La comunidad política acusó el impacto de la palabra eclesiástica.
El protagonismo de los obispos se hizo sentir con fuerza con los mensajes pascuales en distintas latitudes.
La Iglesia ha desempeñado un papel clave en el acercamiento de las diferentes instituciones sociales, políticas, económicas y sindicales, aunque su mediación no se plasmó en resultados concretos.
Antes bien, la jerarquía católica ha confirmado que la dirigencia es renuente a aceptar sacrificios.
El lado crítico de ese pensamiento se trasuntó en los documentos que leyeron los dignatarios católicos. Los textos de estos rescataron, además, la preocupación eclesial por la ruina de las economías regionales, a causa de los sistemáticos ajustes de los últimos años.
La lectura local
Dentro de esa misma línea de interpretación se sitúan las reflexiones del arzobispo Luis Villalba. Este hizo alusión el jueves al contexto de robo, coimas y corrupción que rodea a Tucumán.
La falta de independencia de la Justicia mereció una mención especial de monseñor Villalba. Y, además, convocó a la ciudadanía a renovar los equipos políticos, a partir de un nuevo compromiso ético.
Como sucede cada vez que la cima de la Iglesia opina, la generalidad de los políticos expresó su coincidencia con el planteo pastoral. La irónica respuesta del ministro Antonio Guerrero -pidió que se despierten tantas vocaciones sacerdotales como políticas- revela el fastidio del Gobierno por las incursiones principistas de la Iglesia en la vida institucional.Aunque en en forma pública nadie atacó al obispo de Concepción, monseñor José María Rossi, por sus denuncias de irregularidades sobre el manejo del plan Compartir, más de un funcionario lo cuestionó en privado por sus afirmaciones genéricas.
La equivocación radica en creer que el obispo Rossi debía proceder como un fiscal penal o un instructor de sumarios administrativos.
La tarea de hallar responsables es de competencia de los gobernantes de turno.Los dardos de Villalba y de Rossi que dispararon contra las mañas de los políticos y la práctica del clientelismo político, generaron malestar.
En realidad, lo que hicieron los prelados fue recoger el sentimiento de extensas franjas sociales.
Hay situaciones políticas que impiden aceptar datos de la realidad. Y es que la carrera electoral desatada por el oficialismo a partir de la habilitación del proceso de reforma constitucional sensibiliza a sus jerarcas, quienes ven en la más leve crítica una agresión a la Casa de Gobierno.
Con muchos interrogantes
La investigación de la denuncia por la presunta compra de votos para aprobar la declaración de la reforma de la Carta Magna amenaza con complicar a lo más granado del mundo político y judicial.
El juez de instrucción Víctor Pérez ha tomado una serie de medidas procesales para averiguar si efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito en algunos de los 27 legisladores que votaron por el sí. La manera en que Pérez abordó la anterior investigación de los gastos de bloque hasta echarla a pique, suscitó inquietudes sobre esta nueva etapa.
El empantanamiento de la investigación de la granada enviada a LA GACETA -el viernes pasado se cumplió un año del hecho- no hace alentar expectativas favorables.
Sin embargo, los legisladores oficialistas están alertas y desarrollan una estrategia sistemática de hostigamiento mediático e institucional del juez.
Gerónimo Vargas Aignasse se despegó de la tropa y arremetió contra Pérez, mientras asevera que no recibió pago alguno porque promueve la reforma constitucional desde hace dos años.
El legislador justicialista acusa a Ricardo Bussi de haber promovido la denuncia judicial, ante la desobediencia de la tropa propia. De ese modo, acota el círculo de la sospecha a los rebeldes de Fuerza Republicana.
Este partido ha suspendido por inconducta política a Gustavo Rojas Alcorta, Diego Nieva, Jorge de Faveri y Gustavo Siciliani. Nieva, no obstante, quiere que Pérez indague en su patrimonio.La coalición oficialista está ante una encrucijada. Si los legisladores mirandistas y sus socios obstruyen la labor de Pérez, quedarán entrampados en una cerrada defensa corporativa.
Y la puesta en marcha de un juicio político equivaldría a declarar que los legisladores están por encima de la ley, al no admitir que la Justicia escarbe hasta aclarar las cosas.
Rojas Alcorta es quien prepara la estrategia contra el juez, mientras Mariano Poliche trabaja para mantener la cohesión de la alianza oficialista.
Que no hay unidad total en el campo reformista lo muestra la crisis del Movimiento Independiente. En efecto, su presidente Raúl Lossi fue desautorizado por la mayoría del bloque (Julio Topa, Nancy Albero y Adriana Neske de Gutiérrez), por la descalificación que hizo de Pérez, en sintonía con el mirandismo.
Esos tres legisladores tienen planes propios y no disuelven su identidad en el bando mirandista. "Sólo somos aliados", plantean.
Los que votaron por la negativa están muy cómodos ante el nuevo escenario, porque no tienen problemas en que se abran sus declaraciones juradas y se averigüe sobre la procedencia de sus bienes.
Mientras las peleas de los legisladores oficialistas con Pérez sobresalieron por su espectacularidad, menos resonancia alcanzó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó con vida al pedido de Julio Díaz Lozano para que se declare inconstitucional la sesión donde ganó el sí a la reforma.
La causa pasó finalmente a la sala II del fuero contencioso administrativo. Voces cercanas al oficialismo objetaron el voto mayoritario de la Corte (Héctor Eduardo Area Maidana, René Mario Goane y Alberto José Brito) porque al derivar el problema a un escalón inferior del poder sumergió al proceso reformista en un estado de incertidumbre.
Cualquiere que fuese el fallo de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello, la última palabra la tendrá la Corte. La tensión política subsiste.
