Excesos en las protestas

Ningún tucumano -y ningún argentino- deja de sufrir en la actualidad los efectos de esa crisis que desde hace ya tantos meses aparece instalada en la vida nacional. Los problemas derivados de la desocupación, del cierre de empresas y de industrias, de la escasez de moneda nacional, del alza en el costo de la vida, de los sueldos atrasados, etcétera, para citar solamente algunas cuestiones, nos alcanzan a todos.
Nadie puede vivir sin hondas preocupaciones e incertidumbres, en la provincia y en el país de nuestros días. Pero también es cierto que estos reclamos son motivados porque los manifestantes no son escuchados por los gobernantes, quienes tienen la obligación de brindar soluciones o, por lo menos, dar la cara.
Frente a tan inquietante realidad, puede comprenderse que muchos opten por expresar su reclamo y dar salida a su malestar a través de las protestas públicas, en forma de marchas y de manifestaciones. Nadie podría discurrir el derecho que tienen de hacerlo. Es un camino apto, sin duda, para subrayar la urgencia que sus requerimientos tienen y la necesidad de que, en alguna medida, aparezcan las soluciones. Pero, como lo hemos dicho muchas veces, no puede admitirse el temperamento de llevar dichas protestas a un extremo que cause perjuicios concretos a la vida de todos. En estos últimos días, tales perjuicios se están suscitando. No puede llamarse de otro modo el hecho de que se produzcan cortes de ruta en varios puntos de la provincia, impidiendo a las personas cumplir con sus diversas obligaciones cotidianas: entre otras, las de llevar sus hijos a la escuela, o concurrir a sus lugares de trabajo. Ello al mismo tiempo que, en la ciudad capital, se produce un verdadero caos en la circulación por la presencia de protestatarios en las calles, con su secuela de quemas de cubiertas y otras expresiones.
Es evidente que, si todo eso se convierte en habitual, se torna más que difícil la convivencia. Como es evidente también que las actitudes de referencia no obtienen ningún provecho concreto a cambio del dañoso trastorno que causan. Ello porque las demandas, en su mayoría, no pueden ser solucionadas dada la crítica situación que presenta actualmente la economía general del país. La perturbación, entonces, va llevando a las autoridades a un atolladero, dado que no pueden permitir la alteración del orden público, ni la cancelación arbitraria, por la mera voluntad de grupos de personas, de explícitos derechos constitucionales como es, por ejemplo, el de la libre circulación. Los manifestantes van creando situaciones de violencia, que en un momento dado deben ser forzosamente reprimidas. Se suceden entonces enfrentamientos que tienen deplorables consecuencias, como las de dos muertos y una gran cantidad de heridos que fueron el saldo de los choques de ayer, en Buenos Aires.
Nuestro país y nuestra provincia ya tienen una larga experiencia en este sentido. Experiencia que nos dice que las peticiones planteadas agresivamente y afectando derechos de terceros, en algún momento son reprimidas por la autoridad, que no puede obviamente permanecer pasiva frente a cuadros de esa naturaleza.
Como se lo sabe desde siempre, la violencia no tiene otro resultado que el harto deplorable de acarrear más de lo mismo. Pensamos que debiera tenerse en cuenta todo eso, en una adecuada reflexión por parte de los manifestantes, y cuidar que la expresión pública de sus agravios no adquiera las características que hagan inevitable la intervención del poder público.
La actualidad del país y de la provincia es, como nadie puede discutirlo, deprimente y dura para todos. Pero no debemos agregar, a esas cualidades, todo lo negativo que encierra la protesta violenta, que avanza injustamente sobre los derechos de los terceros y perturba, con sus actitudes, la ya suficientemente problemática vida cotidiana. No es por ese camino que habremos de encontrar soluciones, sino todo lo contrario.