BUENOS AIRES.- Con la velocidad de un rayo, el recuerdo del caso Cabezas y de la "maldita policía" se instaló en la mente del presidente Eduardo Duhalde.
Un mes atrás, el jefe de Estado y sus principales colaboradores deseaban un fin de junio envuelto en festejos por una eventual clasificación de la Argentina para las instancias definitivas del campeonato mundial Corea-Japón 2002. Pero eso no ocurrió. Todo lo contrario. Duhalde vive quizás el momento más difícil desde que llegó al gobierno en enero último.
La violencia, derivada de la grave crisis social, económica y política que vive la Argentina, volvió a dejar muertos en la calle y la Policía Bonaerense, esa que nace en territorio duhaldista, copó trágicamente el escenario.
Por esas horas, Duhalde no podía apartar su atención de Washington, donde el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se debatía por lograr algo de oxígeno del FMI para mantener encendida la llama de un próximo acuerdo. Esa falta de definición en el campo económico, como así también la inexistencia de un plan de desarrollo de la Nación, mantiene alterado a todo el Gobierno.
Es cierto que la mayoría de los argentinos rechaza poner de manifiesto su descontento con formas violentas, tal como lo plantean importantes sectores de los piqueteros. Por eso rechaza a los encapuchados que marchan con palos, piedras y bombas incendiarias caseras. Después de todo, el pasado es trágicamente rico en hechos de esas características que bañaron de sangre a la Argentina.
Esa mayoría rechaza la violencia -de izquierda y de derecha- con la misma contundencia que reclama soluciones para sus dramas, que van mucho más allá del corralito bancario. Hay millones de argentinos que pasan hambre y miseria en todo el territorio.
Los mismos problemas
Pero también es cierto que el gobierno de Duhalde, al igual que le ocurrió al de Fernando de la Rúa, no se ha mostrado capaz de mantener bajo control los focos de estallidos sociales.Las deficiencias de las fuerzas de seguridad y los de los servicios de Inteligencia se tocaron en un punto con un resultado trágico. Dos muertos en Avellaneda durante una protesta piquetera y la responsabilidad que recae sobre efectivos de la Policía Bonaerense.
Habrá que ver si los "excesos" de la Bonaerense respondieron a deficiencias en la conducción, a la interna de esa fuerza o a señales desde el poder político para avanzar con la "mano dura". Hoy, el nombre del comisario inspector Alfredo Franchiotti, responsable del operativo policial en esa zona del Gran Buenos Aires, está en la primera plana. En el pasado fue otro comisario, pero los errores fueron los mismos. Ante esa situación, el gobernador Felipe Solá descabezó a la cúpula policial y producirá cambios en la estructura política que controla la seguridad en la provincia. El Gobierno nacional, con la cara del ministro del Interior, Jorge Matzkin, optó por denunciar un complot para derrocar al Gobierno y un plan organizado de violencia armada. Inclusive, algunos funcionarios llegaron a deslizar a los periodistas que las muertes fueron provocadas por un enfrentamiento entre piqueteros. Pero todo cambió cuando se conocieron las fotografías y las filmaciones de lo ocurrido en la estación de Avellaneda, donde murieron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Se pudo ver con vida a Santillán junto a Franchiotti y a otros miembros de la Bonaerense. Luego el piquetero apareció herido y finalmente muerto, tras ser arrastrado por esos policías.
Por eso el discurso cambió radicalmente y Duhalde habló de una "feroz cacería" contra piqueteros. En la Rosada y en las oficinas de Inteligencia se sabía de un incremento de las protestas y de la violencia piqueteras. Pero se fracasó en la prevención.
Los sospechosos
Desde el duhaldismo se apuntó a diversos sectores por lo ocurrido: Carlos Menem y un supuesto beneficio por el incremento del caos en la Argentina; los piqueteros; los partidos de izquierda; el aliento de empresarios, de banqueros y de algunos periodistas a la mano dura de la Policía; y hasta el accionar de algunos militares.
Lo cierto es que lo ocurrido implica una vez más a la Policía de la provincia, despierta nuevos roces entre la gobernación de Felipe Solá y la Casa Rosada y pone de manifiesto los graves problemas que existen a la hora de atender los conflictos sociales.
Así planteadas las cosas, el futuro sigue siendo muy preocupante. No hay datos que permitan ver con optimismo una supuesta recuperación de la economía, por lo menos mientras siga dilatándose el necesario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Aislamiento
Duhalde pudo comprobar una vez más que su gobierno está aislado, no sólo en el exterior sino en la propia Argentina. Nadie quiere compartir riesgos ni responsabilidades.
Los gobernadores y los legisladores peronistas tomaron rápida distancia de lo ocurrido como para no ser salpicados por el costo político que pagará Duhalde, a quien los tiempos se le acortan. Todos quieren que el Presidente pague los costos y haga el trabajo "sucio" de tener que pactar con el Fondo, para luego intentar quedar dentro de la renovación política que reclama la sociedad, mediante un proceso electoral.
Pero no entienden, aún, que todos forman parte del mismo barco. Quizás cuando lo comprendan sea demasiado tarde. (DyN)
