El gobierno de Eduardo Duhalde vive un estado de equilibrio inestable. A la administración federal le tembló el piso el miércoles cuando murieron dos piqueteros en Buenos Aires, el dólar se desbocaba y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pintaban mal.
La suerte de Duhalde preocupa en el Congreso. En la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se aprobó un dictamen de comisión que declara la emergencia institucional. Por esta, se dispone el llamado a elecciones presidenciales en los 30 días siguientes a la hipotética dimisión del sucesor de Fernando de la Rúa. Y, además, deberían renovarse todos los diputados y senadores nacionales. Pablo Walter es uno de los que firmó el dictamen, que parece de dudosa aprobación por el Senado.
El Gobierno local pasó algunos sofocones el mismo miércoles, pero zafó. Las dos cegetés (Regional y Sarmiento), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) llenaron la plaza Independencia, en abierto choque con la política económica de la gestión mirandista. Los cheques diferidos y los bonos están cuestionados como medios de pago ordinarios del medio aguinaldo y de los salarios.
El ministro político, Fernando Juri, desplegó sus mejores dotes de diálogo para arreglar con la CCC, que amenazaba con pernoctar en el principal paseo público de la capital. "El Gobierno está limitado en sus posibilidades y los dirigentes entendieron la situación", explicó.
La atmósfera social, de todos modos, no se despejó. El gremialismo díscolo aún mantiene en cartelera el paro provincial del 8 de julio, pero la Casa de Gobierno persistirá en su tarea de ablande. A esta se la presenta como la conciliación entre las demandas y los recursos disponibles por el Estado.
La administración mirandista trata de pacificar a la provincia acercando posiciones con los sectores contestatarios, pero no desecha el uso de la fuerzas de seguridad para asegurar el derecho a la libre circulación en las rutas y caminos.
Esa es una de las políticas a que recurre el mirandismo para contener los reclamos. La otra receta pasa por el desguace de la coalición opositora y en lograr el reconocimiento del Ministerio de Trabajo para una de las fracciones del mundo gremial.
El matrimonio en acción
El viernes pasado, el subsecretario de Relaciones Laborales de esa cartera, Jorge Rampoldi, legalizó la elección de Enrique Altier, al frente de la CGT. Altier había sido propuesto por Miranda tras un asado que se hizo durante abril pasado en el club de Previsión Social.
En esa ocasión, los jerarcas sindicales habían programado una marcha para el 30 de ese mes en apoyo de la reelección de Miranda, pero el malestar generalizado que causó el intento de apartar a Esteban Jerez de la Fiscalía Anticorrupción la frustró finalmente.
Con el subsecretario Rampoldi, llegó el secretario de Interior de la CGT de Rodolfo Daer, Juan Miguel García.
"Cacho García es empleado de don Luis", ironizan en la rama de la CGT Daer encabezada por Miguel Brito (FEIA). Esta rama, que le negó legitimidad a la fracción de Altier, está enfrentada con Miranda desde hace años. Sus principales dirigentes negaron haber pactado con Miranda los límites de la protesta del miércoles.
Don Luis no es otro que el senador y dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, cuya esposa -la ministra Graciela Camaño- envió a Rampoldi a Tucumán. El matrimonio Barrionuevo, de ese modo, ayudó a Miranda en el campo sindical.
Barrionuevo ha extendido su cooperación al plano político. En los pasillos del Congreso se comenta que el senador está empeñado en persuadir a Olijela Rivas para que acuerde con Miranda.
Tras los hechos del viernes, las fuerzas sindicales afines al peronismo se distribuirán ahora en dos cegetés adictas a Daer y una tercera con Hugo Moyano (Sarmiento).
La vuelta a las fuentes
En medio de la crisis, el Gobierno se refugió en el círculo más estrecho del mirandismo. La mayoría de los legisladores oficialistas trinaba cuando vio que estaba excluida de la mesa que tomó decisiones trascendentes en la noche del lunes. Eso tensó más las relaciones con la Casa de Gobierno.
Casi todos los participantes de esa reunión acompañaron a Miranda en la elección interna de candidatos a gobernador del PJ. Antonio Guerrero, José Alberto Cúneo Vergés, Sisto Terán, Roque Alvarez, Juan Carlos Ramírez, Fernando Juri Debo, Alberto Herrera y Roberto Castro estuvieron en la línea de partida.
El aval a la reforma constitucional y la reafirmación de la identidad peronista del postulante a gobernador, si este no puede ser reelecto, fueron las conclusiones más relevantes. Al atacar al senador José Alperovich, Guerrero no hizo otra cosa que trasuntar el pensamiento ortodoxo del mirandismo, desmentidas al margen. El senador, no obstante, no cejará en su proyecto de avanzar hacia a la gobernación.
Joaquín Ferre está en el medio del fuego cruzado de la mayoría legislativa con Miranda. El restablecimiento de la operatoria FET por ley le ocasionó un revés al Gobierno: 30 a 7. La imposibilidad de poder cumplir con el canje de bonos espanta al ministro de Economía, quien podría renunciar. Sólo los legisladores con parientes en el poder se opusieron a la ley. El final de esta pelea está abierto, aunque resultará difícil olvidar que hubo un apagón en contra del desagio de los bonos. La política local se desenvuelve por esos cauces, mientras una fuerza no tradicional como el Partido Independiente procura ganar un espacio propio.
