El desorden del sistema laboral

El secretario de la CGT legal ha solicitado a todos los precandidatos presidenciales que concurran a la central obrera para exponer sus programas. A la vez, ha expresado algo inédito en la historia de la organización, al manifestar que no está necesariamente vinculada al peronismo, "porque se acabaron los tiempos del liderazgo de Juan Perón". Ese final anunciado de las supeditaciones partidarias es una buena noticia, sobre todo tratándose de la central laboral que ejerce el monopolio representativo sindical, de acuerdo con el estatuto inconstitucional que lo asigna a la organización más numerosa y es desmentido en los hechos por un pluralismo manifiesto.
Los luctuosos episodios recientes, donde la política y el sindicalismo se han mezclado comprometiendo la paz pública, demostraron nuevamente que aquel desconocimiento legal de la realidad está contribuyendo al peligroso desorden de las relaciones entre el Estado, el capital y el trabajo, aprovechado por minorías dudosamente democráticas.
Perjudicados máximos de esa situación son los intereses específicos de los trabajadores, imposibilitados de conciliarse por causa de las interferencias que provoca el privilegio político de la personería gremial excluyente. De hecho -e inclusive aceptadas informalmente por la autoridad laboral- existen tres centrales obreras, pero tan sólo una es beneficiada por el reconocimiento legal, lo cual la privilegia en la relación con el poder político que, a cambio de ese beneficio, mantiene en mayor o menor medida, de acuerdo con la coyuntura política, una relación adecuada a las necesidades de aquel. Consecuencias no queridas de tal circunstancia es el endurecimiento de las restantes organizaciones y la creciente politización de sus acciones en desmedro de las necesidades genuinas de los trabajadores y los sindicatos de base agrupados en las mismas. Es por ello que mientras la CGT legal trata de negociar actualmente con el Gobierno y los empleadores un aumento salarial de emergencia, las demás presionan con fines diferentes y en una competencia donde proliferan exigencias materialmente imposibles de satisfacer en las actuales circunstancias económicas.
Consecuentemente, el diálogo entre las organizaciones gremiales se ha tornado muy difícil, mientras el desarrollo de los acontecimientos que dificultan la transición institucional está exigiendo un elevado grado de negociación y consenso de todos los sectores. Es de esperar que esa manifestación del secretario general de la CGT legal se corrobore en los hechos y no sea una estratégica toma de distancia partidaria temporal obligada por la compleja interna del Partido Justicialista, de la que históricamente dicha central fue el "brazo sindical".
También sería un paso muy positivo que desde el Gobierno nacional se avanzara hacia un compromiso por la libertad sindical que establecen la Constitución Nacional -artículo 14 bis-, los pactos internacionales sobre derechos humanos y que reiteradamente demanda la Organización Internacional del Trabajo.
Después de numerosas décadas de ese régimen gremial corporativo y extraño a la sociedad democrática, no es razonable en una instancia tan delicada de la política nacional como la actual, encarar un proceso reformador, pero sería muy saludable para los intereses laborales, la asunción de un compromiso entre las autoridades de aplicación y las organizaciones sindicales para recuperar la libertad de asociación en democrática igualdad constitucional.