Basurama
Basurama
Hace 10 años, un carrito dejó basura en la esquina de Azcuénaga y Mendoza, junto a un baldío tapiado, cuenta Fernando Díaz, vecino de Villa Luján. Dice que de inmediato comenzó a llenarse la esquina de desperdicios, y que la Municipalidad, para combatir esa práctica, puso un contenedor. “Eso fue peor porque hasta los vecinos iban a dejar bolsas con residuos ahí”, explica. “Nosotros pedimos que se lleven el contenedor y comenzamos a hacer guardia permanente. Diez o 15 vecinos con palos, día y noche, durante un mes. Los carritos llegaban a una cuadra, veían que estábamos nosotros y se iban. Nunca más volvieron a esa esquina”.

Ciudad fragmentada

Esta solución pragmática parece la única efectiva, que se sepa. Aunque sólo es para esa esquina y no resuelve los problemas de Villa Luján, un área con 80.000 habitantes y que tiene, a pocas cuadras de allí, en Don Bosco y Patricias Argentinas, un nudo eterno de basura sin resolver. “Vecinos con palos. Es como la metáfora del territorio en la ciudad fragmentada”, dice Florencia Sayago, asesora legal de la Secretaría de Medio Ambiente provincial, área que arrastra el estigma de la impotencia y la ineficacia oficial para enfrentar el problema de los basurales y del tratamiento de los residuos sólidos. Medio Ambiente es la autoridad de aplicación, es decir, la que debería obligar a municipios y comunas a cumplir con la ley 8.177, que les dio plazo hasta diciembre de 2013 para hacer un plan de erradicación de basurales. “Nunca presentaron nada. Pero controlar y multar a un municipio es bastante difícil”, dice Sayago.

Y la primera dificultad es la ley, siempre inaplicable por algún motivo. Estamos llenos de leyes. Sin ir demasiado atrás, la 8.177 derogaba las leyes 7.622 y 7.874, de 2007, y también estaba la 7.883, de ese mismo año, que prohibía el traslado de residuos sólidos en vehículos no habilitados (¿carritos? ¿Autos particulares?) y su depósito en lugares no habilitados (la vereda, la esquina, el basural). Esta última ley fue la que se modificó en 2014 para que pudiera actuar la Secretaría de Saneamiento de Alito Assán. Quedó en la ley 8.698, que debió ser modificada dos veces. Primero, porque se pretendía que la autoridad de aplicación fuera la Policía, que iba a utilizar la ley 5.140, de Contravenciones Policiales. Pero los legisladores advirtieron, después de sancionada esta nueva norma, que las contravenciones han sido declaradas inconstitucionales hace cinco años. Entonces quedó la Secretaría de Saneamiento como autoridad de aplicación. Después advirtieron que la multa de hasta 5.000 pesos era complicada y se la cambió por multa en litros de nafta (hasta 1.000 litros).

Igual, el problema era a quién multar. “Querer penalizar al carrito es lo más complicado y lo más inequitativo. Es penalizar al eslabón más débil”, dice Sayago, que cuenta que hace unos años se intentó trabajar desde Desarrollo Social con los conductores y dueños de carritos como se hizo con los cartoneros y que ese espíritu tuvieron las leyes de tratamiento de residuos. Pero los municipios y comunas no adhirieron. “Multar a un carrito es ciencia ficción. ¿Cómo harán efectiva la multa con personas que a veces ni siquiera tienen documentos?”, se pregunta.

La misma lectura tienen los funcionarios, que se confiesan impotentes frente a los carritos. “Es un problema social”, dice Assán. “Cuando la Municipalidad hizo el convenio para cambiar carritos por motocarros en comodato, el año pasado, muchos ni siquiera sabían leer y escribir. Es gente muy excluida”, cuenta Walter Berarducci, secretario de Obras y Servicios municipales, que trata de explicar las palabras de su director de Higiene, Marcelo Alonso, que hace días dijo que la Municipalidad poco podía hacer frente a lavaderos clandestinos y basurales. “Es un análisis muy corto el que hizo”, analiza Berarducci, que dice que, aunque bajaron los basurales crónicos “de 120 a 40”, el problema es muy grande: “Villa Carmela no tiene recolección y desde hace seis meses está en caos. ¿A dónde cree que va la basura de ese lugar? En carritos, a la Capital, a Campo Norte”.

Berarducci va más allá. Dice que el año pasado se censaron 460 carritos (de la Costanera, barrio Juan XXIII y otras barriadas) y que se estima que otros 460 ingresan a diario desde Los Pocitos, Banda del Río Salí, El Manantial, Alderetes, Villa Carmela... También explica que el acuerdo para cambiarlos por motocarros se “ralentizó” porque la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que tenía que poner la plata, de pronto entró en etapa de bolsillos flacos. Y sólo se habían entregado ocho motocarros.

Pero volvamos al problema. Los vecinos se quejan de los carritos. Pero a estos los contratan los mismos vecinos. Pedro Ponce, un carrero que ayer pasó por Don Bosco y Patricias Argentinas y le entregó escombros a un camión de la empresa 9 de julio que estaba levantando el basural, dice que él trabaja desde hace muchos años en esa zona. “Soy de la diagonal a Tafí Viejo pero mis clientes están acá. Siempre tienen ramas o escombros. Yo las llevo por 40 o 50 pesos”, dice. Consciente de su semimarginalidad, agrega: “nosotros no salimos a robar. Queremos trabajar y la solución sería que nos pongan un contenedor”.

La familia de Rodrigo Medina que vive en el terreno de Don Bosco al 4.000, ve el asunto mucho más complejo. “Muchos son adolescentes que vienen ‘sacados”. No se les puede decir nada. Una vez reclamamos y nos rompieron el vidrio de la camioneta”, relata. Los Medina cuidan el terreno de esa esquina, que pertenece a una familia Falivene. “Los carritos son inteligentes. No tiran en el terreno sino en la vereda y la calle. A veces no puede ni pasar el ómnibus 5”, explica.

La verdad es que ese baldío y muchos otros son limpiados casi diariamente y se vuelven a formar a las pocas horas. Marcelo, el operador de la pala mecánica que ayer limpió ese basural y los de Félix de Olazábal e Italia y Castro Barros y avenida Belgrano, dice que vuelven allí cada día por medio. “¿Sabés qué pasa? Son los planes Trabajar, que limpian y dejan bolsitas por todos lados, sin obligación de levantar, y en dos días ya se forma un basural”, define. El hombre mostró sus planillas: va cada día a 26 vaciaderos. Llena 13 camiones cada 12 horas.

¿Qué hacen los responsables? O sudan impotencia, o muestran logros efímeros, o culpan a otros, o anuncian planes. Assán enumera que limpia a diario sectores de la Autopista, el acceso por calle Jujuy, el acceso norte. Que a fuerza de multas aplicadas por Transporte logró evitar que empresas privadas sigueran tirando escombros detrás del cementerio del Norte. En Jujuy y López Mañán (entrada a barrio Diza) dice que tiene guardia permanente porque se limpia y vuelve a ensuciarse. Que espera que la Dirección del Agua limpie el canal Sur entre Alem e Independencia (lo cual no parece que vaya a ocurrir pronto).

En Yerba Buena, convertida en una especie de no lugar (al decir de Marc Augé) porque en cualquier esquina surgen basurales, nadie explica qué ocurre con la empresa La Banda que recoge mal, poco y nada los residuos. La ex jefa de Gabinete, la toledista y “sistoteranista” Dora Bianco, que anunció el año pasado un plan piloto (que algunos llamaron de basura cero) dice que se está aplicando ese programa pero que con los residuos hay limitaciones del contrato con la empresa. Añade que además Yerba Buena, con 115.000 habitantes, está sobresaturada y “encima estamos en tiempo electoral”, lo cual, a su juicio, paraliza y exacerba. Para ella, “hay conspiraciones en esto de la higiene; hay personas que tiran en la platabanda; vecinos alineados con determinados grupos”. Hasta entonces, habrá que seguir con el “no lugar” lleno de basura.

En la Capital las cosas no son mejores. Berarducci sostiene que los accesos a la ciudad le corresponden a Vialidad nacional, “que le entrega partidas a Vialidad provincial para mantenerlos limpios e iluminados”. Y el canal Sur, a la Dirección del Agua. Y a eso se agrega -dice con mea culpa- que lo que en el fondo falla es la gestión de las autoridades, sus funciones y sus roles. El director de Medio Ambiente de Tafí Viejo, Ricardo Robles, que desde hace años hace campañas con padrinos para plantar arbolitos (que después son depredados por vándalos) define que “los funcionarios no dan el ejemplo. Tienen que darlo, si no, no pueden exigir nada a la gente”.

Círculo perverso

Pero ni siquiera se trata de ejemplos sino de que en este círculo vicioso hay una estructura funcional perversa. El segundo jefe de la seccional 7a, comisario Martín Moyano, dice que por semana secuestran entre cuatro y seis carritos y detienen a 12 personas en el nudo de Don Bosco y Patricias Argentinas. “Se les cobra multa y se les devuelve el animal y el carrito. Son personas de cerca, de La Bombilla, El Sifón, que trabajan recogiendo escombros de los vecinos”, explica. Otra es la visión del carrero Pedro Ponce: “la semana pasada estuve varios días detenido porque no podía pagar los $ 150 diarios. Apenas junté para pagar la multa por el carrito, que según lo que quiera cobrar la Policía, va de 1.000 a 1.500 pesos. Y no te dan recibo”, denuncia. Es decir: se cambió la ley para que la autoridad de aplicación no fuera la Policía, pero la Policía sigue aplicando la ley de Contravenciones: entre los 900 carritos que entran por día a la ciudad, con tres personas cada uno, hay un fenomenal ingreso potencial de infractores y de divisas para la caja de cada comisaría. Al menos desde este enfoque, el problema nunca se va a solucionar. Por eso ayer en Italia y Olazábal, mientras la pala cargadora levantaba escombros, pasó un carrito con dos adolescentes que le gritaron al conductor Marcelo: “Apurate que tenemos que traer basura”. Sonó gracioso. Pero es dramático.

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