Por el federalismo

Previo a la reforma de la Constitución provincial, la habilitación de la reelección y el dictado de una nueva ley electoral, debe haber un debate del poder político con las instituciones de la sociedad tucumana, a fin de establecer las pautas que servirán de eje para la reestructuración de la Carta Magna.
Debemos preguntarnos cuáles son las fallas y las lagunas que debemos corregir, cuál será el pensamiento que determinará la órbita de acción y si se cumple con el sentido federalista que establece la Constitución nacional.
Las constituciones vienen debilitadas por la hegemónica voluntad del centralismo nacional, que en la práctica está creando un Estado unitario. Las provincias, en sus reformas, deben reivindicar un federalismo económico y político, para lo cual hay que romper con leyes como la de impuestos internos, por el cual todo es concentrado por la "cabeza" nacional, que luego reparte conforme a sus intereses.
Hay que rever todo el sistema económico y quienes deben hacerlo son los bloques políticos de los partidos, para que sean las provincias las que repartan y ayuden al mantenimiento del poder nacional. Hoy, por el contrario, deben entregarlo todo.
Todos debemos unirnos para crear un nuevo sistema de reparto de la riqueza, que es propio de todas las provincias, las cuales, a su vez, son las que conforman la Nación.
Es, en este sentido, un deber parafrasear a José Ingenieros en su libro "Las fuerzas morales", en especial en el capítulo que tiene conceptos universales sobre la Justicia.
Entre estos, señala: "cuando se focalizan las leyes, se tornan en el mayor obstáculo del progreso de los pueblos". Este concepto debe tener en cuenta en lo que hace a la reforma de la Constitución provincial, cuyo contenido debe reverse cuando cambia cada generación. Y cambian, con ella, los valores sociales.
La Carta Magna debe tender a eliminar los privilegios, que no son otra cosa más que la subversión de los valores morales y sociales.
Por esto, me inclino por la reforma, para que en ella se incluyan los principios del Pacto de San José de Costa Rica, en lo referido a la niñez, la ancianidad y, por sobre todo, en la búsqueda de la dignidad del hombre. El trabajo da fuerza moral y económica y la reforma debe priorizar este aspecto para sus ciudadanos.
En cuanto a la reelección, quien ejerce el poder da la cara a todos los problemas, buscando y dando soluciones, y cumpliendo con las obligaciones que tiene cada ciudadano. Estoy a favor de la reelección, porque quien gobierna bien, quien legisla bien y da las mieles del poder a la sociedad, debe ser reelegido. Debemos decir que las leyes envejecen, pero de ningún modo se debe cambiar para crear impunidad.
Las leyes son para mejorar el estado social y defender los derechos del ciudadano, y no para olvidar hechos que hacen a la comunidad. La ley de prescripción legitima la corrupción.
Por otro lado, el Poder Judicial está colapsado por cuanto su estructura física y funcional no coincide con las necesidades de la población. La Justicia requiere de más juzgados y también de una mayor división de fueros. Los miembros del Poder Legislativo deben dar una solución a esto.
Lo mismo ocurre con el sistema electoral, que debe ser departamental, con mayoría y minoría, de modo que cada estamento de la provincia estará representado.