Aranda presiona para asumir como concejal

El reemplazante de Argiró quiere sanciones para cuatro ediles Jantus, presidente del Concejo, tiene plazo hasta hoy para contestar un pedido judicial. Van seis sesiones sin quórum.

22 Nov 2016
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HACE UNA SEMANA. El martes pasado fracasó la sexta sesión consecutiva del Concejo yerbabuenense. la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ (archivo)

“Los concejales no pueden creerse que están por encima de la ley. Hay una frase, de origen latino, que dice: dura lex sed lex. Puede ser traducida como la ley es dura, pero es la ley. Se trata de una máxima jurídica, que expresa la obligación de respetar las normas, sin consideraciones ni apetencias personales”. Ese es el encabezado de la nota que Rodolfo Aranda le ha enviado, ayer, a Javier Jantus, todavía presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena.

En su misiva, Aranda le solicita que arbitre las medidas para que le permitan una “inmediata” asunción como concejal, en reemplazo de la banca que ha quedado vacía luego de que Lisandro Argiró dejara su puesto en ese cuerpo legislativo para asumir como secretario de Gobierno del intendente, el radical Mariano Campero. Según Aranda, han pasado 30 días desde que la Junta Electoral de la Provincia le remitió al Concejo una constancia en la que manifiesta que el reemplazante natural es él.

Por consiguiente -razona- se debería aplicar el artículo segundo del reglamento interno, que indica que el tiempo máximo para el tratamiento del título de un concejal es de 30 días. Luego recurre al artículo sexto, que expresa que si el cuerpo no se pronuncia dentro del plazo establecido, se considerará aprobado. Y en la primera sesión que se realice, se le tomará juramento y quedará incorporado.

Aunque no los nombra, Aranda requiere también que se sancione a los concejales peronistas Héctor “Pilón” Aguirre y Walter “Kabuby” Aráoz y a los radicales Maximiliano García y Benjamín Zelaya. “Vista la conducta dilatoria de algunos concejales, que no dan quórum para no tratar mi título, pido que se apliquen los artículos 17 y 18 del reglamento interno y el artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades Número 5.529”, escribe.

Esas disposiciones internas a las que hace referencia Aranda establecen que los concejales no pueden faltar, sin permiso, a más de tres reuniones consecutivas y que tampoco pueden ausentarse del recinto sin el consentimiento de su presidente. En el supuesto de que lo hicieran, no se les abonará la retribución correspondiente. La ley de los municipios es más rigurosa, pues fija que se podrá compeler a los inasistentes por medio de la fuerza pública. Incluso, prevé la posibilidad de que se declare cesante al concejal que no concurra a cuatro reuniones consecutivas.

Una tediosa novela


El Concejo yerbabuenense ha llegado al récord de seis sesiones seguidas sin quórum. La primera fue el jueves 27 de octubre. En esa ocasión, faltaron Zelaya, García Aguirre y Aráoz. Al día siguiente, hubo otra. Y a la inversa, esta vez el grupo de los cuatro ediles bajó al recinto. Pero estuvo ausente la otra facción, compuesta por Marcelo Rojas, José Macome, Pedro Albornoz Piossek, Lucas Cerúsico y Jantus. El lunes 31 de octubre fueron citados otra vez. Y aunque lograron iniciar el cónclave, Aguirre, Aráoz, Zelaya y García se levantaron y se fueron en medio de una votación. El jueves 3 de noviembre, los mismos cuatro volvieron a no dar quorum. Explicaron que no iban a avalar la jura de Aranda porque sus papeles no estaban en regla. El jueves 10 de noviembre fracasó el quinto cónclave. En ese encuentro, los cuatro bajaron al recinto media hora después de la convocatoria, pero la sesión ya había sido levantada por falta de quórum. El martes 14 cayó el sexto intento, pues los cuatro ediles opositores a Campero decidieron no deliberar.

Así las cosas, el Concejo se encuentra paralizado desde hace semanas. Sus ocupantes no sólo no sesionan, sino que casi no se reúnen las comisiones de trabajo. El 28 de octubre venció el plazo para que los concejales elijan, de entre sí, a sus nuevas autoridades. Enfrascados en esa disputa de poder, todavía no han podido concretar la votación que corone al nuevo presidente y a los dos vicepresidentes.

El grupo de los cuatro -como los denominan- no ha querido avalar la jura de Aranda hasta que primero no se vote la renovación, porque especulan que ese sufragio iría para la otra facción. Hasta hoy, Jantus tiene plazo para detallarle a la Justicia las razones por las que decidió modificar la constitución de la comisión de Petición, Poderes y Legales. Hace unos días, sacó a Zelaya de la presidencia de ese equipo, pues adujo que tenía retenido el expediente de Aranda. Por esa acción, el cuarteto presentó un recurso en su contra, por abuso de poder. Jantus alegará que tomó la decisión amparándose en lo que le permite el reglamento del Concejo, entre otros argumentos. En conclusión, a la novela de estos concejales pareciera que le quedan unos capítulos todavía.

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