La Nación acompañará a la Provincia en el pleito del agua

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Rosatti, afirmó que acompañará a la Provincia en el litigio que mantiene contra Aguas del Aconquija (Grupo Vivendi). Según dijo, el conflicto debería resolverse en la Justicia nacional y no en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), como pretende la ex concesionaria del servicio de agua y cloacas.
Consideró que el Ciadi debería tener en cuenta las reglas del contrato inicial para emitir un fallo. "Siempre sostuvimos que las decisiones sobre política económica interna de un país no deben estar sujetas a revisión por un tribunal internacional. Si hay un perjuicio, se lo debe plantear ante los organismos locales", expresó. De todas maneras, Rosatti opinó que el organismo debe sujetarse también a las reglas del contrato con la provincia, a la licitación del servicio y a los principios del derecho argentino.
Según sostuvo el ministro, hay una decisión política del presidente Néstor Kirchner de atender a los reclamos de las empresas extranjeras con el mismo tenor que a las firmas locales. "La Nación no cree que el inversor extranjero deba tener un status superior al del inversor argentino. Tampoco creemos que pueda estar exento, como si fuera una isla, de los avatares que provocó la crisis económica del país. Esta debacle derramó sus consecuencias sobre todos los habitantes. ¿Por qué ellos deberían recibir un trato diferenciado?", precisó.
Rosatti instó a la Provincia a insistir en que el conflicto debe ser resuelto en la Argentina. "Hay que hacer valer la cláusula sobre la jurisdicción local y, en base a ello, articular los mecanismos de defensa. Creo que es fundamental analizar el comportamiento de la concesionaria y el cumplimiento de las metas pautadas. Por lo general, en estas causas las empresas toman como parámetro su mejor momento para exigir un monto de resarcimiento exorbitante", disparó.
La demanda de Aguas del Aconquija, que prestó el servicio en Tucumán entre 1996 y 1999, consta de 205 fojas en inglés que están siendo traducidas. La firma francesa reclama el pago de U$S 300 millones en concepto de lucro cesante y de U$S 400 millones en intereses. Hacia 2007 podría conocerse el fallo arbitral emitido por el Ciadi.

Derechos humanos
Tras una reunión con el gobernador José Alperovich, de la que también participó el juez federal número dos, Felipe Terán, Rosatti adelantó que la Nación financiará los trabajos de excavación en el Pozo de Vargas, sindicado como uno de los predios de enterramiento clandestino en la última dictadura militar. Días atrás, el magistrado confirmó que los restos óseos que se encontraron allí pertenecían a seres humanos.
"Vamos a ver cuánto es lo que hace falta en dinero y vamos a contribuir con el financiamiento. Tenemos indicios de que profundizar esta excavación no será en vano. Por el contrario, habría elementos que acreditarían el entierro de desaparecidos en ese lugar. Es nuestra obligación esclarecer estos hechos y poner luz a un episodio muy luctuoso", concluyó Rosatti.