La trama que se teje detrás del caso que terminó con el Concejo de Yerba Buena en la Justicia

Un tribunal hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por el candidato Rodolfo Aranda.

12 Sep 2017
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CONCEJO DELIBERANTE DE YERBA BUENA. Un grupo de taxistas, frente al edificio del cuerpo deliberativo, durante una sesión del año pasado. LA GACETA / FOTO DE SILVIA GRANARA

Unos seis meses se tomó la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Tucumán para expedir su fallo: hoy se conoció la resolución de los jueces Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Horacio Castellanos, a través de la cual decidieron hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el candidato Rodolfo Aranda, y le ordenaron al Concejo Deliberante de Yerba Buena que cese en su "omisión arbitraria e injustificada" y que en el plazo de 10 días hábiles verifique si el denunciante reúne las condiciones requeridas para ser concejal.

Desde marzo pasado, en esa cámara se tramitaba un recurso interpuesto por Aranda, quien acusa al órgano legislativo de negarse a incorporarlo, luego de que el otrora edil Lisandro Argiró solicitara una licencia para asumir como secretario de Gobierno del intendente de esa ciudad, el radical Mariano Campero. El último día de agosto, Castellanos había sido designado, vía sorteo, para que se pronunciara al respecto, luego de sus pares fallaran en disidencia.

Así las cosas, a la sentencia definitiva se llegó tras la conformación de un tribunal. Ahora, resta ver cómo proceden los concejales. El peronista Héctor "Pilón" Aguirre ya había anticipado a este diario -en la víspera del fallo- que si la Justicia se pronunciaba como se ha pronunciado, en vez de concretar la asunción de Aranda iban a analizar la posibilidad de revocarle la licencia a Argiró. "Que primero renuncie a su banca", había dicho el concejal, tras haber acusado a su par de haber incurrido en una candidatura testimonial.

De ser así, es probable que la discusión ingrese, nuevamente, a los estrados judiciales. Como fuere, este conflicto no puede leerse por fuera de la interna radical. Porque lo que se cuece es -lisa y llanamente- una pelea política. Y es en la ciudad piedemontana donde la interna del Unión Cívica Radical ha quedado explícita (como también sucede en la capital o en Concepción).

Puede que el lector se pregunte también si no hay cierta impericia de Campero para resolver los problemas de la política. Un funcionario suyo refutaba esa idea, hace unos días, con la siguiente declaración: "él tiene y ha tenido la voluntad de resolver esto. Pero no a cualquier costo. Nosotros hacemos política de una forma diferente". Desde la vereda de enfrente, un concejal opositor decía: "desde el comienzo, Mariano nos tendría que haber invitado a trabajar en conjunto. Hoy, tendría dos soldados", en referencia a él y a su compañero de bloque.


RODOLFO ARANDA. El candidato que no puede asumir su banca. 

Después de haber dejado en claro esa interna, uno puede abstraerse y hacer una generalización mayor. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál es el rol de los concejos deliberantes. Es decir, ¿les compete sólo una tarea legislativa o también social? Porque lo que se discute aquí, además, es el manejo de ese poder. Y, en consecuencia, de dinero para gastos asistenciales. Si se completan las bancas, los opositores perderán la mayoría simple con la que cuentan desde fines del año pasado.

Tampoco puede pasarse por alto la relación entre los Ejecutivos municipales y la Provincia, donde se observan conflictos con las intendencias de otras líneas políticas. Hace unos meses, Campero le mandó una nota al ministro de Economía de la Provincia, Eduardo Garvich, en la que le preguntaba cuál es el criterio del gobierno de Juan Manzur para distribuir fondos. Y le hacía esa pregunta porque, según los cálculos suyos, Yerba Buena había recibido en febrero $ 287 por habitante, mientras que Alderetes recibió unos $ 300; Famaillá, unos $ 490, y La Banda, $ 508.

El reclamo del intendente se produjo en momentos en que los referentes de Cambiemos acusaban al vicegobernador Osvaldo Jaldo de ser quien azuzaba las peleas entre los políticos yerbabuenenses, a través de su relación con el legislador Ariel García, líder del sector díscolo del radicalismo y hermano del edil yerbabuenense Maximiliano García.

Pero aunque el problema de la banca vacía sea un problema de los políticos (y que los políticos no han podido resolver) ha afectado a los ciudadanos, pues estos han visto cómo sus concejales -esos mismos que se prepararon con un coach para gobernar- acabaron protagonizando innumerables sesiones sin quórum o escandalosas.

Los espacios de representación tienen que estar ocupados; no en el aire.Ni Campero puede gobernar pese al Concejo; ni los concejales opositores pueden pretender funcionar como una municipalidad paralela.

Sin embargo, eso parece ocurrir en la ciudad piedemontana desde hace 10 meses corridos, desde que el Concejo funciona con nueve votos. ¿Qué ha pasado -por ejemplo- con la revisión del Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena?¿Por qué no han avanzado, en conjunto, el Ejecutivo y el Legislativo municipales con la actualización de esa ordenanza? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto municipal (se encuentra vencido)? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo para resolver qué harán con las torres de Alperovich Group? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el tránsito?

La intervención de la Justicia sólo será sana si logra encauzar el proceso. Si devuelve la pelota al ámbito de la política, para que sean sus protagonistas quienes continúen el juego. Pero, esta vez, con reglas claras.


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