La prolongada fiebre del vil metal
SIN FILTROS. El fiscal Gómez dejó a todos estupefactos. Junto a él, el consejero Arias. comunicaciÓn social rectorado unt SIN FILTROS. El fiscal Gómez dejó a todos estupefactos. Junto a él, el consejero Arias. comunicaciÓn social rectorado unt
El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez transformó en un episodio surrealista la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la UNT. Apenas se había decidido que la universidad debía constituirse en querellante en la causa por las irregularidades en obras con $ 353 millones de fondos de la minería, el fiscal habló y terminó siendo un amargo revulsivo que sacudió la conciencia de los consejeros y de la rectora Alicia Bardón. Los desencajó. Por un lado, celebró que la UNT sea querellante en la causa en la que están imputados el ex rector Juan Alberto Cerisola, su ex subsecretario de Políticas Administrativas, Luis Sacca, y otros. Por otro lado, ignoró títulos y honras al justificar su irrupción en la sesión porque “no era su estilo” visitar a “personas que puedan resultar imputadas en alguna causa penal” (se refería a la rectora, que fue vice de Cerisola en el período anterior). También fue duro cuando lo escucharon sugerir que la querella no sea “pintada” y cuando les advirtió que había causas a punto de prescribir (como la medioambiental o la de las notas falsificadas de Derecho). Y el colmo de la estupefacción fue cuando les aconsejó que podían ser querellantes profesores como Ramón Eduardo Ruiz Pesce, ex candidato a rector, y Ramón Eudal, este último impulsor de la causa por las irregularidades en las obras con plata de la minería. Encima, les dijo a los consejeros que a estas dos personas debía responder el abogado que la UNT pudiera elegir para llevar adelante la querella.

Grieta cerrada

Gómez lanzó su verba inflamada y se fue, sin escuchar las réplicas en un Consejo que, tras 16 meses de dar vueltas con la idea y el miedo de ser querellante, cerró por un tiempo la grieta que había entre sus integrantes. “Me violenta... ha hecho caer sobre nosotros una sospecha grave”, dijo la decana Adela Seguí. “¡Que se ponga corbata!”, tronó Daniel Yepez; y criticó a la “justicia tortuga” que no actúa de oficio. “Debe pedir disculpas... es como que vino a pedir socorro... necesita un querellante, no puede mover por sí solo esto”, completó Jorge Molina Palacios.

El que no cuestionó al fiscal fue el consejero estudiantil Facundo Arias, que es quien había pedido que el funcionario federal fuera escuchado. Arias, que comparó esa sesión con el Senado romano, tenía, evidentemente, clara la idea de provocar un efecto revulsivo: dijo que el cuerpo estaba dando una lección de que se podían hacer cosas fuera del látigo o de la billetera. Explicó que una de las tareas de la universidad era la construcción de consensos, de hegemonía y del sentido común de la sociedad. “Me parece que la conclusión de este proceso en la Universidad tenemos que pensarlo para ver qué universidad queremos; si queremos la universidad que tenemos hoy que está sospechada y hay bastantes pruebas de corrupción, pruebas de contaminación por este emprendimiento minero, o queremos una universidad que tenga otro rol”. Arias les dijo a los otros consejeros que podían contestarle a Gómez por twitter, teléfono o e-mail. Todos se quedaron con la sangre en el ojo.

Extemporáneo

¿Puede ser Gómez, el hombre que habla sin filtros, el que va a hacer que la universidad recupere su rol de constructora del sentido común de la sociedad, como describió Arias? ¿Su presencia podría derivar en futuras recusaciones en la causa? La visita, inexplicada (Gómez habría sido llevado por Ruiz Pesce), tuvo gusto amargo y pareció muy extemporánea: llega cuando la causa penal parece comenzar a desarrollarse en el juzgado federal II con las citaciones a indagatorias y cuando no se sabe por dónde irá el rol de querellante de la UNT. En este sentido, la universidad aún debe decidir si contrata un estudio como el porteño Díaz Cantón & asociados (que emitió un informe aconsejando que se asuma la querella) o si se elegirá al abogado Diego Lammoglia (profesor de Derecho Penal II). El estudio Díaz Cantón había consejado asumir la querella porque -dijeron- para ellos la acusación del fiscal Carlos Brito eludía un hecho que era un caso claro de defraudación: el anticipo financiero reconocido y abonado por la obra de la facultad de Derecho. Según ellos, si no se asume el rol de querellante, “no podría enjuiciarse eventualmente a los imputados por el mismo”. La querella se haría con honorarios determinados a partir del gigantesco monto de dinero involucrado en las presuntas irregularidades: $ 353 millones.

La universidad arrastra esta indecisión desde el 25/11/14 cuando se resolvió que se asuma el rol de querellante. La rectora fue pidiendo consejos y opiniones hasta llegar a la sesión del martes donde no sólo tuvo que soportar las palabras destempladas del fiscal, sino la acusación del consejero Ricardo Cisneros, que dijo que “hay como una decisión tácita del Rectorado de la UNT de no presentarse como querellante”. Ahora Bardón tendría que contratar asesoramiento jurídico y confeccionar un poder. ¿Lo hará?

Mientras tanto, la lenta justicia federal hace su propio proceso. Fueron años de idas y vueltas: primero fue la causa “Eudal” por irregularidades en 20 obras con los fondos de la minería llegados entre 2006 y 2009. Luego llegó la causa “Sigen”, que fue una auditoría que se hizo a la UNT por las obras de ampliación de la Facultad de Derecho y por la refacción del anfiteatro que se derrumbó en Filosofía y Letras. El fiscal Brito terminó primero esta causa porque era más sencilla, se la elevó al juez federal II, Fernando Poviña, y este la devolvió para que se unifique con la causa “Eudal”. Pero en esta la investigación, más compleja, estaba demorada. La cuestión fue a la Cámara de Apelaciones, que meses después las envió unificadas al juez I, Daniel Bejas. Este iba a llamar a indagatorias cuando se presentó como defensora de Cerisola la letrada Silvia Peyracchia, lo cual hizo que Bejas se excusara por ser conocido de la abogada. Otra vez el caso fue a la Cámara y volvió ocho meses después a Poviña, quien debió tomarse hasta febrero de este año para estudiar la causa “Eudal”. Ahora ha llamado a indagatorias. ¿Cómo lo hace? De a poco, atendiendo tres días en Tucumán y dos días en Jujuy como juez subrogante. En las audiencias participa el fiscal Brito. Ya declararon Juan Carlos Reimundín (ex secretario administrativo), Olga Cudmani (ex directora de Construcciones Universitarias) y Horacio Lobo (director de Obras ), y esta semana les toca el turno a tres personas, entre ellos dos pesos pesados: Cerisola -el miércoles- y Sacca, el martes. Los cargos son defraudación en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Por otro lado, también el martes el Consejo Superior va a tratar el pedido de que el biólogo Alfredo Grau sea nombrado como director en YMAD en reemplazo de Cerisola, cuyo mandato minero, obtenido con el favor de Bardón, vence el 30.

Mandato incumplido

Pero esto no es todo. En este escándalo aparece otro mandato incumplido, que es la comisión que en 120 días debía visitar a las autoridades de YMAD y conversar con las otras universidades que han recibido dineros de la minería desde 2008, para explicarles que el convenio que firmó Cerisola con YMAD ese año ha sido declareado nulo y que las cosas deben retrotraerse a como eran antes de ese año. Para la UNT no está terminada la Ciudad Universitaria (que fue lo que acordó Cerisola con YMAD) y el 40% de utilidades de la minería de la UNT no debe compartirse aún con otras casas de estudios. Aunque desde hace ocho años se esté compartiendo un 20%.

Pero al estar en fin de mina ya se está hablando de naderías. La verdad es que la idea de Abel Peirano, que legó los derechos de la minería a la UNT y con el que se forjó el sueño de hacer una gran ciudad de estudios para una universidad que era un bastión en el NOA terminó siendo una fiebre maldita que desató la codicia y la inquietud generalizada por la contaminación ambiental.

El revulsivo en la sesión extraordinaria del Consejo Superior tuvo efectos de dolorosa conciencia. Pero no se sabe si cambiarán las cosas que se arrastran desde hace demasiado tiempo. Al final del encuentro, hablaron los miembros del sindicato Adiunt. Uno de ellos, Diego Toscano, dijo palabras casi a modo de epitafio: “Creemos que la verdadera decisión que tiene que tomar este cuerpo... no es solamente meterse en la causa como querella, sino desvincularse de La Alumbrera. Llevamos 17 años contaminando los Valles y con las consecuencias negativas que ha tenido para esta universidad, incluidos estos hechos gravísimos que se están denunciando. La desvinculación tiene que ser una de las tareas, antes de que La Alumbrera se desvincule por agotamiento o por muerte de la propia mina”.

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