El PE lleva al recinto su proyecto de "Prostíbulos Cero"

Esta vez no quiso dejar lugar a dobles interpretaciones. Ayer, pasado el mediodía, por mesa de entradas del Poder Legislativo ingresó el proyecto de ley "Prostíbulos Cero" firmado, precisamente, por el gobernador, José Alperovich.

La polémica había amenazado con instalarse otra vez en el oficialismo parlamentario. El martes por la noche, el legislador de La Cámpora, Jesús Salim, presentó un proyecto con la finalidad de legislar el cierre de los prostíbulos. Semanas antes, el kirchnerista había anunciado la iniciativa acompañado de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón.

Días después, el propio mandatario anticipó que se legislaría sobre la materia. Y entre el miércoles y el jueves apretó el acelerador para que el tema sea abordado la próxima semana, en sesión. A tal punto llegó el involucramiento del titular del Poder Ejecutivo en la temática que el propio Salim fue invitado al despacho gubernamental el miércoles, antes de viajar a La Rioja para participar del Parlamento del NOA.

A solas, el gobernador le habría recriminado al referente camporista que se haya "cortado solo". Directamente, Alperovich le pidió a Salim que antes de avanzar con iniciativas le consulte a él, sin recurrir a "intermediarios". Después de esa charla, Alperovich formalizó la intención del Gobierno mediante un proyecto de ley de similares características al camporista e, incluso, de parecida redacción en su articulado.

Características
En el artículo primero, el proyecto del Gobierno prohíbe en Tucumán la "instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación -de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos y/o locales de alterne, abiertos al público o de acceso al público".

También, la iniciativa de la Casa de Gobierno dispone la inmediata clausura y cierre definitivo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, de los locales comprendidos en el artículo primero. No obstante, deja el procedimiento de clausura para ser regulado mediante un decreto reglamentario.

El proyecto deroga incisos de la inconstitucional Ley de Contravenciones Policiales para agravar las penas (pasa de 30 a 60 días de arresto) y quitar la posibilidad del pago de una multa para eximir del arresto a los propietarios o encargados de los locales prohibidos.

El artículo cuarto del proyecto oficial es prácticamente idéntico al artículo nueve del texto camporista. "En todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la presente ley, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria. Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiéndoles brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes", reza la iniciativa del gobernador. "En todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la presente ley, se deberán resguardar de manera íntegra los derechos de las personas que se encuentren en el lugar", encabeza, a su vez, el documento impulsado por La Cámpora.

También hay diferencias entre las iniciativas. El camporismo propone la creación del "Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y Trata de Personas", como un ente autárquico. En cambio, el alperovichismo propone conformación de la "Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual" cuya integración, funciones y atribuciones, serán dispuestas por vía reglamentaria. Finalmente, el PE quiere que el Ministerio de Desarrollo Social asista integralmente a las víctimas de trata.

En La Cámpora interpretan que el objetivo está cumplido: instalaron el debate, más allá de que el proyecto que llegue al recinto sea el del Gobierno. Lo que aún no definió el movimiento kirchnerista es si votará en favor del texto oficial en la próxima sesión.