Por Bárbara Nieva
09 Enero 2024
“Están llevando las empresas del país a la quiebra”. La declaración proviene de Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), que asegura que el sector sufre una crisis gravísima. Las demoras en el envío de fondos nacionales hacia las provincias genera que se paralice la obra pública en diferentes jurisdicciones y, en particular, en Tucumán.
Los problemas surgieron desde antes de la asunción del actual Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. “Ya había en los últimos meses del gobierno anterior (del ex presidente Alberto Fernández) una falta de fluidez en el envío de fondos por parte de Buenos Aires, y ahora eso se transformó en parálisis total”, dijo Garber a LA GACETA.
La neutralización de obras que ya se empezó a ver en la Provincia, como es el caso de la autopista Tucumán-Termas, es algo que se replicará en el resto de los trabajos de construcción en el corto plazo. Esto se debe a que la Nación no estaría pagando a las empresas los certificados de construcción, lo que imposibilita la ejecución de las tareas.
“No cobramos desde octubre”, subrayó el titular de la Cámara. Y agregó: “Si no tenemos una respuesta este mes, la neutralización de las obras se dará en todas los trabajos de la Provincia”.
Además, Garber mencionó el plan Procrear del Gobierno nacional, que otorga créditos para la construcción de viviendas, y comentó que “se lo pagaron a dos empresas y a nadie más”.
En este sentido, cruzó a Milei por sus dichos a favor de la obra público-privada y estableció: “Menciono el Procrear porque es una obra de característica público-privada porque interviene un banco, el hipotecario. Ya que él promueve esta alternativa, deberíamos cobrar normalmente. Aún así, no hay autorización para procesar los pagos”.
Menos puestos
Las obras en ejecución actualmente en Tucumán son alrededor de 100. Esto significa que todas ellas -o la gran mayoría- quedarían neutralizadas. “Esto va a generar la consecuente disminución de unos 10.000 puestos de trabajo en toda la Provincia, de manera directa e indirecta. La construcción tiene un efecto multiplicador en muchas actividades relacionadas. No solamente los obreros no van a cobrar, sino tampoco el que vende ladrillos, materiales y demás”, profundizó Garber.
En este contexto, la CTC en unión con la Federación de Constructores del NOA, solicitó una reunión con Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura de la Nación, pero hasta el momento no recibieron respuesta.
El conflicto -determinó Garber- es aún más grave y, además de la neutralización de las obras y de la pérdida de empleo, generará “un cúmulo de juicios afectados por el incumplimiento de los contratos”. “Si no nos pagan, es imposible para las empresas seguir adelante”, planteó.
Esto va en línea con los dichos del titular de la Cámara a nivel nacional, Gustavo Weiss, sobre que la oficina llevará al Gobierno a la Justicia si no se cumplen los contratos. El presidente del órgano dijo que se verá caso por caso, dentro de las 3.000 obras públicas que se encuentran licitadas y en ejecución.
Por su parte, el jefe del sector en Tucumán recordó que se vivió una situación similar durante la presidencia de Mauricio Macri. “Nos tuvieron seis u ocho meses esperando auditorías, revisiones de obra y no sé cuántas cosas más sin pagar a las empresas. Fue horrible”, contó.
Para sumar un punto más a las complicaciones que están viviendo los trabajadores de la obra pública, mencionó el decreto 490/23. “Es el último que dejó firmado (el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel) Katopodis con Fernández, para la actualización de los valores de los certificados de obra. Todavía no está implementado y tampoco lo están pagando”, protestó.
GARBER. “Se pueden afectar 10.000 puestos de trabajo”, manifestó. la gacea / Foto de José Nuno
En tanto, Garber mencionó que la obra privada tampoco está exenta de los inconvenientes a partir de las medidas del Gobierno nacional. “Ahí hay otro problema, que es la incertidumbre en un contexto económico-financiero de gran inflación. No hay un contexto favorable para que el inversor salga a poner plata en obras y tampoco hay crédito hipotecario”, resaltó; y aseguró que los contratos privados “están en los mínimos históricos”.
Así las cosas, el sector de la construcción aguarda novedades de las autoridades nacionales o provinciales para tener al menos un esbozo de lo que va a suceder con las obras en ejecución en Tucumán. Sin embargo, Garber remarcó que la solución se espera en mayor medida de parte de la Nación, ya que el Gobierno provincial “no está en condiciones de afrontar ese gasto, porque se trata de volúmenes muy grandes”. “Casi toda la obra pública de Tucumán depende de los recursos nacionales”, advirtió.
La neutralización de la obra pública no es una problemática que le llega únicamente a Tucumán, sino que acompleja a cada vez más provincias. Según el Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos de producción para la construcción, se registró un fuerte descenso del 14,8% desestacionalizado mensual.
Además, se ubicó 17,4% por debajo de diciembre de 2022. De esta forma, el acumulado de enero a diciembre cerró 7,9% por debajo del mismo período del año anterior.
Esto significa que la venta de materiales para la construcción continúa en descenso, producto de la incertidumbre asociada al cambio de Gobierno. Es así que la caída en los negocios preanuncia una parálisis cuya duración es difícil de proyectar, según los principales referentes del sector.
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