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ampliar | UNIDOS POR EL DERECHO CONSTITUCIONAL. El juez de España vino acompañado por Benito Carlos Garzón, su anfitrión académico en Tucumán. LA GACETA / ANTONIO FERRONI

Durante su estadía de diez días en Tucumán, principalmente afectada al reencuentro con la familia argentina, no podía faltarle una aproximación académica. Y el español Luis Vacas García-Alós está convencido de la importancia de esta irrupción de lo jurídico dentro de sus vacaciones. Magistrado en lo contencioso-administrativo y miembro del Consejo General del Poder Judicial de España (órgano que en Argentina equivale al Consejo de la Magistratura de la Nación), Vacas García-Alós accedió a la invitación de la Cátedra B de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La conferencia, prevista para mañana a las 19, lleva un nombre más que sugestivo: “Etica judicial, corrupción y derecho a la información”. A modo de anticipo, el juez español señaló que así como la ética puede ayudar a distinguir entre el buen y el mal magistrado, también es una herramienta para establecer la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la gestión de los intereses públicos. Vacas García-Alós explicó que lo que es contrario a la ética está próximo al fenómeno de la corrupción.
El magistrado señaló que los españoles han expresado su preocupación por este tema mediante la creación de varios mecanismos. Entre ellos, introdujeron nuevos tipos penales en el Código Penal, como el delito de uso de información privilegiada -o tráfico de influencias- y los relacionados con el urbanismo. “Esto es, lo relativo a la construcción, la ordenación de la edificación y la contratación de las obras. La gestión urbanística es el ámbito donde hubo más casos de corrupción”, especificó.

El efecto de la resolución
“La actuación privada del juez está protegida por el derecho a la intimidad prevista en la Constitución de España de 1978. No tiene por qué tener una proyección pública, salvo que esa vida privada del juez pueda repercutir directamente en el ejercicio de su función”, definió sin titubear. El magistrado añadió que esta conceptualización es relativamente reciente en España, país en el que hasta 1985 regió la Ley Provisional de Justicia que no establecía diferencias entre la vida pública y la vida privada del juez.
Vacas García-Alós mencionó que en el contexto de la ética judicial está presente la relación entre los medios de comunicación y los jueces. Al respecto, afirmó: “hay que entender que cualquier resolución de un magistrado tiene una clara repercusión en el ámbito público”. Además, aconsejó un diálogo frecuente entre magistrados y medios de comunicación. En ese orden de ideas, expresó que, en el tratamiento de la información judicial, la prensa debe observar los principios de objetividad y transparencia. “Pero lo más importante es la posibilidad de comunicar la decisión de la Justicia a toda la sociedad en su conjunto”, aseveró. Partidario de un derecho amplio a la información, el jurista expresó que inclusive hay que respetar la libertad de los ciudadanos a criticar las decisiones judiciales. Consultado sobre cuál es el modelo de juez vigente en España, Vacas García-Alós recordó nuevamente a la Constitución de 1978. Citó: “esta expresa que los jueces deben ser independientes, inamovibles, responsables y seleccionados con arreglo a dos principios fundamentales: mérito y capacidad”.