Amayistas vuelven a hablar de una Policía Municipal

En medio de la polémica y de las críticas de sectores de la oposición hacia la política de seguridad del Gobierno provincial, el amayismo reflotó una vieja idea: crear una policía municipal, que dependa directamente del intendente, Domingo Amaya.

Las constantes denuncias de vecinos y los hechos de violencia que se registran a diario en los barrios de la capital habrían motivado -a juzgar por sus dichos- al concejal amayista Germán Alfaro a presentar un proyecto de ordenanza para crear esta fuerza paralela que pretende contar con casi las mismas facultades que la Policía provincial.

Mientras los concejales debatían el aumento el cospel, Alfaro brindó una improvisada conferencia de prensa para explicar los pormenores de la iniciativa, al tiempo que cuestionó la política de seguridad que lleva a cabo el ministro del área, Mario López Herrera.

"De los problemas hay que hacerse cargo y la seguridad es un problema. No hay tucumano que no observe las falencias de seguridad en la provincia, por lo que aporté esta propuesta para que sea debatida. No obstante, puede ser corregida o suprimida", sostuvo el ex diputado nacional.

Alfaro defendió su proyecto al expresar que la creación de la Policía Municipal "es necesaria". "Tenemos que recuperar la presencia del Estado dentro de la ciudad, a través del control, la educación, la aplicación de las normas municipales vigentes. Desde los municipios se deben crear las condiciones para que el ciudadano tenga seguridad. Es fundamental que retorne la figura del rondín. Debe haber un policía cuidando en cada una de las manzanas", resumió Alfaro, hombre de confianza del intendente Amaya.

Precisamente, al ser consultado sobre el tema, el jefe municipal se despegó de la iniciativa de su escudero y prefirió no opinar. "Es un proyecto de él (por Alfaro), hay que preguntárselo a él. Nosotros no manejamos la política de seguridad, eso es nacional y provincial", respondió escuetamente el jefe municipal.

El antecedente

Un proyecto similar había sido presentado por el radical José Luis Avignone en 2007, pero no prosperó a raíz de que, según lo establece la Constitución Nacional, los municipios no pueden legislar en materia de seguridad.

La Carta Magna reafirma la competencia exclusiva del Estado nacional y de los estados provinciales en materia de seguridad pública. Por ello, ningún municipio del país cuenta con fuerzas policiales represivas. La situación de Capital Federal es diferente porque, tras la reforma de 1994, adquirió el rango de ciudad autónoma (equiparable a una provincia). Ese año, Avignone había propuesto que, hasta tanto se resuelvan los impedimentos legales para que el municipio cuente con una policía propia, el Gobierno cree un destacamento policial permanente asignado a la capital, con 300 agentes al servicio del intendente.