29 Noviembre 2015
RECAMBIO. Manzur abraza a Jaldo en el San Martín. Detrás, Zannini aplaude y Scioli sonríe, mientras observa a la senadora Rojkés y a su esposo, Alperovich. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
29 de octubre. Día de festejos en el teatro San Martín. Juan Luis Manzur, que venía de ser vicegobernador de José Alperovich, recibe el bastón de mando de su predecesor. Los palcos están repletos de dirigentes y de militantes. No hay butacas vacías. Incluso la entonces fórmula presidencial del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli y Carlos Zannini, ha viajado hasta suelo tucumano para participar de la ceremonia protocolar.
Se produce otra asunción en este acto: la de Osvaldo Francisco Jaldo como vicegobernador. Ese jueves a la mañana, al ex ministro del Interior le hacen entrega del manejo de la Legislatura, ese espejado edificio de calle Muñecas 951 construido durante la primera gestión de Manzur al frente de la Cámara.
En paralelo a los acontecimientos políticos, una de las cuatro cuentas oficiales del Poder Legislativo en el Banco Tucumán-Grupo Macro registra movimientos. Se trata de la caja para gastos sociales y de funcionamiento (N° 200 98043/8). El 29 de octubre fueron transferidos, bajo el concepto “mismo banco, mismo titular”, $ 25 millones. La operatoria dejó un saldo de $ 371.000 en esa cuenta, que solventa la partida parlamentaria “ayudas sociales a personas”.
Los $ 25 millones sin embargo no fueron acreditados en ninguna de las restantes tres cuentas bancarias que la Legislatura admitió como propias ante la Justicia federal en la causa penal abierta por presunto lavado de activos.
Ese día, ni la caja denominada “sueldos” (N° 200 98041/4), ni la caja para “dietas” de legisladores (N° 200 98040/7), ni la caja llamada “honorarios” (N° 200 98039/1) registraron ingresos por esa suma. Sólo la cuenta “sueldos” recibió un crédito por $ 36.000 aquel 29 de octubre. Pero la suma -relativamente escueta- provino del Superior Gobierno de la Provincia.
La operatoria bajo el concepto “transferencias mismo banco, mismo titular” ha sido poco usual a lo largo del año en la cuenta para los gastos sociales. Sólo se aplicó en otras dos ocasiones, y las partidas giradas fueron menos abultadas.
Por ejemplo, el 6 de marzo se debitaron $ 492.800 de la caja para ayudas sociales. En este caso, la cifra sí fue cargada en “honorarios”. El dato singular en este movimiento es que no quedó asentado el número comprobante. Esta transacción, más allá de las similitudes con la del 29 de octubre, está muy lejos de los $ 25 millones transferidos el día del acto de asunción.
Ayer LA GACETA le consultó al vicegobernador Jaldo sobre operatoria. “Ahora que ha asumido el nuevo secretario (Claudio Antonio Pérez) podemos comenzar a trabajar en la parte administrativa”, señaló. Y explicó que no tuvo oportunidad de profundizar aún sobre las finanzas del cuerpo colegiado, ya que Pérez fue ascendido de la Tesorería a la Secretaría -cargo que había dejado vacante el hoy legislador Juan Ruiz Olivares- en la sesión del jueves pasado. Y el viernes fue feriado, recordó el vicegobernador. “De todas formas, con la llegada del nuevo secretario ya hemos completado el andamiaje administrativo de la Cámara”, afirmó.
El ex secretario Ruiz Olivares, jefe del acople oficialista Acción Regional, se excusó de realizar declaraciones ayer. Su sucesor, Pérez, no dio rueda de prensa el jueves después de haber asumido.
Fuentes legislativas plantearon a LA GACETA sus hipótesis respecto a la transferencia de los $ 25 millones. La primera: que exista una especie de cuenta puente a nombre de la Legislatura en el Banco Tucumán-Grupo Macro, y que no haya sido informada a la Justicia federal. Así, los $ 25 millones podrían haber sido devueltos al Superior Gobierno de la Provincia en el primer día de la gestión de Jaldo como presidente de la Cámara. Si esto ocurrió, el vicegobernador no podrá utilizar esos recursos salvo que sean remitidos nuevamente por la Casa de Gobierno.
La segunda posibilidad que manejan en la nueva conformación del cuerpo colegiado es que exista una caja para excedentes financieros (saldos al final de un balance). Si es así, tampoco fue notificada su existencia a la Justicia federal.
El 1 de noviembre LA GACETA publicó la primera nota referida a la ruta de las valijas con efectivo de la Legislatura. Tras esto, el fiscal federal general Antonio Gómez abrió de oficio una causa con actuaciones preliminares por presunto lavado de activos. El cuerpo colegiado, en un informe, le informó al magistrado que sólo registraba las cuentas “honorarios, “sueldos”, “dietas” y “gastos sociales”. Gracias a un planteo del ex vicepresidente segundo del parlamento Manuel Fernández, el expediente fue girado al juez federal Daniel Bejas, quien remitió la pesquisa al fiscal federal Pablo Camuña.
Mediante fotos, registros bancarios, testimonios y otros documentos, este diario constató que un empleado de Tesorería retiraba millones de pesos de la cuenta para gastos sociales y los llevaba en valijas y en un vehículo oficial a la Cámara. El presupuesto anual del cuerpo colegiado para esas erogaciones discrecionales era de $ 156 millones. Pero fue triplicado el 9 de septiembre por la anterior conformación legislativa, y llegó a $ 505,6 millones. Sin embargo, ya se superó ese tope. Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre fueron ejecutados $ 523,5 millones de la partida “ayudas sociales a personas”. Se desconoce el instrumento que permitió la reasignación de fondos para los gastos sociales.
Se produce otra asunción en este acto: la de Osvaldo Francisco Jaldo como vicegobernador. Ese jueves a la mañana, al ex ministro del Interior le hacen entrega del manejo de la Legislatura, ese espejado edificio de calle Muñecas 951 construido durante la primera gestión de Manzur al frente de la Cámara.
En paralelo a los acontecimientos políticos, una de las cuatro cuentas oficiales del Poder Legislativo en el Banco Tucumán-Grupo Macro registra movimientos. Se trata de la caja para gastos sociales y de funcionamiento (N° 200 98043/8). El 29 de octubre fueron transferidos, bajo el concepto “mismo banco, mismo titular”, $ 25 millones. La operatoria dejó un saldo de $ 371.000 en esa cuenta, que solventa la partida parlamentaria “ayudas sociales a personas”.
Los $ 25 millones sin embargo no fueron acreditados en ninguna de las restantes tres cuentas bancarias que la Legislatura admitió como propias ante la Justicia federal en la causa penal abierta por presunto lavado de activos.
Ese día, ni la caja denominada “sueldos” (N° 200 98041/4), ni la caja para “dietas” de legisladores (N° 200 98040/7), ni la caja llamada “honorarios” (N° 200 98039/1) registraron ingresos por esa suma. Sólo la cuenta “sueldos” recibió un crédito por $ 36.000 aquel 29 de octubre. Pero la suma -relativamente escueta- provino del Superior Gobierno de la Provincia.
La operatoria bajo el concepto “transferencias mismo banco, mismo titular” ha sido poco usual a lo largo del año en la cuenta para los gastos sociales. Sólo se aplicó en otras dos ocasiones, y las partidas giradas fueron menos abultadas.
Por ejemplo, el 6 de marzo se debitaron $ 492.800 de la caja para ayudas sociales. En este caso, la cifra sí fue cargada en “honorarios”. El dato singular en este movimiento es que no quedó asentado el número comprobante. Esta transacción, más allá de las similitudes con la del 29 de octubre, está muy lejos de los $ 25 millones transferidos el día del acto de asunción.
Ayer LA GACETA le consultó al vicegobernador Jaldo sobre operatoria. “Ahora que ha asumido el nuevo secretario (Claudio Antonio Pérez) podemos comenzar a trabajar en la parte administrativa”, señaló. Y explicó que no tuvo oportunidad de profundizar aún sobre las finanzas del cuerpo colegiado, ya que Pérez fue ascendido de la Tesorería a la Secretaría -cargo que había dejado vacante el hoy legislador Juan Ruiz Olivares- en la sesión del jueves pasado. Y el viernes fue feriado, recordó el vicegobernador. “De todas formas, con la llegada del nuevo secretario ya hemos completado el andamiaje administrativo de la Cámara”, afirmó.
El ex secretario Ruiz Olivares, jefe del acople oficialista Acción Regional, se excusó de realizar declaraciones ayer. Su sucesor, Pérez, no dio rueda de prensa el jueves después de haber asumido.
Fuentes legislativas plantearon a LA GACETA sus hipótesis respecto a la transferencia de los $ 25 millones. La primera: que exista una especie de cuenta puente a nombre de la Legislatura en el Banco Tucumán-Grupo Macro, y que no haya sido informada a la Justicia federal. Así, los $ 25 millones podrían haber sido devueltos al Superior Gobierno de la Provincia en el primer día de la gestión de Jaldo como presidente de la Cámara. Si esto ocurrió, el vicegobernador no podrá utilizar esos recursos salvo que sean remitidos nuevamente por la Casa de Gobierno.
La segunda posibilidad que manejan en la nueva conformación del cuerpo colegiado es que exista una caja para excedentes financieros (saldos al final de un balance). Si es así, tampoco fue notificada su existencia a la Justicia federal.
El 1 de noviembre LA GACETA publicó la primera nota referida a la ruta de las valijas con efectivo de la Legislatura. Tras esto, el fiscal federal general Antonio Gómez abrió de oficio una causa con actuaciones preliminares por presunto lavado de activos. El cuerpo colegiado, en un informe, le informó al magistrado que sólo registraba las cuentas “honorarios, “sueldos”, “dietas” y “gastos sociales”. Gracias a un planteo del ex vicepresidente segundo del parlamento Manuel Fernández, el expediente fue girado al juez federal Daniel Bejas, quien remitió la pesquisa al fiscal federal Pablo Camuña.
Mediante fotos, registros bancarios, testimonios y otros documentos, este diario constató que un empleado de Tesorería retiraba millones de pesos de la cuenta para gastos sociales y los llevaba en valijas y en un vehículo oficial a la Cámara. El presupuesto anual del cuerpo colegiado para esas erogaciones discrecionales era de $ 156 millones. Pero fue triplicado el 9 de septiembre por la anterior conformación legislativa, y llegó a $ 505,6 millones. Sin embargo, ya se superó ese tope. Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre fueron ejecutados $ 523,5 millones de la partida “ayudas sociales a personas”. Se desconoce el instrumento que permitió la reasignación de fondos para los gastos sociales.
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