01 Abril 2014
El fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila requirió la prisión preventiva para el docente José María Augusto Barberán Montero, acusado de haber subido fotos pornográficas a internet, lo que había sido detectado por el “Bureau Federal de Investigaciones” de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés). Un familiar del detenido, en cambio, recuperó su libertad, aunque la investigación continúa en su contra.
El “Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados” del Departamento de Justicia de EEUU había sido informado por la empresa “Microsoft Corp” que había detectado que, desde la cuenta de correo electrónico [email protected], habían almacenado en skydrive 989 archivos que contenían imágenes de menores de edad en situaciones sexuales explícitas, informaron fuentes judiciales. Esa operación había ocurrido entre las 23.54 del 17 de abril de 2011, hasta las 0.17 del día siguiente.
En el expediente que lleva adelante Navarro Dávila se consigna que el FBI consultó con la empresa “Lacnic” (página en la que se registran las direcciones de internet para América Latina y el Caribe), quien informó que la dirección de IP desde la que se habían subido las imágenes de pornografía infantil, pertenecía a la empresa Telecom Argentina.
Las IP son los números de conexión que se asignan a un usuario cuando accede a la red, según explicó el fiscal cuando requirió la prisión preventiva de Barberán Montero. El informe de la empresa arrojó que las imágenes habían sido subidas desde San Miguel de Tucumán, más precisamente desde una casa ubicada en Crisóstomo Alvarez 1.569.
En Tucumán
La investigación del FBI fue presentada en la Justicia tucumana a mediados de 2012. A fines de marzo del año pasado, el fiscal allanó la vivienda de Barberán Montero, y en su dormitorio encontró una computadora y dos discos rígidos.
La división Delitos Tecnológicos de la Policía Federal fue la encargada de analizar la computadora y encontró gran cantidad de material pornográfico infantil. El imputado, explicó una fuente judicial, habría subido a skydrive las imágenes de menores de edad en situaciones sexuales.
“Skydrive forma parte de los servicios de Microsoft llamados Windows Live”, se explica en el expediente judicial. El programa permite a los usuarios subir archivos de una computadora y almacenarlos en línea (llamada nube) y acceder a ellos desde un navegador web. “El servicio permite a los usuarios compartir archivos con contactos o con el público en general”, contó una fuente de la fiscalía.
Un año más tarde de ese primer allanamiento, el fiscal repitió la medida. El 12 de marzo, Barberán Montero quedó detenido junto a su hermano, y Navarro Dávila secuestró computadoras, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, pen drives y discos rígidos.
En estos últimos, utilizando un bloqueador de escritura, detectaron que había imágenes de pornografía infantil, por lo que el fiscal entendió que la conducta de subir el material a la web se habría repetido. Su hermano, en tanto, seguirá siendo investigado para determinar si también participaba de la difusión de las fotos.
“La actividad desarrollada o cumplida por el imputado al poner el material en la web es gravemente disvaliosa, donde la globalización se ha acentuado por la aparición de herramientas que permiten la configuración de verdaderas redes delictivas”, consideró el fiscal en el requerimiento de prisión preventiva que elevó al Juzgado de Instrucción.
El “Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados” del Departamento de Justicia de EEUU había sido informado por la empresa “Microsoft Corp” que había detectado que, desde la cuenta de correo electrónico [email protected], habían almacenado en skydrive 989 archivos que contenían imágenes de menores de edad en situaciones sexuales explícitas, informaron fuentes judiciales. Esa operación había ocurrido entre las 23.54 del 17 de abril de 2011, hasta las 0.17 del día siguiente.
En el expediente que lleva adelante Navarro Dávila se consigna que el FBI consultó con la empresa “Lacnic” (página en la que se registran las direcciones de internet para América Latina y el Caribe), quien informó que la dirección de IP desde la que se habían subido las imágenes de pornografía infantil, pertenecía a la empresa Telecom Argentina.
Las IP son los números de conexión que se asignan a un usuario cuando accede a la red, según explicó el fiscal cuando requirió la prisión preventiva de Barberán Montero. El informe de la empresa arrojó que las imágenes habían sido subidas desde San Miguel de Tucumán, más precisamente desde una casa ubicada en Crisóstomo Alvarez 1.569.
En Tucumán
La investigación del FBI fue presentada en la Justicia tucumana a mediados de 2012. A fines de marzo del año pasado, el fiscal allanó la vivienda de Barberán Montero, y en su dormitorio encontró una computadora y dos discos rígidos.
La división Delitos Tecnológicos de la Policía Federal fue la encargada de analizar la computadora y encontró gran cantidad de material pornográfico infantil. El imputado, explicó una fuente judicial, habría subido a skydrive las imágenes de menores de edad en situaciones sexuales.
“Skydrive forma parte de los servicios de Microsoft llamados Windows Live”, se explica en el expediente judicial. El programa permite a los usuarios subir archivos de una computadora y almacenarlos en línea (llamada nube) y acceder a ellos desde un navegador web. “El servicio permite a los usuarios compartir archivos con contactos o con el público en general”, contó una fuente de la fiscalía.
Un año más tarde de ese primer allanamiento, el fiscal repitió la medida. El 12 de marzo, Barberán Montero quedó detenido junto a su hermano, y Navarro Dávila secuestró computadoras, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, pen drives y discos rígidos.
En estos últimos, utilizando un bloqueador de escritura, detectaron que había imágenes de pornografía infantil, por lo que el fiscal entendió que la conducta de subir el material a la web se habría repetido. Su hermano, en tanto, seguirá siendo investigado para determinar si también participaba de la difusión de las fotos.
“La actividad desarrollada o cumplida por el imputado al poner el material en la web es gravemente disvaliosa, donde la globalización se ha acentuado por la aparición de herramientas que permiten la configuración de verdaderas redes delictivas”, consideró el fiscal en el requerimiento de prisión preventiva que elevó al Juzgado de Instrucción.
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