28 Septiembre 2016
SANTIAGO DEL ESTERO.- El empresario radial Luis Manuel Pericás negó conocer y haber tenido algún tipo de contacto con los ex jueces santiagueños Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, quienes ordenaron pagarle cerca de $ 9 millones del Estado tucumano al dueño de LV7 a través de medidas cautelares.
Pericás, que se encuentra detenido al igual que los ex magistrados, declaró ayer ante el juez Darío Alarcón durante más de tres horas.
Adolfo Suárez, uno de los defensores del empresario, señaló que su cliente afirmó que "se trata de un caso de discriminación, violencia e intento de despojo de la radio familiar". El letrado dijo, además, que su cliente apuntó contra el gobernador Juan Manzur y su antecesor José Alperovich al declarar que su aprehensión conlleva "una maniobra".
Consultado sobre por qué no acudió a la Justicia tucumana, el dueño de LV7 dijo: "se utilizó a la Justicia local por un problema político y una clara violación a la libertad de prensa; allá en Tucumán ningún juez se atrevería a mantenerme privado de la libertad sin sufrir consecuencias".
La denuncia contra los tres jueces se inició con la presentación de Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por Pericás (dueño de LV7), en contra de Marcelo Ditinis y la Provincia de Tucumán, por un "delito a establecer" y por el cual se había ordenado un embargo de $ 7 millones a los fondos de coparticipación tucumanos.
Pericás, que se encuentra detenido al igual que los ex magistrados, declaró ayer ante el juez Darío Alarcón durante más de tres horas.
Adolfo Suárez, uno de los defensores del empresario, señaló que su cliente afirmó que "se trata de un caso de discriminación, violencia e intento de despojo de la radio familiar". El letrado dijo, además, que su cliente apuntó contra el gobernador Juan Manzur y su antecesor José Alperovich al declarar que su aprehensión conlleva "una maniobra".
Consultado sobre por qué no acudió a la Justicia tucumana, el dueño de LV7 dijo: "se utilizó a la Justicia local por un problema político y una clara violación a la libertad de prensa; allá en Tucumán ningún juez se atrevería a mantenerme privado de la libertad sin sufrir consecuencias".
La denuncia contra los tres jueces se inició con la presentación de Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por Pericás (dueño de LV7), en contra de Marcelo Ditinis y la Provincia de Tucumán, por un "delito a establecer" y por el cual se había ordenado un embargo de $ 7 millones a los fondos de coparticipación tucumanos.
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