17 Marzo 2014
El 61% de los presos no tiene condena
El director de Institutos Penales dijo que sólo pueden aplicar programas de reinserción social sobre el 39% de la población carcelaria En el sistema penitenciario hay 1.300 personas alojadas, y otras 600 estás detenidas en dependencias policiales. Más edificios.
SIN PLANES DE REINSERCIÓN SOCIAL. Casi los 2/3 de los 1.300 detenidos en las tres cárceles de Tucumán no fueron condenados por un tribunal. la gaceta / foto de JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)
El 61% de las personas que se encuentran detenidas en el Servicio Penitenciario de Tucumán no tienen condena, según los datos que suministró el director de Institutos Penales, Roberto Guyot. Son los denominados “procesados”, sobre quienes no se aplican los programas de reinserción social. “Con la persona que fue condenada sí se puede planificar”, explicó el funcionario.
En la provincia funcionan tres edificios del servicio penitenciario: Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (este último aloja a mujeres). En ellos hay unas 1.300 personas privadas de su libertad. “Estamos trabajando con los límites máximos de capacidad por lo que tuvimos que implementar sistemas de cupos”, comentó Guyot.
El sistema al que hizo mención el funcionario implica que recién al momento en que hay una vacante en el penal, una persona detenida en una comisaría es trasladada hacia allí. Sin embargo, no está claro cuál es el criterio utilizado para el traslado.
Un informe realizado el año pasado por la Fiscalía de Instrucción de la VIII° Nominación reveló que había presos que llevaban varios meses en las comisarías, porque en la cárcel les respondían que no había cupo para alojarlos.
“Necesito planificar y poder trabajar con los internos para la reinserción social. El procesado, a mi parecer, está haciendo un dispendio innecesario de recursos del Estado”, consideró Guyot.
El director de Institutos Penales afirmó que tiene que funcionar el andamiaje de la ley para que la persona, luego del delito, sea juzgada y condenada o liberada.
Además, Guyot resaltó que los jueces utilizan las teleconferencias para tener contacto con los internos. “Son contados los funcionarios y magistrados que visitan las unidades penales”, dijo.
Pese a esta afirmación, el director de Institutos Penales quiso alejarse de cualquier polémica. “Estamos trabajando bien con la Justicia. Tenemos una muy buena relación porque nos apegamos a la ley”, expresó.
En comisarías
El problema de la superpoblación carcelaria no se agota en el sistema penitenciario. Pese a la existencia de una acordada de la Corte Suprema de Justicia por la que se dispone que en las comisarías no debe haber presos, las diferentes dependencias policiales alojan a unos 600 detenidos. “Estamos excedidos”, admitió el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer.
Los edificios en los que funcionan las comisarías no fueron diseñados para el alojamiento de detenidos, dijo Hofer. “Es mucha responsabilidad para el personal policial, no sólo por la posibilidad de fuga sino porque en los horarios de visita de familiares tenemos que reforzar la seguridad por cualquier situación que pueda ocurrir”, manifestó.
El secretario de Seguridad Ciudadana coincidió con el titular de Instituto Penales en que la superpoblación carcelaria no es un problema penitenciario, sino del sistema judicial.
Según Hofer, hay una lentitud en el proceso penal, aunque admitió que los jueces están “abarrotados” de causas.
“Uno de los motivos de la superpoblación en las cárceles es la falta de políticas públicas para trabajar sobre los presos que están procesados”, dijo Hofer.
En ese sentido, el secretario de Seguridad adelantó que están diagramando un plan de reforma integral del sistema penitenciario en Tucumán. “En una primera etapa está pensada la construcción de una Alcaidía para albergar a 800 presos sin condena firme”, indicó. Este edificio sería levantado en el predio de Villa Urquiza, sobre el sector que linda con calle Catamarca. El funcionario dijo que antes de 2016 podría estar terminado.
La segunda etapa sería la construcción de un moderno edificio penitenciario. Hofer dijo que están estudiando el lugar donde se levantarían los cimientos.
“El objetivo es establecer nuevas instalaciones, clasificación de internos y un sistema automático de educación en contexto de encierro”, manifestó el secretario.
La reinserción
En materia de reinserción social, Guyot aseguró que los condenados, cuando recuperan la libertad, se adecuan a las normas sociales. Hofer, en tanto, dijo lo contrario. “El sistema penitenciario perfecciona la capacidad delictiva de los que están privados de la libertad”, disparó el secretario de Seguridad. “No se reinsertan porque no hay políticas públicas diferentes”, aclaró.
Según Hofer, tanto el gobierno nacional como el provincial brindan resortes sociales que pueden servir de ayuda para que los internos puedan adaptarse a la vida libre en sociedad.
Como ejemplos, mencionó la “Asignación Universal por Hijo” y el programa “Argentina Trabaja”. “No hay que pensar que las condenas más duras o una mayor cantidad de policías combatiendo el delito van a mejorar los niveles de seguridad”, sostuvo.
En la provincia funcionan tres edificios del servicio penitenciario: Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (este último aloja a mujeres). En ellos hay unas 1.300 personas privadas de su libertad. “Estamos trabajando con los límites máximos de capacidad por lo que tuvimos que implementar sistemas de cupos”, comentó Guyot.
El sistema al que hizo mención el funcionario implica que recién al momento en que hay una vacante en el penal, una persona detenida en una comisaría es trasladada hacia allí. Sin embargo, no está claro cuál es el criterio utilizado para el traslado.
Un informe realizado el año pasado por la Fiscalía de Instrucción de la VIII° Nominación reveló que había presos que llevaban varios meses en las comisarías, porque en la cárcel les respondían que no había cupo para alojarlos.
“Necesito planificar y poder trabajar con los internos para la reinserción social. El procesado, a mi parecer, está haciendo un dispendio innecesario de recursos del Estado”, consideró Guyot.
El director de Institutos Penales afirmó que tiene que funcionar el andamiaje de la ley para que la persona, luego del delito, sea juzgada y condenada o liberada.
Además, Guyot resaltó que los jueces utilizan las teleconferencias para tener contacto con los internos. “Son contados los funcionarios y magistrados que visitan las unidades penales”, dijo.
Pese a esta afirmación, el director de Institutos Penales quiso alejarse de cualquier polémica. “Estamos trabajando bien con la Justicia. Tenemos una muy buena relación porque nos apegamos a la ley”, expresó.
En comisarías
El problema de la superpoblación carcelaria no se agota en el sistema penitenciario. Pese a la existencia de una acordada de la Corte Suprema de Justicia por la que se dispone que en las comisarías no debe haber presos, las diferentes dependencias policiales alojan a unos 600 detenidos. “Estamos excedidos”, admitió el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer.
Los edificios en los que funcionan las comisarías no fueron diseñados para el alojamiento de detenidos, dijo Hofer. “Es mucha responsabilidad para el personal policial, no sólo por la posibilidad de fuga sino porque en los horarios de visita de familiares tenemos que reforzar la seguridad por cualquier situación que pueda ocurrir”, manifestó.
El secretario de Seguridad Ciudadana coincidió con el titular de Instituto Penales en que la superpoblación carcelaria no es un problema penitenciario, sino del sistema judicial.
Según Hofer, hay una lentitud en el proceso penal, aunque admitió que los jueces están “abarrotados” de causas.
“Uno de los motivos de la superpoblación en las cárceles es la falta de políticas públicas para trabajar sobre los presos que están procesados”, dijo Hofer.
En ese sentido, el secretario de Seguridad adelantó que están diagramando un plan de reforma integral del sistema penitenciario en Tucumán. “En una primera etapa está pensada la construcción de una Alcaidía para albergar a 800 presos sin condena firme”, indicó. Este edificio sería levantado en el predio de Villa Urquiza, sobre el sector que linda con calle Catamarca. El funcionario dijo que antes de 2016 podría estar terminado.
La segunda etapa sería la construcción de un moderno edificio penitenciario. Hofer dijo que están estudiando el lugar donde se levantarían los cimientos.
“El objetivo es establecer nuevas instalaciones, clasificación de internos y un sistema automático de educación en contexto de encierro”, manifestó el secretario.
La reinserción
En materia de reinserción social, Guyot aseguró que los condenados, cuando recuperan la libertad, se adecuan a las normas sociales. Hofer, en tanto, dijo lo contrario. “El sistema penitenciario perfecciona la capacidad delictiva de los que están privados de la libertad”, disparó el secretario de Seguridad. “No se reinsertan porque no hay políticas públicas diferentes”, aclaró.
Según Hofer, tanto el gobierno nacional como el provincial brindan resortes sociales que pueden servir de ayuda para que los internos puedan adaptarse a la vida libre en sociedad.
Como ejemplos, mencionó la “Asignación Universal por Hijo” y el programa “Argentina Trabaja”. “No hay que pensar que las condenas más duras o una mayor cantidad de policías combatiendo el delito van a mejorar los niveles de seguridad”, sostuvo.
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