18 Junio 2017
Casi tres años más tarde, la Fiscalía de Instrucción N°10 de esta ciudad tendrá que desandar el camino que recorrió el 24 de junio de 2014, cuando secuestró $ 758.000 en un allanamiento y, dos horas más tarde, los entregó al denunciante Pablo Exequiel Pérez sin que este pidiese el dinero. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción anuló las resoluciones que avalaron la actuación del ex fiscal Guillermo Herrera en la causa “Pérez” y ordenó la restitución de la suma (U$S 94.000 según la cotización de aquel momento) a la Fiscalía N°10, donde ha de permanecer hasta que se determine a quién pertenece.
La Cámara emitió esta decisión inusual con los votos de los vocales Liliana Vitar (preopinante), Enrique Pedicone y Eudoro Albo. La resolución consigna que Herrera, quien en septiembre de 2015 renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil acorralado por los cuestionamientos, había ordenado el secuestro del dinero sin estar autorizado para ello. Según el expediente, el ex fiscal sólo estaba habilitado para llevarse documentos de papel y digitales referidos a la administración de los bienes de la sucesión de Miguel Antonio Pérez que había en las oficinas de Ángel Victoriano Pérez (Galería “Paseo Español”, San Martín y Maipú de esta ciudad). El acta de allanamiento relata que durante el procedimiento practicado apareció una mochila azul con los fajos de billetes de $ 100. Frente a ese hallazgo, la ayudante fiscal Patricia Carugatti consultó a Herrera quien, siempre según el acta, le ordenó que tomara el dinero.
Indagatoria frenada
Dos horas más tarde ese mismo día y ya en la Fiscalía N°10, la suma pasó a manos de Pablo Exequiel Pérez. Según indicó Vitar, Herrera entregó los 76 fajos sin que se los hubiesen pedido y sólo hizo constar que el denunciante recibía los $ 758.000 con la calidad de depositario judicial. “Si bien la naturaleza jurídica del depósito judicial no hace que el depositario entre en posesión de las cosas secuestradas, sino que debe resguardarlas o custodiarlas, no podía soslayarse que el denunciante Pablo Exequiel Pérez no actuaba en nombre propio sino detentando el carácter de administrador provisorio de la sucesión de Miguel Antonio Pérez”, observó Vitar. Respecto del allanamiento, la jueza dijo que su objeto concreto debe constar con precisión en la orden respectiva: “pues no es admisible que la autoridad que efectúa el allanamiento proceda sin límites a pesquisar en cualquier lugar o a secuestrar objetos no relacionados con los motivos que dieron lugar a la medida, lo cual implica un desborde de sus facultades violatorio de la privacidad inherente al domicilio particular”.
Aunque la resolución de la Cámara de Apelaciones data del 21 de octubre de 2016, el expediente regresó recién este mes a la Fiscalía N°10, según informó Emilio Mrad, abogado defensor de Ángel Victoriano Pérez. Ese mismo letrado manifestó a la Justicia que el ex fiscal Herrera había entregado los billetes sin identificarlos, por lo que, en principio, no sería posible o sencillo establecer si los fajos que se devuelven son los mismos que se recibieron en 2014. Sí es fácil advertir que los $ 758.000 perdieron poder adquisitivo por efecto de la inflación: antes servían para comprar U$S 94.000 mientras que en el presente sólo pueden pagar la mitad, U$S 46.600.
El trámite de “Pérez” dio pie a la apertura de una causa penal en contra del ex fiscal Herrera, quien también afronta acusaciones por su proceder en “Teves” y “Rigourd”, entre otros casos. En septiembre de 2016, el fiscal Diego López Ávila (N°4) había citado a declarar como imputado a Herrera por el hecho del secuestro irregular de los $ 758.000, pero el ex fiscal logró la suspensión de la audiencia argumentando que las mismas objeciones planteadas en este expediente constaban en el proceso original (“Pérez”) y que el que lo involucra no podía avanzar mientras el más antiguo permaneciese abierto. El juez Juan Francisco Pisa (N°3) rechazó el planteo; el ex fiscal apeló y, luego, recusó a Pedicone y a Vitar, dos de los magistrados que debían revisar la decisión recurrida: tales impugnaciones mantienen frenado el proceso.
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