Amenazas de bomba: imputan por siete casos más al intimidador de Casa de Gobierno

Gabriel Ernesto Valdez (24 años), quien había sido acusado en octubre como autor de una serie de amenazas de bomba  en Casa de Gobierno, Tribunales, la Legislatura y otros establecimientos públicos y privados, fue imputado ayer por otras siete intimidaciones públicas, por lo que ahora acumula 16 casos en su contra. El joven había sido sometido a prisión preventiva por el plazo de 99 días y el viernes prorrogaron su arresto por dos meses más.

El 6 de octubre, Valdez fue acusado de ser autor de nueve amenazas de bomba, realizadas entre el 15 y el 29 de septiembre, en las que se vieron afectadas una concesionaria de autos, ubicada en avenida Benjamín Aráoz al 1.200; la escuela Obispo Molina, un supermercado de la Benjamín Aráoz al 1.100, el edificio de Tribunales Penales de avenida Sarmiento, la Casa de Gobierno, el Palacio de los Deportes y la Legislatura.

Al continuar con la investigación, la Fiscalía de Cibercriminalidad, dirigida por Carlos Saltor, descubrió que el joven habría realizado al menos siete falsas alarmas más, en lugares reiterados.

La auxiliar fiscal Jessie Luz García, informó que, además de las falsas alarmas ya mencionadas, Valdez el 14 de septiembre, el 2 y 3 de octubre de 2023 realizó otras siete amenazas de bomba: el 14 de septiembre amedrentó a la estación de servicio ubicada en Benjamín Aráoz al 1.100. El 2 de octubre,  a las 13.03, llamó al 911 para informar que el Palacio de Tribunales del pasaje Vélez Sarsfield 450 se encontraba bajo amenaza de bomba. A las 17.32 y 17.34 volvió a llamar al 911 para advertir que en una concesionaria de Benjamín Aráoz al 1.200 había un artefacto explosivo. El 3 de octubre llamó a las 18.06 para denunciar otra amenaza en la misma concesionaria. Por último llamó al 911 a las 18.12 y a las 18.14 diciendo que había una bomba en la estación de servicio de la Benjamín Aráoz al 1.100.

Según sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal, Valdez realizó estas amedrentaciones “motivado por conflictos familiares que derivaron en más de una treintena de denuncias penales cruzadas con su ex pareja (de apellido González). Fue con el claro propósito de perjudicar a la familia González y de entorpecer la investigación de los hechos que el acusado adquirió numerosas líneas telefónicas prepagas registrándolas a titularidad de Luis Alberto González, padre de su ex pareja, actuando algunas veces en forma anónima y otras a nombre del hombre que llamó al 911 informando la existencia de artefactos explosivos en las entidades”.

Para sostener dicha teoría, García explicó que, según los informes de Telecom, las tres líneas con las que se realizaron las amenazas habían sido dadas de alta el 14, 15 y 22 de septiembre de 2023 a nombre de Luis Alberto González. Además, la empresa prestataria, informó que en los dos celulares utilizados para hacer las llamadas impactaron 18 líneas telefónicas desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2023. De todas ellas, 12 líneas fueron denunciadas por la ex pareja de Valdez por llamadas de hostigamiento.

Otros elementos que reforzaron esta línea investigativa fueron oficios librados desde el juzgado de Familia y Sucesiones informando que  había tres expedientes en trámite que tienen a Valdez como imputado. Sumado a esto, desde la Fiscalía de Género advirtieron que hay alrededor de 38 legajos abiertos sobre denuncias cruzadas entre Valdez y la hija de González, donde el padre de la mujer aparece mencionado como testigo.

Debido a las nuevas acusaciones, la auxiliar fiscal solicitó que la prisión preventiva a la que había sido sometido Valdez el pasado 6 de octubre, se extendiera por dos meses más para poder realizar las pericias restantes, entre las cuales mencionó un cotejo de voz entre el imputado y la voz de las llamadas telefónicas grabadas por el 911.

La defensora, Clara Suárez Amado pidió una morigeración en la medida al proponer que cumpla la preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario con la colocación de un dispositivo electrónico de rastreo. También solicitó que su pupilo reciba asistencia psiquiátrica en el hospital Obarrio.

Finalmente, el juez Guillermo Di Lella resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y extender la preventiva por 60 días. También dispuso que Valdez fuera trasladado hacia el hospital Obarrio o a cualquier instituto de salud mental para control y para evaluar si necesita iniciar un tratamiento. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)