El Congreso, modelo a desarmar

Cada vez que se ha mencionado la necesidad de reformar el Estado para reducir el gasto público y llegar a una realidad fiscal razonable, desde los gobiernos de turno y los sectores políticos comprometidos con ello, se advirtió y se repite invariablemente que la operación no alcanzará para reducir los planteles burocráticos. Pero en esa posición principista e inclusive aceptable en medio de una crisis como la actual, y tantas otras consecuentes con administraciones reprobadas, suelen ocultarse las viejas corruptelas del empleo político, que entre nosotros ha llegado a alcanzar dimensiones excepcionales.
Por citar algunos testimonios muy notorios en el orden nacional -ejemplos infortunados para el provincial-, los de la ANSES y el PAMI acaso sean los más elocuentes, tanto por la dimensión como por sus resistencias al tiempo. Pero ninguno de los dos tiene el significado nocivo desde el punto de vista institucional y político que se advierte en el Congreso, cuyo destape público se ha producido en los últimos tiempos.
El dato más grueso que expone esa realidad en el Palacio de las Leyes es el plantel de algo más de 400 jefes que no tienen empleados a cargo, y que fueron designados en sucesivas etapas legislativas por diferentes senadores y diputados, con sueldos que van de 2.700 a 3.500 pesos. Por lo demás, la ley los protege y no pueden ser despedidos por tal causa. En vísperas de una nueva convención laboral, la Asociación del Personal Legislativo resolvió asumir el problema y plantear la rebaja de esas remuneraciones, que sólo deben percibir los funcionarios ingresados por concurso. La decisión puede ser un primer paso para alejarlos del Congreso, así como la declaración de incompatibilidad por el desempeño de otro empleo público. Debe señalarse que son numerosos los casos concernientes a nombramientos en la desaparecida Comisión de Acción Legislativa que funcionó durante la última dictadura militar y que aún subsisten.
Esa densidad poblacional parlamentaria, donde confluyen las plantas permanente y transitoria de personal, llega a ser físicamente tolerable, si se tiene en cuenta que una parte considerable de la segunda no concurre, pues carece de horario y de lugar donde ubicarse y tiene tareas -a veces inciertas- que no la obligan a hacerlo. Como puede apreciarse, el tema burocrático no se reduce al desempleo que razonablemente pueda preocupar a quienes se propongan reformar el Estado. Coincidentemente, un estudio de la consultora Nueva Mayoría ha trazado la historia sobre la evolución del empleo legislativo desde la presidencia de Bartolomé Mitre, cuando para un total de 78 legisladores había 25 empleados, es decir, 0,3 por legislador.
Esta proporción creció o disminuyó, hasta que, con la restauración democrática de 1983, desbordó toda prudencia, alcanzando el máximo de 35,6 empleos por legislador para bajar a 26,1, último dato disponible. Hasta aquí los datos referenciales de una realidad que expresa con elocuencia el nivel de degradación del costo y la calidad de la política, agravado por el hecho de que sea el Congreso, sede del control del gasto público y la gestión republicana, un colaborador poco menos que insensible en la pesada carga que agobia a nuestra sociedad.