Por Juan Manuel Montero
25 Mayo 2012
"Res non verba". La traducción es simple: "Hechos, no palabras". Juan Domingo Perón le dio un giro propio: "mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar". ¿La variante en Tucumán es "estamos trabajando fuerte"?
El gobierno de José Alperovich se jacta de que a partir de su administración para entrar a la Policía hay que rendir duros exámenes. La experiencia no es buena. El 15 de mayo de 2007 el funcionario encargado de preparar, coordinar y decidir el ingreso de aspirantes a la Policía fue lapidario: "los resultados que se consiguieron son muy pobres. Se los puede considerar catastróficos. No pueden resolver problemas elementales". Esta persona que con tanta rectitud y preparación vertía conceptos acerca del personal que se postulaba para cuidar a los tucumanos es Fernando Antonio Chaín, quien desde el lunes está siendo juzgado en Salta por crímenes de lesa humanidad. Él ocupaba un cargo clave dentro del ministerio que comanda Mario López Herrera: subsecretario de Control de Gestión. Esta dependencia está a cargo, entre otras cosas, de "asistir al Ministro de Seguridad Ciudadana en la producción de información y en las actividades de inteligencia que compete a las Fuerzas Policiales", según la propia página del gobierno. Si, leyó bien. El ex militar Chaín, acusado por la desaparición del conscripto Víctor Brizzi, era uno de los cerebros detrás del D2 (Departamento Informaciones Policiales), el área que debería estar encargada del seguimiento de los asaltantes y de desbaratar planes delictivos en la provincia. En una época oscura el D2 recolectaba la información sobre "el enemigo". Sus hombres eran los encargados de "marcar" y ya sabemos lo que luego sucedería con los apuntados. Aún hoy, a casi 30 años del regreso de la democracia en Argentina, investigan a gremialistas, periodistas y políticos no oficialistas y se infiltran en marchas y manifestaciones. Claro, sus estrategias las planificaba, entre otros, Chaín. Alperovich dijo ayer que él no sabía que su ahora ex funcionario había sido parte de la dictadura. Tal vez no recuerda el gobernador que -hace cuatro años- otro de sus funcionarios que en ese momento estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, luego pasó por la Defensoría del Pueblo y hoy ocupa un alto cargo en la Justicia se lo había advertido.
Chaín renunció el martes a la noche. Casi 48 horas después de que se inició el juicio en su contra. ¿En el Ministerio nadie sabía que él iba a se juzgado nada menos que por delitos de lesa humanidad? También, y para intentar despegarse, desde el PE dijeron que el ex militar "venía ocupando el puesto desde la gestión anterior, la de Pablo Baillo", quien renunció al cargo tras el asesinato de Paulina Lebbos. Eso sí, nada dijeron acerca de que todos los actuales funcionarios, incluido López Herrera, ya estaban cuando Baillo (otro ex funcionario bussista) era ministro.
En el medio tenemos legisladores, aparentemente del mismo signo político, que se pelean vía Twitter por ver quién es el padre de la próxima ley de contravenciones pero que, al menos en una de las propuestas, dejan incólume el artículo 88 que indica: "serán sancionados con multa o arresto los que merodearen edificios o vehículos, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos". Es decir, detención por portación de cara. Es la manera de "prevenir" de la Policía de Tucumán. Así se trata la seguridad en la provincia. Mark Twain lo graficó en forma casi inmejorable: "es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, que abrirla y disipar la duda".
El gobierno de José Alperovich se jacta de que a partir de su administración para entrar a la Policía hay que rendir duros exámenes. La experiencia no es buena. El 15 de mayo de 2007 el funcionario encargado de preparar, coordinar y decidir el ingreso de aspirantes a la Policía fue lapidario: "los resultados que se consiguieron son muy pobres. Se los puede considerar catastróficos. No pueden resolver problemas elementales". Esta persona que con tanta rectitud y preparación vertía conceptos acerca del personal que se postulaba para cuidar a los tucumanos es Fernando Antonio Chaín, quien desde el lunes está siendo juzgado en Salta por crímenes de lesa humanidad. Él ocupaba un cargo clave dentro del ministerio que comanda Mario López Herrera: subsecretario de Control de Gestión. Esta dependencia está a cargo, entre otras cosas, de "asistir al Ministro de Seguridad Ciudadana en la producción de información y en las actividades de inteligencia que compete a las Fuerzas Policiales", según la propia página del gobierno. Si, leyó bien. El ex militar Chaín, acusado por la desaparición del conscripto Víctor Brizzi, era uno de los cerebros detrás del D2 (Departamento Informaciones Policiales), el área que debería estar encargada del seguimiento de los asaltantes y de desbaratar planes delictivos en la provincia. En una época oscura el D2 recolectaba la información sobre "el enemigo". Sus hombres eran los encargados de "marcar" y ya sabemos lo que luego sucedería con los apuntados. Aún hoy, a casi 30 años del regreso de la democracia en Argentina, investigan a gremialistas, periodistas y políticos no oficialistas y se infiltran en marchas y manifestaciones. Claro, sus estrategias las planificaba, entre otros, Chaín. Alperovich dijo ayer que él no sabía que su ahora ex funcionario había sido parte de la dictadura. Tal vez no recuerda el gobernador que -hace cuatro años- otro de sus funcionarios que en ese momento estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, luego pasó por la Defensoría del Pueblo y hoy ocupa un alto cargo en la Justicia se lo había advertido.
Chaín renunció el martes a la noche. Casi 48 horas después de que se inició el juicio en su contra. ¿En el Ministerio nadie sabía que él iba a se juzgado nada menos que por delitos de lesa humanidad? También, y para intentar despegarse, desde el PE dijeron que el ex militar "venía ocupando el puesto desde la gestión anterior, la de Pablo Baillo", quien renunció al cargo tras el asesinato de Paulina Lebbos. Eso sí, nada dijeron acerca de que todos los actuales funcionarios, incluido López Herrera, ya estaban cuando Baillo (otro ex funcionario bussista) era ministro.
En el medio tenemos legisladores, aparentemente del mismo signo político, que se pelean vía Twitter por ver quién es el padre de la próxima ley de contravenciones pero que, al menos en una de las propuestas, dejan incólume el artículo 88 que indica: "serán sancionados con multa o arresto los que merodearen edificios o vehículos, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos". Es decir, detención por portación de cara. Es la manera de "prevenir" de la Policía de Tucumán. Así se trata la seguridad en la provincia. Mark Twain lo graficó en forma casi inmejorable: "es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, que abrirla y disipar la duda".
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