Por Roberto Delgado
29 Mayo 2012
La idea de que la visión militar es la adecuada para dar seguridad a una sociedad civil (concepto que, al parecer, no fue profundamente discutido, atendiendo lo que le ha ocurrido a este país) está en el fondo del escándalo del ex capitán Fernando Chaín. El hombre está siendo enjuiciado en Salta por delitos de lesa humanidad y trabajaba desde hace ocho años en el área Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Ciudadana de la provincia.
Más allá de la polvareda que levantó (y que obligó al gobernador José Alperovich a dar confusas explicaciones), no parece advertirse que esa visión militar domina el pensamiento policial sobre la seguridad: desde el verticalismo brutal que tiende a convertir a los agentes de calle en brutales autómatas de lo que ordenan los comisarios (y no analistas de lo que pasa en el barrio y de las inquietudes de los vecinos) hasta el concepto de que la seguridad ciudadana no es asunto civil y que, más aún, requiere autonomía policial, a tal punto que no hace falta saber qué hace el policía, mientras sea funcional al poder político. Por ello es que al comienzo mismo de la gestión alperovichista se eliminó la propuesta de crear una oficina de Asuntos Internos y cada vez que hay escándalos por denuncias se apuesta al concepto de que son "episodios aislados" que la misma fuerza policial, por sí sola, puede depurar. Desde las semanales denuncias por brutalidad policial en los operativos del IPLA hasta otras más serias como las de personas detenidas que dicen haber sido picaneadas (LA GACETA, 4/3) o aberraciones como la denuncia de violación a un travesti sumada al encierro de un taxista en un calabozo inmundo en la seccional 2° (25/4), las cuales no movilizaron una actuación inmediata de la Justicia, en la creencia de que la Policía investiga y resuelve por sí misma las desviaciones.
Es que acá el control de gestión (que, repitamos, estaba en manos del ex militar hoy enjuiciado por delitos de lesa humanidad) sólo se hace cuando estallan los escándalos. Nadie ha debatido públicamente la ley contra la tortura que sancionó la Legislatura hace dos meses (no sabemos si es buena ni mala y no ha sido reglamentada) y ahora saltan las puntas de una polémica política por los proyectos de Ley de Contravenciones propuestos, que llegan al menos dos años tarde, ya que la Ley vigente está declarada inconstitucional desde 2010. Son sólo puntas de una polémica, porque hasta ahora ninguna organización de la sociedad civil ha sido invitada a aportar ideas al respecto.
Es que subyace el concepto militar de que la ley de Contravenciones sirve para evitar males mayores: se cree que si se castiga con severidad una falta menor, se ahuyentará un delito, aunque nos olvidamos (o no queremos saber) de las injusticias que se cometen en busca de ese supuesto beneficio social; que detengan y castiguen (o torturen) a inocentes sospechados de culpables por parte de un policía acostumbrado a actuar sin que nadie lo controle. Tras décadas de aplicación de este método, no estamos en un mundo más seguro.
El escándalo Chaín es una muestra de una sociedad civil que no abrió los ojos ante una rémora de la democracia que deja la seguridad bajo una visión autoritaria. En los años 60 un experimento de psicología social de Stanley Milgram -mostrado muy expresivamente en la película "I, como Ícaro", de 1979- estudiaba los comportamientos de la gente ante la violencia: participaban en una prueba (simulada, pero no lo sabían) en la que hacían de maestros y aplicaban electricidad en aumento a un alumno cuando respondía erróneamente. Todo bajo la guía de un científico -supuesta autoridad- que les decía "continúe". Solamente cuando el alumno gritaba fuerte, al recibir 150 voltios, algunos participantes se planteaban si estaba bien o mal esta práctica. Y el 50% de los maestros llegaba a los 450 voltios, sólo porque la autoridad les decía "continúe". ¿Cuántos voltios soportaremos ver nosotros hasta debatir en serio la cuestión seguridad/inseguridad?
Más allá de la polvareda que levantó (y que obligó al gobernador José Alperovich a dar confusas explicaciones), no parece advertirse que esa visión militar domina el pensamiento policial sobre la seguridad: desde el verticalismo brutal que tiende a convertir a los agentes de calle en brutales autómatas de lo que ordenan los comisarios (y no analistas de lo que pasa en el barrio y de las inquietudes de los vecinos) hasta el concepto de que la seguridad ciudadana no es asunto civil y que, más aún, requiere autonomía policial, a tal punto que no hace falta saber qué hace el policía, mientras sea funcional al poder político. Por ello es que al comienzo mismo de la gestión alperovichista se eliminó la propuesta de crear una oficina de Asuntos Internos y cada vez que hay escándalos por denuncias se apuesta al concepto de que son "episodios aislados" que la misma fuerza policial, por sí sola, puede depurar. Desde las semanales denuncias por brutalidad policial en los operativos del IPLA hasta otras más serias como las de personas detenidas que dicen haber sido picaneadas (LA GACETA, 4/3) o aberraciones como la denuncia de violación a un travesti sumada al encierro de un taxista en un calabozo inmundo en la seccional 2° (25/4), las cuales no movilizaron una actuación inmediata de la Justicia, en la creencia de que la Policía investiga y resuelve por sí misma las desviaciones.
Es que acá el control de gestión (que, repitamos, estaba en manos del ex militar hoy enjuiciado por delitos de lesa humanidad) sólo se hace cuando estallan los escándalos. Nadie ha debatido públicamente la ley contra la tortura que sancionó la Legislatura hace dos meses (no sabemos si es buena ni mala y no ha sido reglamentada) y ahora saltan las puntas de una polémica política por los proyectos de Ley de Contravenciones propuestos, que llegan al menos dos años tarde, ya que la Ley vigente está declarada inconstitucional desde 2010. Son sólo puntas de una polémica, porque hasta ahora ninguna organización de la sociedad civil ha sido invitada a aportar ideas al respecto.
Es que subyace el concepto militar de que la ley de Contravenciones sirve para evitar males mayores: se cree que si se castiga con severidad una falta menor, se ahuyentará un delito, aunque nos olvidamos (o no queremos saber) de las injusticias que se cometen en busca de ese supuesto beneficio social; que detengan y castiguen (o torturen) a inocentes sospechados de culpables por parte de un policía acostumbrado a actuar sin que nadie lo controle. Tras décadas de aplicación de este método, no estamos en un mundo más seguro.
El escándalo Chaín es una muestra de una sociedad civil que no abrió los ojos ante una rémora de la democracia que deja la seguridad bajo una visión autoritaria. En los años 60 un experimento de psicología social de Stanley Milgram -mostrado muy expresivamente en la película "I, como Ícaro", de 1979- estudiaba los comportamientos de la gente ante la violencia: participaban en una prueba (simulada, pero no lo sabían) en la que hacían de maestros y aplicaban electricidad en aumento a un alumno cuando respondía erróneamente. Todo bajo la guía de un científico -supuesta autoridad- que les decía "continúe". Solamente cuando el alumno gritaba fuerte, al recibir 150 voltios, algunos participantes se planteaban si estaba bien o mal esta práctica. Y el 50% de los maestros llegaba a los 450 voltios, sólo porque la autoridad les decía "continúe". ¿Cuántos voltios soportaremos ver nosotros hasta debatir en serio la cuestión seguridad/inseguridad?
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