Modernización

Hay casos históricos que nos impresionan, pero que son irrepetibles. Licurgo constituyó a Esparta y esa organización civil fue base de la grandeza, del poderío, de la salud del pueblo espartano a lo largo de 500 años. Hasta que pasó. No se la olvidó pero dejó de ser aplicable. Con semejante ejemplo nos imaginamos que una sabia Constitución ha de ser capaz de subsistir largo tiempo. Por lo menos, varios siglos. Pero no es así: la evolución social, política, técnica y económica de los pueblos es cada vez más rápida. Y los instrumentos jurídicos no tienen por qué quedarse anquilosados en el pasado. Una añeja constitución tenía, antes, el prestigio de haber servido a varias generaciones. Hoy, en cambio, se aprecia lo actual, lo adaptado a la época, lo que está de moda.
Cuando se dictó la Constitución tucumana, regía el principio -en el orden nacional y en casi todas las provincias- de que los jefes de los ejecutivos no serían reelegibles. Hoy, la Nación, con el voto unánime de convencionales constituyentes de todas las provincias, modificó ese criterio. La reelección, de prohibida, ha pasado a ser un elemento cotidiano de nuestra política. ¿Por qué nuestra Constitución ha de seguir vetando a la ciudadanía que reelija a sus gobernadores? ¿Por qué ha de perdurar un principio que el pueblo ya ha abandonado y en el que ya no cree? Antes, había policías bravas con fuerte influencia en los comicios. Los gobernadores no debían ser reelegibles pues hubiera sido tentador apelar a esa fuerza electoral que estaba bajo sus órdenes. Pero la Policía no depende de los legisladores, por eso siempre se vio aceptable que a ellos sí se los pudiera reelegir. Y nuestra Carta Magna, que impide la reelección hasta a los parlamentarios, es un caso extraño entre todas las constituciones provinciales. ¿Acaso no sería razonable que volviéramos a la posibilidad de reelegir legisladores, como rigió a lo largo de nuestra historia y como ocurre en el resto de las provincias?
En otros puntos, nuestra Constitución también merece ser discutida. No digo que sea urgentísimo reformarla ni que sea un problema más importante que otros, como la desocupación, la salud pública, la asistencia a los discapacitados o las escuelas. Pero vale la pena tratarlo. Una reforma no insume grandes cantidades de dinero, sino un poco de atención y de sentido común.