Campero frena una investigación contra Aranda

Él piensa que no lo quieren dejar asumir. Que la comisión investigadora es una maniobra, una falacia. Por ello, Mariano Campero -el intendente de Yerba Buena- decidió vetar el proyecto de ordenanza del Concejo Deliberante de esa ciudad, para crear una comisión que investigue a Rodolfo Aranda, hombre de su sector que desde hace meses pretende tomar la banca que le correspondería luego de que el concejal titular, Lisandro Argiró, pidiera licencia.

En el decreto del veto, expedido el miércoles, se expresan dos argumentos principales, esgrimidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio. En primer lugar, sostienen que, si crea esa comisión especial, el Concejo incurriría en una extralimitación de sus competencias.

Los motivos

De acuerdo a la interpretación de los juristas de Campero, le corresponde a la intendencia investigar y aplicar una eventual sanción a un funcionario suyo. Cabe aclarar que Aranda estuvo al frente de las oficinas de Saneamiento Ambiental y de Gobierno Abierto hasta los primeros días de octubre del año pasado, cuando renunció con la intención de jurar en el Concejo.

Justamente, debido que hoy no es un funcionario público, tampoco debería ser investigado por los ediles. Al menos eso consideran los abogados del municipio, cuando transcriben el artículo 18 de la Constitución Nacional: “ningún habitante de la Nación (...) puede ser juzgado por comisiones especiales (...)”.

El segundo razonamiento apunta a la constitución de esa comisión especial, pues mencionan ciertas irregularidades -a su entender-. Consideran, por ejemplo, que el proyecto debería tener dictamen de comisión (lo que no ha sucedido en este caso, apuntan), o que las comisiones tendrían que estar representadas con el mayor número de sectores que integran el cuerpo legislativo (el grupo en cuestión está compuesto por tres de los siete bloques del Concejo).

Tras el veto, ahora es de esperar la contestación de los concejales, quienes tienen la facultad de insistir. Desde esa vereda, el peronista Héctor Aguirre responde que hay que “bajar la espuma”, que tiene buen diálogo con el intendente y que está dispuesto a ceder.

- ¿Cómo se siente ante esta disputa política?

- Creo que, a estas alturas, hemos entrado a un terreno que no nos conviene. A ninguno de los involucrados le sirve esto. Pero pienso que, como concejales, tenemos el deber de analizar las conductas de nuestros miembros. Somos jueces, para que quienes asuman sean transparentes.

- ¿Cree que Campero es responsable de esta situación, al haberse llevado a Argiró a su gabinete?

- No. Él no tiene la culpa. En ese momento, en el Concejo había armonía. Nadie imaginaba que esto iba a ocurrir. Al contrario, le concedimos su licencia a Argiró porque supusimos que si un concejal ingresaba al Ejecutivo mejoraría el diálogo entre ambos poderes. Pero cuando él se fue, empezaron a suceder cosas. Se entorpeció el panorama.

- ¿Qué cosas ocurrieron?

- En octubre, Aranda presentó su documentación para que se le tomara juramento. Y ese mismo mes comenzó la disputa por la presidencia del Concejo. Luego, terminó el período de sesiones ordinarias. Estuvimos de receso hasta marzo. Podría decirse, entonces, que la mora es de dos meses. De todas formas, queremos que esto acabe. Estoy trabajando en pos de ese objetivo.

- ¿Cuántos puntos le da al Concejo Deliberante?

- Siete. Hemos hecho cosas buenas y malas. Somos coherentes y prudentes.

Finalmente, Aguirre reitera que es necesario que esta discusión se termine. Y que para ello hace falta diálogo. De eso mismo habla el intendente cuando se le pregunta qué hará si los concejales insisten con su ordenanza, pues tienen la facultad. “Siempre me he mantenido al margen, para respetar la independencia de poderes. Pero este problema tiene que resolverse. He iniciado un proceso de conversaciones con algunos concejales”, dice.

Luego declara que se trata de una cuestión estrictamente política, pero que deberá ser observada por la Justicia. “Aquí, cuatro o cinco personas se han puesto de acuerdo en algo que es un capricho. Y creo que es necesario que haya un control, que les corresponde a los jueces”, añade.

La judicialización

Actualmente, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, debería pronunciarse sobre el caso, luego de que, a comienzos de marzo, Aranda presentara un recurso de amparo. ¿Qué dice esa demanda? En síntesis, que se trata de una omisión arbitraria. Y que la mora constituye una burla a la voluntad popular.

Ante ello, los camaristas le preguntaron a Zelaya qué pasos administrativos se habían cumplido para que se concretara la asunción. Él les respondió que el demandante no había completado su documentación y que tenían dudas sobre su desempeño. Al recibir esa respuesta, los jueces le solicitaron nuevas precisiones. El plazo para brindar esos datos estaría venciendo por estos días.

Los orígenes

La pelea política por la asunción se remonta a septiembre del año pasado, cuando Campero le ofreció a Argiró que asumiese como secretario de Gobierno. En octubre, la Junta Electoral Provincial les comunicó a los ediles que la silla vacía debía ser cubierta por Aranda, el postulante que seguía en la lista.

Los concejales oficialistas Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome hicieron presentaciones en pos de ese objetivo. No obstante, chocaron con la unidad de sus otros colegas, quienes objetaban esa incorporación ante supuestas irregularidades del postulante. En la última sesión del Concejo, unos 20 días atrás, la mayoría opositora a Campero aprobó la creación de esa comisión investigadora.

La ordenanza fue impulsada por el triunvirato que preside el cuerpo, los radicales Benjamín Zelaya y Lucas Cerúsico y el peronista Aguirre. Entre sus argumentos, sostienen que se debe analizar la conducta de Aranda, pues sospechan que, mientras dirigía la oficina de Sanidad, les cobró a los feriantes de la Plaza Vieja unos impuestos indebidos.

“La única verdad es la realidad. Eso decía Perón. Y eso deberían tener en cuenta sus adláteres de Yerba Buena, los concejales que dicen defender la transparencia y la institucionalidad. La única verdad es que quieren acumular poder para obstruir la gestión de Mariano Campero”, declara finalmente Aranda, cuando se le pregunta por su caso.

Fe de erratas
Albornoz piossek negó haber votado en favor de una excepción al Código Urbano 
En la última sesión del Concejo Deliberante de Yerba Buena, hace unos 20 días, el concejal macrista Pedro Albornoz Piossek votó en contra de que se le otorgue una habilitación, por la vía de la excepción, a la escuela deportiva Valladares, situada en la calle La Madrid al 1.000 de esa ciudad. De modo erróneo, en este diario se consignó que su sufragio había sido positivo. Según consta en el acta de la reunión, el edil se manifestó en disconformidad con la opinión de la mayoría de sus pares. Incluso, Albornoz Piossek dice que, en la víspera de aquella sesión, estuvo reunido con los vecinos de la zona, a quienes les aseguró que no iba a avalar lo solicitado por el establecimiento deportivo. En concreto empresarios le habían pedido a ese cuerpo legislativo que los autorizara a agrandar su escuela. La ordenanza fue aprobada. Y este miércoles, incluso, fue promulgada por el intendente, Mariano Campero.

Otros expedientes
El intendente rechazó otras ordenanzas que habían sido sancionadas por el Concejo y hubo algunas promulgaciones, incluso con excepciones al Código de Ordenamiento Urbano 

1. Campero promulgó el proyecto de ordenanza sancionado por el Concejo Deliberante que declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación al terreno donde funciona el club social y deportivo El Sapito, que es utilizado por los vecinos de la Vía Norte. En ese predio, sus propietarios pretendían edificar un barrio boutique.

2. Vetó, parcialmente, el proyecto que impulsa la creación de una Guardia Urbana Municipal. ¿La razón? Pidió que se sustituyan tres expresiones. “Una vez que se hagan esas correcciones, será promulgado”, precisa el jefe de Gabinete, Manuel Courel.

3. Vetó, en forma total, el pedido de prórroga de la cooperativa Fe y Esperanza Limitada, para presentar los planos del loteo que quiere realizar entre los barrios el Bernel y San José III.

4. Vetó la autorización a la Cerámica Marcos Paz para que construya dársenas de estacionamiento frente a su local comercial.

5. Promulgó, por la vía de la excepción, la autorización a una instalación deportiva en la avenida Aconquija 2.028, donde funcionan canchas de fútbol cinco.

6. Promulgó, por la vía de la excepción, la entrega de una habilitación comercial para la escuela deportiva Valladares, en la calle La Madrid al 1.000.