Yerba Buena: una banca vacía pone en tela de juicio el valor de la soberanía popular

El Concejo Deliberante no cubre una vacante desde hace siete meses por peleas internas. Especialistas coinciden en que es importante que los espacios de representación se encuentren ocupados, y no en el aire. Cuestionan la judicialización de la política e instan a la sociedad civil a que se involucre en el control.

30 Abr 2017
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MESES DE CONVULSIÓN E INACTIVIDAD. A fines del año pasado y principios de este, al Concejo yerbabuenense le costó alcanzar quórum para sesionar y cubrir la banca que liberó Lisandró Argiró. la gaceta / foto de franco vera

En el Concejo Deliberante de Yerba Buena hay una silla vacía. Desde hace casi siete meses, ese cuerpo legislativo funciona sin uno de sus integrantes. A esa anomalía la moldearon los otro nueve concejales. Primero, cuando le concedieron su licencia a Lisandro Argiró, el radical que renunció al puesto para el que lo habían escogido sus votantes, seducido por un lugar en el gabinete del intendente Mariano Campero. Después, cuando le objetaron la asunción al candidato suplente, Rodolfo Aranda. Durante este tiempo, debieron haber sido 10 quienes sancionaban las normas o controlaban al Ejecutivo local. Así lo establece, desde 1983, la Ley Orgánica de Municipalidades. No obstante, la coyuntura política ha primado sobre ese deber ser.

Ante esto, la pregunta sobre el rol efectivo de las cámaras legislativas cobra una nueva dimensión. La banca vacía abre un debate. ¿Es legal o legítimo que no se incorpore al décimo edil? ¿Se trata, o no, de una lesión al principio de soberanía popular? ¿Cuál debiera ser el rol de los ciudadanos? ¿Cuáles son las implicancias de la judicialización de la política? ¿Hasta cuándo o dónde debiera considerarse prudente la impugnación de una asunción? De forma genérica, los especialistas coinciden en que es importante que los espacios de representación se encuentren ocupados, y no judicializados o en el aire. Coinciden, también, en que los cuerpos legislativos son la expresión más plena de la diversidad en el Estado, pues recogen las miradas de las distintas posiciones políticas. Por ello, cualquier anomalía -destacan- resulta negativa.

El politólogo Luis Karamaneff -por ejemplo- considera que el caso Aranda ha evidenciado la incapacidad de los políticos para resolver sus propios problemas. “Lo que se pone en tela de juicio no es sólo la honestidad de los gobernantes, sino su capacidad. Se trata de un conflicto de ellos, que requiere una respuesta de ellos. En vez, han mediatizado y judicializado la disputa”, razona, pues en distintas ocasiones, las partes en pugna efectuaron presentaciones ante la Justicia.

- ¿Por qué objeta la judicialización del conflicto?

- La política les exige a sus actores que se sienten a negociar; eso es inherente al sistema. Al no hacerlo, le están negando a la política su propia capacidad de resolución. Y esa incapacidad de la clase dirigente amplifica los prejuicios de los ciudadanos.

- ¿Quién paga los costos?

- A estas alturas, el desgaste los alcanza a todos, independientemente del sector al que pertenezcan. Han demostrado sus dificultades para coordinar acciones colectivas.

- ¿Por qué los concejos deliberantes suelen ser conflictivos?

- La política es conflicto; las discusiones son parte de su naturaleza. También hay que tener en cuenta que los concejos deliberantes o clases dirigentes responden a la identidad de su lugar. Tienen características similares de la ciudadanía a la que representan.

Todo esto puede sonar un tanto complicado, pero una buena pauta para desenmarañar la madeja supone darle prioridad a la operatividad del Concejo. Al menos ese es el aporte del abogado Alfredo Espíndola -doctor en Humanidades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-.

“El funcionamiento entorpecido de un cuerpo legislativo constituye una amenaza. La actividad de los parlamentos es la que garantiza la vigencia del lazo representativo”, argumenta. Cabe recordar que en los últimos meses, la falta de quórum les impidió, una y otra vez, tratar diferentes asuntos.

¿Abuso y arbitrariedad?

Cuestionador y tajante, el constitucionalista Rodolfo Burgos afirma: “negarle la asunción a Aranda es un acto de arbitrariedad manifiesta y de gravedad institucional, pues lesiona la soberanía del pueblo, que gobierna a través de sus representantes”.

A decir suyo, las razones esgrimidas sólo pueden entenderse al calor de las pasiones de una mayoría circunstancial, pero contradicen los propios actos del Concejo, que antes autorizó la licencia del concejal titular y, por ende -razona- debería permitir que asuma el suplente.

La Ley Orgánica de Municipalidades Número 5.529 establece la categoría que le corresponde a cada distrito. En el caso de Yerba Buena, ha sido rotulada en la segunda categoría del régimen, lo que conlleva -entre otras cosas- a que su Concejo esté compuesto por 10 miembros. Según el constitucionalista, esa configuración legal no puede ser modificada sin incurrir en un acto de abuso de autoridad. Burgos es docente en las cátedras de Derecho Constitucional y Sistemas Electorales y Derecho Electoral de la UNT. Se desempeña como presidente del Directorio en Canal 10, en representación de la UNT.

El analista político Javier Ghio hace un pronunciamiento en salvaguarda del rol de las cámaras legislativas, puesto que cree que en Tucumán se hace necesario fortalecer los órganos de control. “Son los espacios de discusión, deliberación y acuerdos. Ahí se apoya o limita las acciones de los gobiernos de turno”, justifica el licenciado en Ciencia Política y especialista en Política Argentina y Latinoamericana.

Nuevos paradigmas

Puesta a pensar en el caso, María Laura Giusti -politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo T- considera que estas situaciones sólo sirven para que se cuestione la legitimidad de los representantes, y, en general, del sistema político. Contra ello, el mejor antídoto es -prosigue- la participación de los ciudadanos. “Eso se traduce en un mayor margen para la gobernabilidad” razona.

Tras ese esbozo, Giusti insta a los yerbabuenenses a asumir el compromiso de reforzar la calidad de sus gobernantes y el buen desempeño de las instituciones. También su colega Jimena Vallejo -profesora de Teoría y Práctica de la Democracia en esa misma universidad- plantea la cuestión de la participación ciudadana, pues opina que internet ha generado un desafío para los estados herméticos. Hoy, no hay resquicios para que un gobierno se encierre en sí mismo. “Los ciudadanos utilizan las redes sociales para interactuar con las autoridades públicas”. Sin embargo, enseguida aclara que ese proceso no surgió de la demanda espontánea de los dirigentes, sino de la interpelación de una sociedad que comenzó a hacer uso de las nuevas tecnologías.

En Yerba Buena, ha sido esta mediatización de la disputa -como sugiere Karamaneff en el encabezado de este artículo- la que ha colocado el entredicho sobre un escaparate. “Estas peleas son parte de la cocina política. Suceden todo el tiempo y en todas partes. Pero no siempre podemos verlas”, agrega el experto. Karamaneff cursa un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín.

Actualmente, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo -a cargo de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello- tiene en sus manos el caso, luego de que Aranda presentara un recurso de amparo. Al respecto, algunos de los teóricos consultados dicen que, cuando está en juego la salud del Estado de derecho, las cuestiones de la política sí deben ser justiciables. No obstante, hacen la salvedad de que esa intervención sólo será sana si logra encauzar el proceso. Si devuelve la pelota al ámbito de la política, para que sean sus protagonistas quienes continúen el juego. Aunque, esta vez, con reglas claras.
El caso, paso a paso
- En septiembre del año pasado, el intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, convenció al ex concejal Lisandro Argiró para que abandonara su banca en el Concejo Deliberante de esa ciudad, y asumiese en su gabinete, como secretario de Gobierno. 
- El 4 de octubre, la Junta Electoral Provincial le comunicó al Concejo que la vacante dejada por Argiró debía ser cubierta por Rodolfo Aranda (foto), el postulante que le seguía en la lista.
- Desde entonces, Aranda reclama que le permitan asumir. Los ediles oficialistas Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome hicieron presentaciones y acciones en pos de ese objetivo. No obstante, chocaron siempre con la fuerza de sus otros colegas, unidos en contra del intendente.
- En la última sesión, unos 15 días atrás, esa mayoría aprobó la creación de una comisión investigadora del pliego del candidato. La ordenanza fue impulsada por el triunvirato que preside el cuerpo (Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico y Héctor Aguirre). Entre sus argumentos, sostienen que se debe analizar la conducta de Aranda antes de tomarle juramento, pues sospechan de posibles negligencias. En concreto, creen que, mientras dirigía las oficinas municipales de Atención al Vecino y Sanidad Ambiental, les cobró a los feriantes de la Plaza Vieja unos tributos de modo indebido y arbitrario. Zelaya sospecha que esos fondos no ingresaron a la Municipalidad y que, incluso, había personas facultadas a hacer un cobro “ambulante” del dinero. 
- Actualmente, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, debe pronunciarse al respecto, luego de que el radical Aranda presentara un recurso de amparo. ​

 El caso, paso a paso


- En septiembre del año pasado, el intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, convenció al ex concejal Lisandro Argiró para que abandonara su banca en el Concejo Deliberante de esa ciudad, y asumiese en su gabinete, como secretario de Gobierno. 

- El 4 de octubre, la Junta Electoral Provincial le comunicó al Concejo que la vacante dejada por Argiró debía ser cubierta por Rodolfo Aranda (foto), el postulante que le seguía en la lista.

- Desde entonces, Aranda reclama que le permitan asumir. Los ediles oficialistas Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome hicieron presentaciones y acciones en pos de ese objetivo. No obstante, chocaron siempre con la fuerza de sus otros colegas, unidos en contra del intendente.



- En la última sesión, unos 15 días atrás, esa mayoría aprobó la creación de una comisión investigadora del pliego del candidato. La ordenanza fue impulsada por el triunvirato que preside el cuerpo (Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico y Héctor Aguirre). Entre sus argumentos, sostienen que se debe analizar la conducta de Aranda antes de tomarle juramento, pues sospechan de posibles negligencias. En concreto, creen que, mientras dirigía las oficinas municipales de Atención al Vecino y Sanidad Ambiental, les cobró a los feriantes de la Plaza Vieja unos tributos de modo indebido y arbitrario. Zelaya sospecha que esos fondos no ingresaron a la Municipalidad y que, incluso, había personas facultadas a hacer un cobro “ambulante” del dinero. 

- Actualmente, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, debe pronunciarse al respecto, luego de que el radical Aranda presentara un recurso de amparo. ​

El ejemplo de la Legislatura

En la Legislatura de Tucumán hay otro caso de banca vacía. En 2015, el oficialista Sergio Mansilla fue electo legislador. Sin embargo, no pudo asumir, debido a que el alfarista Walter Berarducci inició una demanda para objetar su postulación. Sucede que Mansilla había sido electo legislador en 2007. Luego, en 2011 volvió a triunfar en las urnas, aunque su candidatura fue testimonial. En 2015, se presentó otra vez. Según Berarducci, el alperovichista ha sobrepasado el tope de reelecciones. El caso se encuentra sin sentencia.

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