El municipio formula cargos contra una edil del PJS

La investigación administrativa en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la camioneta extraviada cerró su etapa preliminar. Y, según concluyeron los instructores, la actual concejala y ex directora de Deportes, Ana González (PJS), deberá responder por el presunto incumplimiento de los deberes a su cargo, en el marco del proceso que busca determinar las irregularidades detectadas en el inventario de bienes de la repartición.

Según consta en el expediente, al cual accedió LA GACETA, el sumario tramitado bajo la supervisión del fiscal municipal Conrado Mosqueira derivó en la formulación de cargos contra González y contra otros dos empleados de esa área, a quienes se les reprocha distintas faltas al Estatuto del Personal Municipal y a la ordenanza de Contabilidad, como las obligaciones de “prestar el servicio con eficiencia, capacidad y diligencia”, y el debido cuidado y protección de los bienes que conforman el patrimonio municipal.

Si bien la ahora edil capitalina aseguró que el avance de este expediente “es un apriete político de la intendenta” Rossana Chahla, y está relacionado a su tarea como opositora en el Concejo Deliberante de la Capital, de todas maneras deberá formular su descargo ante la Subdirección de Control de Sumarios para refutar las imputaciones en su contra.

Irregularidades

El proceso administrativo apunta a constatar “las irregularidades detectadas por el departamento Patrimonial en relación a los inventarios de los bienes de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 de la Dirección de Deportes y Recreación de este Municipio”.

Entre otras anomalías, se cuestionó la falta de presentación de dichos informes “por soporte magnético o por e-mail institucional, como exige la normativa”. Además, se busca determinar qué sucedió con la camioneta Chevrolet LUV (dominio BVT-224), perteneciente a la planta de bienes de la Capital, cuyo paradero se desconoce.

González, que es agente municipal y asumió al frente de esa repartición en 2016, fue citada a declarar en dos ocasiones en el marco de este expediente. La concejala electa por el alfarismo en 2023 presentó sendos escritos -la última vez, el 15 de abril- para efectuar su descargo. Además de objetar la legitimidad del proceso, la ex funcionaria insistió con que este trámite está ligado a su rol como opositora. Sin embargo, los instructores avanzaron con el expediente, y de hecho marcaron aparentes discrepancias entre las distintas testimoniales.

En un primer momento, González “informa que, al momento de hacerse cargo de sus funciones, el vehículo no se encontraba físicamente en la repartición, desconociendo su existencia y destino”, advirtieron los sumariantes. En la presentación posterior, en tanto, “cambia su versión de los hechos”, agregaron. “(La ex funcionaria) manifiesta que, cuando asumió como directora en 2016, la camioneta no se encontraba físicamente en la repartición, por lo que ella dio la orden de traerla; y que cuando vio el estado en que se encontraba, procedió a darle de baja”, señalaron los instructores. Remarcaron además que esto “resulta contradictorio con el informe precedente”, ya que “el trámite de baja mencionado por la repartición está incompleto”.

Desprolijidades

Tras analizar las actuaciones, el equipo a cargo del fiscal municipal Mosqueira decidió avanzar a una siguiente etapa con el proceso administrativo. “Hasta su último informe técnico, el Departamento Patrimonial ha sostenido y descripto repetidamente las desprolijidades e irregularidades que fueron detectadas en la Dirección de Deportes”, indicaron en la resolución. Y aseveraron que “las respuestas, argumentos, descargos y documentales que ha presentado la repartición en numerosas fojas a lo largo del expediente, no han sido justificativos suficientes de sus incumplimientos, no habiendo subsanado las observaciones oportunamente efectuadas”. “A dicha conclusión arriba también esta Instrucción, por lo que se considera acreditado que los agentes sumariados han incumplido con las obligaciones funcionales inherentes a su cargo”, enfatizaron.

Si bien el cierre del caso depende de las próximas instancias -entre ellas, el descargo y la presentación de pruebas por parte de los agentes cuestionados-, el régimen disciplinario incluido en el estatuto del personal municipal contempla distintas sanciones, desde el apercibimiento hasta exoneración.

Tras conocerse el caso de la camioneta extraviada, a principios de abril, González afirmó a LA GACETA que el trámite en su contra “es la consecuencia de mi voto negativo contra la ordenanza de Presupuesto” y “de los reclamos que venimos haciendo por las irregularidades y falta de transparencia en la gestión de Chahla”. Incluso, la concejala sostuvo que la gestión actual, con esta medida, “puso en evidencia la fragilidad que tiene ante la denuncia de la oposición”. “Responde con falsas denuncias con el fin de amedrentarnos. Es también el camino que eligió la intendenta para sembrar el temor entre todos los que podrían decir que no a su apetencia de poder desmedido”, aseguró González en aquella oportunidad.