El Estado, como administrador

Las crisis económicas, periódicas y recurrentes han tenido como origen en la mayoría de los casos, graves fallas en la administración de la "cosa pública".
Uno de los errores que quizá ocupe el primer lugar es el exceso de gasto en relación con los ingresos (déficit fiscal), esto puede ocurrir a cualquier nivel (por ejemplo, familia, municipio, provincia, Nación).
En el grupo familiar el equilibrio deberá restablecerse bastante rápido y por supuesto que serán los propios miembros de la familia los que tendrán que sufrir el "costo del ajuste".
Sin embargo, cuando se trata de administración pública, el desequilibrio se manifiesta como pérdida de eficacia, obras que no se realizan, servicios públicos que no se prestan o que se prestan mal, etcétera.
El aumento en el gasto, recientemente aprobado a nivel de la provincia de Tucumán, resulta excesivo, especialmente porque está dirigido hacia áreas que no se traducirán en un aumento del bienestar para el conjunto de la población.
El problema fundamental que enfrenta la sociedad argentina en general y de Tucumán, en particular, es el porcentaje de población excluida del sistema (alrededor del 50%). Si bien no existe ninguna fórmula mágica para resolver este problema con rapidez, una acción de gobierno que permitirá mejorarlo en el plazo mediano es el gasto en educación y en salud. Basta con pensar que con el incremento en el gasto político se podrían construir decenas de escuelas para comprender que la asignación del gasto está lejos de ser óptima desde un punto de vista de la sociedad como un todo.
Obras de infraestructura como caminos, viviendas, escuelas, hospitales justifican el dinero gastado. Mejoras en los servicios que elevan la potencialidad de la población para obtener un trabajo digno (educación y salud) justifican el dinero gastado.

Los beneficiarios
No vemos que la "clase política" se haya hecho merecedora de que la sociedad decida gastar más para financiar su funcionamiento, especialmente cuando quienes autorizan el aumento en el gasto son los principales beneficiarios en la distribución de las partidas.
Lo mínimo que la sociedad debería exigir (o esperar) de quienes decidieron subir el gasto es una cuidadosa justificación del tal incremento, porque es la sociedad la que financia el gasto. Los destinos de las cifras que se han dado a conocer están lejos de satisfacer esta exigencia.

La lógica en el reparto de fondos
Por Hugo Ferullo, Doctor en Economia y profesor de la UNT
La aceptación masiva por parte de los acreedores del canje de deuda pública propuesto por la Argentina se explica, en gran medida, por la firmeza con la que el gobierno de nuestro país defendió ante el mundo la idea básica de que la economía nacional no estaba en condiciones de mejorar su oferta sin poner en peligro otros objetivos considerados absolutamente prioritarios. Estos objetivos prioritarios, que no pueden bajo ningún concepto subordinarse al pago de una deuda que adquirió muchas veces el carácter de usuraria, están relacionados con el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la salud y educación de la población, las obras públicas imprescindibles.
Frente al espectáculo de operaciones financieras que se parecen a veces más a un casino que a un mecanismo global de asignación eficiente de fondos prestables, la posición del gobierno argentino fue en esto poco menos que impecable. Pero simultáneamente, la realidad política de nuestro país nos muestra ejemplos opuestos, más sombríos que luminosos, como resulta ser el caso del aumento desfachatado del gasto político aprobado por el presupuesto que los legisladores acaban de votar en Tucumán para este año.
En un cuadro de situación donde se le acaba de decir muy bien al mundo que nuestras prioridades son el crecimiento y la equidad distributiva, ninguna razón remotamente económica puede justificar un gasto anual de ?¡más de $ 10 millones en prensa y difusión!?, ni un aumento absolutamente inescrupuloso para el funcionamiento de la Legislatura.

El escenario actual
En términos generales, y más allá de las cifras involucradas, ningún aumento del gasto público puede hoy defenderse si no es asignado a las funciones sociales básicas que el Estado presta (salud, educación, seguridad, programas de lucha contra la pobreza y el desempleo) o a obras públicas necesarias (el flamante presupuesto contempla para obras menos del 10%).
Si el gobierno provincial pretende estar política y éticamente a la altura de las circunstancias actuales de nuestro país, lo que corresponde es que el Gobernador vete todos los aumentos presupuestarios que correspondan al mal llamado gasto "político", para reasignar las partidas vetadas a distintos componentes del gasto social (que sí es político, sin comillas) y a obras públicas. No es para nada malo, en sí mismo, que el Estado aumente el gasto público en estos momentos de mayor recaudación. Sólo que la distribución de este aumento tiene que responder mínimamente a la lógica de nuestras necesidades económicas más urgentes.