02 Marzo 2005 Seguir en 
WASHINGTON.- El gobierno de George W. Bush planteó una enérgica estrategia en tres direcciones para combatir el consumo ilegal de drogas en Estados Unidos.
En su reciente informe anual, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, dependiente de la Casa Blanca, esbozó un plan destinado a satisfacer tres objetivos esenciales: detener el consumo de drogas ilícitas mediante el bloqueo del tráfico desde su comienzo; hacer ingresar a los toxicómanos en programas de tratamiento y desbaratar el comercio de drogas ilícitas.
El primer objetivo exige educación y acción comunitaria. El informe respalda los programas escolares y comunitarios, como así también los anuncios publicitarios y otras tácticas. Pero señala que la participación de los padres es crucial para disuadir a los jóvenes de consumir drogas ilícitas o bebidas alcohólicas.
Cuando manda el juez
El segundo objetivo depende en gran medida de los programas judiciales de tratamiento para toxicómanos delincuentes, en los que a menudo la alternativa es la cárcel. Los llamados "tribunales de la droga" ofrecen otro enfoque del tratamiento de drogadictos arrestados por infracciones no violentas; por ejemplo, el robo. "Los tribunales de la droga utilizan la autoridad de un juez para coaccionar la abstinencia, lo que sirve de ejemplo extraordinario de la unión entre un enfoque de salud pública y una estrategia de seguridad pública", dice el informe.
El tercer objetivo exige la coordinación con los países en donde operan las organizaciones mafiosas. EEUU espera desbaratar el mercado de drogas ilícitas golpeando la rentabilidad del comercio y, a la vez, el bolsillo del consumidor. "Intentamos causarle lo que teme todo negocio legal: aumento de costos, disminución de ganancias, proveedores poco confiables", dice el documento. Colombia y México proporcionan gran parte de las drogas ilícitas que ingresan a EEUU. Estos países reciben ayuda de Washington para erradicar cultivos ilegales de coca. Norteamérica prevé un apoyo continuado a Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá en áreas vinculadas a los cultivos ilegales y a esta problemática social. (Especial)
En su reciente informe anual, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, dependiente de la Casa Blanca, esbozó un plan destinado a satisfacer tres objetivos esenciales: detener el consumo de drogas ilícitas mediante el bloqueo del tráfico desde su comienzo; hacer ingresar a los toxicómanos en programas de tratamiento y desbaratar el comercio de drogas ilícitas.
El primer objetivo exige educación y acción comunitaria. El informe respalda los programas escolares y comunitarios, como así también los anuncios publicitarios y otras tácticas. Pero señala que la participación de los padres es crucial para disuadir a los jóvenes de consumir drogas ilícitas o bebidas alcohólicas.
Cuando manda el juez
El segundo objetivo depende en gran medida de los programas judiciales de tratamiento para toxicómanos delincuentes, en los que a menudo la alternativa es la cárcel. Los llamados "tribunales de la droga" ofrecen otro enfoque del tratamiento de drogadictos arrestados por infracciones no violentas; por ejemplo, el robo. "Los tribunales de la droga utilizan la autoridad de un juez para coaccionar la abstinencia, lo que sirve de ejemplo extraordinario de la unión entre un enfoque de salud pública y una estrategia de seguridad pública", dice el informe.
El tercer objetivo exige la coordinación con los países en donde operan las organizaciones mafiosas. EEUU espera desbaratar el mercado de drogas ilícitas golpeando la rentabilidad del comercio y, a la vez, el bolsillo del consumidor. "Intentamos causarle lo que teme todo negocio legal: aumento de costos, disminución de ganancias, proveedores poco confiables", dice el documento. Colombia y México proporcionan gran parte de las drogas ilícitas que ingresan a EEUU. Estos países reciben ayuda de Washington para erradicar cultivos ilegales de coca. Norteamérica prevé un apoyo continuado a Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá en áreas vinculadas a los cultivos ilegales y a esta problemática social. (Especial)
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