inés Pousadela, se sostiene que los procesos electorales no deben ser considerados solamente en virtud de su poder para conferir certezas a las sociedades. El voto es siempre más que un voto, aseveran los investigadores, pues tiene un sentido oculto que debe ser desentrañado. En el debate que conmociona a la clase política tucumana, la clave pasa por desentrañar cuánto hay de deseo de profundizar la libertad política y cuánto de cristalizar en dispositivos institucionales las prácticas enrraizadas en los pasillos del poder.
Las secciones electorales están en la mira del PJ
En un giro imprevisto, en los últimos quince días se sumó al debate electoral la posibilidad de que sean subdivididas las tres secciones en que la Constitución del 90 organizó la Provincia para fines electorales.
La ley que habilitó la reforma parcial de la Carta Magna excluyó expresamente la posibilidad de que este punto sea modificado por los constituyentes. Esta fue una de las condiciones exigidas por la Unión Cívica Radical para pactar con el PJ. Sin embargo, el oficialismo avanza lentamente con una idea que tiene más argumentos políticos que jurídicos.
La modificación del mapa electoral fue una constante desde el retorno de la democracia en 1983 e incluso durante el período previo al golpe militar de 1976.
El 11 de marzo de 1973, cuando el justicialismo arrasó en el país con la fórmula integrada por José Cámpora-Vicente Solano Lima, Tucumán se dividió en cuatro secciones para los comicios locales. El PJ impuso a Amado Juri en la gobernación y obtuvo mayoría absoluta en las dos cámaras de la Legislatura. El 30 de octubre de 1983, Fernando Riera ganó la elección pese al arrastre que tuvieron los votos radicales con la candidatura presidencial de Raúl Alfonsín.
El territorio tucumano se dividió entonces en dos (capital e interior) para elegir diputados, senadores y electores a gobernador por el sistema indirecto.
En 1985, la alquimia territorial comenzó a funcionar. En las elecciones de renovación parcial del parlamento, la provincia se dividió en cinco secciones. La UCR ganó por casi 10.000 votos, pero el PJ obtuvo más bancas que el vencedor. Las cuatro secciones del interior traccionaron esa diferencia de escaños.Los radicales doblaron en votos a los peronistas en la capital y se impusieron en Chicligasta, pero perdieron en el resto de las ciudades.
En 1987, se dividió en tres secciones. El radicalismo volvió a ganar la votación, pero perdió la gobernación en el colegio electoral por una alianza entre el peronismo y el frente que lideraba Osvaldo Cirnigliario. En los escaños de diputados y de senadores, se repitió la paridad por los votos de las localidades del interior.En 1989, se convocó a renovación parcial de diputados y senadores. También para elegir los convencionales que reformarían la Constitución de 1907. Por primera vez desde 1965, la provincia de dividió en 11 departamentos con fines electorales. Fuerza Republicana sacó más votos que el resto de los partidos, pero logró menos bancas que el PJ.
Aquella vez se utilizó por primera vez la Ley de Lemas, aunque en una versión más acotada que la fue derogada en setiembre del año pasado. El Frejupo, con mayoría justicialista presentó 22 sublemas y la UCR 13, mientras que Fuerza Republicana (FR) impulso listas únicas en todos los departamentos.
La capital, Burruyacu, Cruz Alta, Chicligasta, Famaillá, Graneros, Leales, Monteros, Río Chico, Tafi del Valle y Trancas conformaron el mapa para un comicion en el que FR sacó más votos que el resto de los partidos, pero logró menos bancas que el PJ.
Los bussistas hicieron diferencia en la convención constituyente en la que alcanzaron la mayoría que terminó sancionando la Carta Magna de 1990. Ellos dieron rango constitucional a las secciones electorales que ahora quieren ser nuevamente alteradas.
Todos los especialistas coinciden en que ningún sistema electoral es neutro, es decir, totalmente positivo o negativo. Ellos privilegian diferentes valores políticos o sociales. Se pueden otorgar más o menores opciones a los votantes; mejorar la representatividad de las minorías o fortalecer a las mayorías; o fomentar el pluralismo de la sociedad. La opción por uno u otro sistema es una decisión política que suelen tomar los Estados en función de sus propias realidades.
El constitucionalista Mario Justo López afirma que la expresión sistema electoral es utilizada para designar el modo de distribuir y de adjudicar los cargos electivos en función de los resultados electorales. Desde el retorno de la democracia, en 1983, la sociedad argentina discutió la necesidad de reformar esas reglas. Distintos sectores encontraron explicaciones a la crisis de representación en el mecanismo con el que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se transformaba en cargos políticos.
En Tucumán, la discusión de las reglas electorales fue un tema reservado casi exclusivamente a la clase política hasta mediados de la década del 90. Entonces, cuando la Ley de Lemas y sus excesos colocaron a la provincia entre uno de los escándalos preferidos por los medios de prensa de todo el país, el tema comenzó a formar parte de la agenda pública.
Quiebre del sistema
Durante las elecciones de 1999 casi no hubo candidato que no propusiera poner coto a los sublemas o desterrarlos definitivamente. En 2003, luego de cuatro años sin que ningún poder político avanzara en ese sentido, las promesas volvieron a repetirse, pero esta vez sustentadas en un fallo de la Justicia, que exigía cambios en el sistema conocido como de doble voto simultáneo.
El 15 de setiembre de 2004, la Legislatura terminó con la Ley de Lemas. Avalando una decisión política del vicegobernador Fernando Juri, en medio de una crisis con el Poder Ejecutivo por el incremento del Presupuesto de la Cámara, los 40 parlamentarios votaron por la derogación del régimen que les había permitido que accedan a las bancas. Entonces, fijaron un plazo de 180 días para elaborar un nuevo sistema electoral.
La comisión de Asuntos Constitucionales recibió propuestas de reorganización de las reglas electorales de casi todos los partidos políticos, de los gremios y de organizaciones no gubernamentales. Estas incluyeron pautas vinculadas a la selección de los candidatos, pero también con el régimen de los partidos políticos, que está previsto en otra norma aún vigente. También fueron propuestas pautas electorales e institucionales incluidas en la Constitución y que sólo podrían modificarse en una eventual reforma, como la división de la provincia en tres secciones o la pertenencia de las bancas a los frentes o agrupaciones.
El tramo final
Dentro de 10 días vencerá el plazo que se impuso a sí misma la Legislatura para elaborar el proyecto de ley que reemplazará a los sublemas. Lejos de la calma que podría esperarse durante el tramo final del proceso, serán jornadas tensas. La única agrupación que aún no se pronunció por un sistema electoral es nada menos que, el justicialismo. En el partido que gobierna la provincia con mayoría absoluta en la Legislatura y en casi todos los Concejos Deliberantes del interior, hay quienes no están convencidos del nuevo régimen que se propone y plantean alternativas de las más variadas.
La democracia y la necesidad de preservar algunos de sus valores, como el vínculo directo con los representados, sirve para justificar todas las opciones sugeridas.
En la presentación del libro "El Voto Liberado", editado por Isidoro Cheresky e Inés Pousadela, se sostiene que los procesos electorales no deben ser considerados solamente en virtud de su poder para conferir certezas a las sociedades. El voto es siempre más que un voto, aseveran los investigadores, pues tiene un sentido oculto que debe ser desentrañado. En el debate que conmociona a la clase política tucumana, la clave pasa por desentrañar cuánto hay de deseo de profundizar la libertad política y cuánto de cristalizar en dispositivos institucionales las prácticas enrraizadas en los pasillos del poder.
En un giro imprevisto, en los últimos quince días se sumó al debate electoral la posibilidad de que sean subdivididas las tres secciones en que la Constitución del 90 organizó la Provincia para fines electorales.
La ley que habilitó la reforma parcial de la Carta Magna excluyó expresamente la posibilidad de que este punto sea modificado por los constituyentes. Esta fue una de las condiciones exigidas por la Unión Cívica Radical para pactar con el PJ. Sin embargo, el oficialismo avanza lentamente con una idea que tiene más argumentos políticos que jurídicos.
La modificación del mapa electoral fue una constante desde el retorno de la democracia en 1983 e incluso durante el período previo al golpe militar de 1976.
El 11 de marzo de 1973, cuando el justicialismo arrasó en el país con la fórmula integrada por José Cámpora-Vicente Solano Lima, Tucumán se dividió en cuatro secciones para los comicios locales. El PJ impuso a Amado Juri en la gobernación y obtuvo mayoría absoluta en las dos cámaras de la Legislatura. El 30 de octubre de 1983, Fernando Riera ganó la elección pese al arrastre que tuvieron los votos radicales con la candidatura presidencial de Raúl Alfonsín.
El territorio tucumano se dividió entonces en dos (capital e interior) para elegir diputados, senadores y electores a gobernador por el sistema indirecto.
En 1985, la alquimia territorial comenzó a funcionar. En las elecciones de renovación parcial del parlamento, la provincia se dividió en cinco secciones. La UCR ganó por casi 10.000 votos, pero el PJ obtuvo más bancas que el vencedor. Las cuatro secciones del interior traccionaron esa diferencia de escaños.Los radicales doblaron en votos a los peronistas en la capital y se impusieron en Chicligasta, pero perdieron en el resto de las ciudades.
En 1987, se dividió en tres secciones. El radicalismo volvió a ganar la votación, pero perdió la gobernación en el colegio electoral por una alianza entre el peronismo y el frente que lideraba Osvaldo Cirnigliario. En los escaños de diputados y de senadores, se repitió la paridad por los votos de las localidades del interior.En 1989, se convocó a renovación parcial de diputados y senadores. También para elegir los convencionales que reformarían la Constitución de 1907. Por primera vez desde 1965, la provincia de dividió en 11 departamentos con fines electorales. Fuerza Republicana sacó más votos que el resto de los partidos, pero logró menos bancas que el PJ.
Aquella vez se utilizó por primera vez la Ley de Lemas, aunque en una versión más acotada que la fue derogada en setiembre del año pasado. El Frejupo, con mayoría justicialista presentó 22 sublemas y la UCR 13, mientras que Fuerza Republicana (FR) impulso listas únicas en todos los departamentos.
La capital, Burruyacu, Cruz Alta, Chicligasta, Famaillá, Graneros, Leales, Monteros, Río Chico, Tafi del Valle y Trancas conformaron el mapa para un comicion en el que FR sacó más votos que el resto de los partidos, pero logró menos bancas que el PJ.
Los bussistas hicieron diferencia en la convención constituyente en la que alcanzaron la mayoría que terminó sancionando la Carta Magna de 1990. Ellos dieron rango constitucional a las secciones electorales que ahora quieren ser nuevamente alteradas.
Lo más popular
Ranking notas premium
