Industriales tucumanos deben responder por contaminación

Empresarios del azúcar y del citrus tienen que presentarse desde hoy en Santiago. Referentes de la industria de nuestra provincia deberán responder a una indagatoria por desechos en la cuenca Salí-Dulce.

QUEJA CRÓNICA. Los santiagueños objetan que las industrias tucumanas arrojen residuos tóxicos al río Salí.   GENTIEZA SERGIO ARIEL GARCIA (ARCHIVO) QUEJA CRÓNICA. Los santiagueños objetan que las industrias tucumanas arrojen residuos tóxicos al río Salí. GENTIEZA SERGIO ARIEL GARCIA (ARCHIVO)
04 Marzo 2013
Industriales tucumanos acusados por el vuelco de desechos tóxicos en la cuenca Salí-Dulce serán indagados esta semana en Santiago del Estero. Así lo confirmó el juez federal de instrucción local, Guillermo Molinari, quien ratificó la competencia federal y territorial de la provincia de la provincia vecina para intervenir en la tramitación de las actuaciones, en el expediente 4.166/09, por la contaminación del embalse Río Hondo.

Según destaca el matutino santiagueño "El Liberal", el expediente se inició con la denuncia interpuesta por el ex intendente de Las Termas de Río Hondo, Luis Saleme, por el supuesto delito de envenenamiento de aguas del embalse de Río Hondo.

El juez Molinari ratificó la fecha de indagatoria de los imputados; José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA) y Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina) para hoy; Miguel Ángel González y Julio José Colombres (presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán) para mañana; Mario Rubén Menéndez (Litoral Citrus) y Catalina Inés Lonac (miembro del Grupo Los Balcanes, propietario de tres ingenios) para el miércoles; y Santiago Daniel Gasep (Azucarera del Sur SRL) y Jorge Alberto Rocchia Ferro (titular del Grupo Los Balcanes), el jueves de esta semana.

La defensa de Colombres formuló un planteo de incompetencia a la Justicia Federal de Santiago del Estero, al tiempo que el juez federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, presentó una inhibitoria, sostenida por la regla "del lugar de comisión del delito" que determina la competencia territorial. No obstante, el Ministerio Público advirtió que en materia de medio ambiente, cuyo bien jurídico es proteger la salud pública, "la regla aludida deviene en insuficiente" y subrayó que el lugar de emisión del delito "tiene que ser forzosamente donde se haya producido el daño por el contacto con la sustancia contaminante".

"La radicación de la causa en el juez del lugar donde se producen las mayores manifestaciones del daño ambiental y contaminante resulta ser más eficaz y efectiva para la investigación e instrucción de los hechos objeto de la investigación". En mérito a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, el juez Molinari rechazó el planteo de incompetencia reformulado por Poviña y la inhibitoria, y elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelación de Tucumán.

Industriales azucareros consultados por LA GACETA se mostraron tranquilos frente a la nueva etapa judicial que los involucra. "El trámite se inició en 2009, y desde esa fecha se hicieron muchísimas inversiones para cuidar el medio ambiente", observó un empresario.

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