Después de que se conocieran los fundamentos del fallo que había dictado el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto por el crimen de Paulina Lebbos, todas las partes acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para apelar la resolución por distintas razones.
También era fundamental que los jueces decidieran si dejarían firme o no la sentencia para definir si continuaría la investigación. Pero nada de eso ocurrió.
Los vocales Claudia Sbdar y Antonio Estofán y el juez Fabián Fradejas eran los responsables de realizar la tarea a partir de marzo de 2019. En diciembre de ese año, mes en el que se cumplían los plazos procesales para que emitieran veredicto, el único camarista del tribunal logró que aceptaran un planteo de excusación porque había intervenido en los pedidos de libertad de los detenidos del caso.
A principios de 2020, su puesto fue ocupado por la camarista Stella Maris Arce. Pero apareció otro inconveniente: Estofán pidió apartarse porque Gustavo Morales, el defensor de Eduardo Di Lella, patrocinó a la mujer que lo denunció por acoso sexual. La magistrada Wendy Kassar, que aceptó el planteo del vocal de la Corte, lo reemplazó.
Prescripción
Una producción de LA GACETA, publicada para recordar los 15 años del crimen de Paulina, advertía que la causa estaba a días de prescribir por la falta de resolución del máximo tribunal. Tres días después de que se diera a conocer esta situación, la Corte convalidó el fallo.
A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj para notificar a César Soto, Sergio Kaleñuk, Esteban Gómez y Ernesto Atim que serían investigados por el crimen de Paulina. No se hizo lo mismo con el pedido de investigación a unas 40 personas por diferentes ilícitos.
