05 Noviembre 2012 Seguir en 
Tras la reforma política impulsada por el kirchnerismo en 2009, de los 30 partidos reconocidos por la Justicia Electoral Nacional (JEN) en Tucumán quedaron en pie 19. Sin embargo, esa purga no acabó con la reticencia de buena parte de la dirigencia a dar detalles del uso que dieron a los fondos públicos que les proporcionó el Estado: al menos 12 agrupaciones locales fueron sancionadas por la Cámara Nacional Electoral.
Las fuerzas con reconocimiento ante la JEN pueden proponer candidatos para cargos nacionales, y tanto oficialistas como opositores figuran en el listado de penados. En todos los casos, las sanciones fueron impuestas por no cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 26.215 (de financiamiento de los Partidos Políticos). Como la Nación les aporta recursos para su desenvolvimiento institucional y para afrontar una campaña electoral, los responsables de las fuerzas políticas tienen la obligación de rendir cuenta del destino que dieron a los dineros públicos.
Impulsada tras los cacerolazos de diciembre de 2001, la Ley 25.600 fue sancionada en el afán de hacer más transparente la actividad política. Sin embargo, fue modificada dos años después por la Ley 26.215, que eliminó la prohibición de los partidos objetados para presentar candidaturas. De hecho, todas las fuerzas multadas participaron activamente de los comicios presidenciales y legislativos del año pasado.
En la grilla de sancionados de la Cámara Nacional Electoral -actualizada a septiembre pasado- hay agrupaciones con multas impuestas en 2003 y que nunca fueron regularizadas. Por ejemplo, el distrito local de la Unión Cívica Radical. La UCR aparece en el informe oficial con cinco penas: cuatro por no presentar los balances anuales de 2003, 2007, 2008 y 2009; y la restante por no informar sobre el uso de los recursos de la campaña legislativa de 2005. La Democracia Cristiana, por caso, tiene dos multas: por un balance (2008) y por un informe de la elección presidencial de 2007. Libres del Sur tiene 11 penas, y figura al tope de los incumplidos. Le sigue Fuerza Republicana, con ocho sanciones. El socialismo, que el año pasado finalizó segundo en los comicios de octubre, adeuda el balance del Fondo Partidario Permanente de 2010 y un informe previo a la elección presidencial de 2007, primer triunfo de Cristina Fernández de Kirchner.
El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) es otra de las expresiones más incumplidas: debe cuatro rendiciones de cuenta anuales y dos informes de los gastos incurridos en la campaña electoral: los de 2007 y la última, correspondiente a octubre del año pasado.
En la nómina también aparecen partidos que, para adecuarse a la exigencia de contar con 4.000 fichas de afiliados como mínimo, optaron por fusionarse con otras expresiones. Sin embargo, nunca regularizaron la mora ante la Cámara Nacional Electoral. Por ejemplo, Bandera Blanca, el Partido Laborista, Acción Provinciana y Recrear. También aparecen expresiones ya declaradas caducas: Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo y Partido Humanista, entre otras.
Las fuerzas con reconocimiento ante la JEN pueden proponer candidatos para cargos nacionales, y tanto oficialistas como opositores figuran en el listado de penados. En todos los casos, las sanciones fueron impuestas por no cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 26.215 (de financiamiento de los Partidos Políticos). Como la Nación les aporta recursos para su desenvolvimiento institucional y para afrontar una campaña electoral, los responsables de las fuerzas políticas tienen la obligación de rendir cuenta del destino que dieron a los dineros públicos.
Impulsada tras los cacerolazos de diciembre de 2001, la Ley 25.600 fue sancionada en el afán de hacer más transparente la actividad política. Sin embargo, fue modificada dos años después por la Ley 26.215, que eliminó la prohibición de los partidos objetados para presentar candidaturas. De hecho, todas las fuerzas multadas participaron activamente de los comicios presidenciales y legislativos del año pasado.
En la grilla de sancionados de la Cámara Nacional Electoral -actualizada a septiembre pasado- hay agrupaciones con multas impuestas en 2003 y que nunca fueron regularizadas. Por ejemplo, el distrito local de la Unión Cívica Radical. La UCR aparece en el informe oficial con cinco penas: cuatro por no presentar los balances anuales de 2003, 2007, 2008 y 2009; y la restante por no informar sobre el uso de los recursos de la campaña legislativa de 2005. La Democracia Cristiana, por caso, tiene dos multas: por un balance (2008) y por un informe de la elección presidencial de 2007. Libres del Sur tiene 11 penas, y figura al tope de los incumplidos. Le sigue Fuerza Republicana, con ocho sanciones. El socialismo, que el año pasado finalizó segundo en los comicios de octubre, adeuda el balance del Fondo Partidario Permanente de 2010 y un informe previo a la elección presidencial de 2007, primer triunfo de Cristina Fernández de Kirchner.
El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) es otra de las expresiones más incumplidas: debe cuatro rendiciones de cuenta anuales y dos informes de los gastos incurridos en la campaña electoral: los de 2007 y la última, correspondiente a octubre del año pasado.
En la nómina también aparecen partidos que, para adecuarse a la exigencia de contar con 4.000 fichas de afiliados como mínimo, optaron por fusionarse con otras expresiones. Sin embargo, nunca regularizaron la mora ante la Cámara Nacional Electoral. Por ejemplo, Bandera Blanca, el Partido Laborista, Acción Provinciana y Recrear. También aparecen expresiones ya declaradas caducas: Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo y Partido Humanista, entre otras.
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