26 Febrero 2012
juan jose valle y aramburu
Me permito respetuosamente disentir con la carta del 23/02/12, en la cual el lector Antonio Farías manifiesta que el cambio del nombre de la escuela Pedro E. Aramburu por la de Gral. Juan José Valle "es sólo la ostentación del poder político de los gobiernos de turno que se identificaban con estos dos generales que representan posiciones antagónicas en la Revolución de 1955, ahondando la división de la sociedad mediante la lucha armada". En primer lugar, es un despropósito pretender equiparar a un militar golpista y reaccionario con militares patriotas que lo único que pretendieron era restablecer el orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. En segundo lugar, la ley 8.463 no fue producto de la fragmentada visión de una mayoría circunstancial, fue votada por todo al arco opositor (con la sola oposición del legislador Bussi), por entender que era una forma de reivindicar la verdad histórica y la auténtica conciencia nacional. Queremos sí la convivencia, pero una convivencia limpia y sin traumas, desintoxicar la política nacional y clarificarla como punto de partida para la recuperación espiritual (como expresaba Salvador Ferla). En relación a buscar un nombre perteneciente a la comunidad, creo que, sin desmerecer la idea, era imperioso que años de ignominia fueran reparados de forma ejemplarizadora, considerando que los tucumanos somos también parte importante de esta historia común y colectiva. Resulta sintomático que hoy se propongan estas iniciativas mientras nadie se acordaba de ello cuando la escuela llevaba el nombre de un dictador que encabezó uno de los gobiernos más sangrientos y antipopulares de los que tengamos memoria. Si con la sangre de los 27 fusilados del 9 de junio de 1956 aquel gobierno de la revolución fusiladora quiso provocar un escarmiento, los argentinos (y los tucumanos) con conciencia democrática debemos propiciar la reivindicación de quienes ofrendaron su vida por un ideal democrático, de justicia y paz. Compartimos con Felipe Pigna que es trascendente que las nuevas generaciones sepan, conozcan aquella historia, puedan vivir, pensar y proyectarse en un país en que los mártires reciban el largamente esperado y postergado homenaje de una patria libre y justa para todos y los verdugos reciban su justa condena histórica y social. Esos fueron humildemente los móviles que animaron el proyecto que presentamos conjuntamente con el legislador Marcelo Ditinis.
Ramiro González Navarro
Legislador Provincial
ley de 4 am y brutalidad policial
El 12 de febrero a la madrugada se realizó el operativo "Ciudad Segura" en distintos lugares. No fue un operativo "anti-after" por la ley de las 4 AM, ni para controlar la venta de alcohol: sólo fue un abuso más del poder de la fusión de la Policía con el IPLA. Esa noche estábamos en una fiesta en Yerba Buena cuando el operativo interrumpió, alrededor de la 1.30, argumentando sin ninguna prueba que era un "after" y que debíamos abandonar la casa, movilizando a gran cantidad de oficiales e inspectores del IPLA. Sitiaron la manzana, impidieron el paso de los invitados que querían llegar a la fiesta, empujaron a la gente con garrotes y amenazaron a los invitados. Desalojaron a los jóvenes de una propiedad privada, tratándolos como delincuentes, cortando la luz y rodeándolos con cordón policial, con armas en alza. Es una imagen que nos remonta a la dictadura militar, más que al proceder de un Estado democrático, que lo que busca es nuestra seguridad para que no haya más casos como el de Paulina Lebbos. Consideramos que la ley 4M es un mamarracho, que consiguió no sólo que todo lo que pase después de las 4 sea ilegal, sino que también nos deja a esa hora de la madrugada, cuando todo cierra, en la calle, sin transporte público, quedando la gente de todas las edades varada en la oscuridad de la noche. ¿De qué nos protege entonces esta ley? De nada. Consideramos que el resultado de una ley que pretende controlar el consumo y la venta de alcohol y los horarios de las actividades culturales y recreativas debería surgir de la convivencia intergeneracional, compatibilizando descanso de los vecinos y diversión de jóvenes y no tan jóvenes, teniendo como prioridad la seguridad de toda la comunidad. "Un turista se queda sin música, teatro, bares ni restaurantes a las 2 o antes -hora en que empiezan a cerrar las cocinas- pero los prostíbulos y las salas de juego abren las 24 horas y muy bien custodiados por nuestra Policía" (Federico Türpe, LA GACETA 11/02/12).
Luisina Gerber Benito
Lynch 3.408
San Miguel de Tucumán
las dietas de los legisladores
Criticar el aumento de las dietas de los legisladores es ingenuo si tomamos en cuenta noticias que dicen que los "gastos sociales" que perciben son muy superiores a las dietas, algo que ninguno de los beneficiarios difunde. Los legisladores, oficialistas y opositores, son las dos caras de la misma moneda.
Ramón Eudal
Pasaje García 1257
San Miguel de Tucumán
todos los ojos de pepe
Pepe, como le decía el general ambiguo (no lo niego ni lo afirmo) ya se había puesto 38 pares de ojos. Todos oscuros. Asusta. Es un monstruo. Caro y Feo. Pepe tiene un amigo que nombró a su hijo en planta de personal, en Acción Política, aún cuando este perdió la elección. Y también a unos cuantos más, incluso a su nuera, según informó LA GACETA. ¿Qué injerto se hará Pepe con éstos? Vayuno...
Domingo Alberto Lobo
[email protected]
el degüello de avellaneda
Otro lector de LA GACETA, en este caso el Sr. Félix Reyes (carta del 24/2) incurre en varias inexactitudes que conviene no dejar pasar. 1º) Dice que Marco Avellaneda fue "llevado a juicio"; falsedad crasa. Su ejecución fue precedida por una parodia de sumario cuyo resultado se había decidido de antemano: no lo juzgó un juez, sino el Cnel. Mariano Maza, jefe del bando enemigo, que el 19 de septiembre de 1841 había derrotado a Lavalle en Famaillá; tampoco tuvo un defensor que lo asistiera; ni pudo aportar pruebas sobre su inocencia, ni mucho menos apelar la brutal sentencia. No hubo, pues, tal juicio, al menos en el sentido jurídico del término. 2º) Es falso que el reo haya admitido haber facilitado su caballo a Gabino Robles (Reyes llega a la osadía de hablar en plural: "caballos" y "asesinos"), siendo igualmente falso que haya reconocido haberse encontrado en el lugar del crimen por casualidad, y que haya declarado que entró a la ciudad al grito de "ha muerto el tirano". El señor Reyes evidentemente no ha leído el texto original de la famosa "declaración", la cual puede consultar en el Archivo Histórico de Tucumán, Sección Administrativa, Documentación Complementaria, Caja XVIII, Expte. 5-13, donada por la Fundación Miguel Alfredo Nougués. De las 10 preguntas formuladas al prisionero, solamente la última indaga sobre la muerte de Alejandro Heredia, contestando Avellaneda lo siguiente: "que conoció al finado General Heredia que fue asesinado por los llamados Gabino Robles, Juan de Dios Paliza, Vicente Neirot, un Uriarte y un Casas; que piensa que este asesinato no ha sido más que una venganza personal ejercida por los mismos asesinos llevados de la esperanza de que la provincia de Tucumán los aplaudiría y que lograron sublevar las masas de la provincia en su favor". Hasta aquí la declaración: después, el sumariante, canallescamente, agregó un extenso párrafo de su propia cosecha, que no fue firmado por Avellaneda, pese a lo cual, La Gazeta Mercantil publicó todo el texto haciendo aparecer la firma del reo al final, "fuente" en la que abrevaron varios historiadores sin siquiera tomarse el trabajo de consultar el documento original. En ese agregado se hace decir al reo que él le prestó su caballo rosillo al Tte. Casas, y que al oír a Gabino Robles proclamar que había matado a Heredia, aplaudió la conducta de este, además de haberse apresurado a convocar a la Sala de Representantes para elegir un nuevo gobernador. Por si esto no bastara, hay otros documentos en los que Avellaneda dice claramente que la acusación de haber tenido parte él en la muerte de Heredia es sencillamente calumniosa. El resto de la carta del señor Reyes está plagada de falsedades y es más un alegato que la enunciación de hechos históricos comprobados, amén de que no se sabe si es él quien asevera o un ignoto historiador en off: señor Reyes, Piedrabuena no se llamaba Bernardo, sino Bernabé; ¿de dónde saca que Avellaneda se declaró "inocente y cobarde"?; no existe sentencia alguna declarando a Avellaneda "instigador y principal culpable de la muerte de Heredia"; etc, etc. Lo malo de estos arrebatos epistolares es que la gente termina por creer lo que se dice con tanta ligereza. Una última acotación: admiro algunos aspectos de la política de Rosas y su figura me sigue resultando fascinante (en mis mocedades fui incorregiblemente rosista), pero no puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que Marco Avellaneda haya sido el instigador de la muerte de Heredia.
Máximo Méndez
Lamadrid 377
San Miguel de Tucumán
caso marchese
He leído detenidamente la carta del señor Jorge Jiménez. Lo que siento en estos momentos es el sabor de la injusticia, sabor amargo, que llega hasta el alma, que indigna... sabor que, lamentablemente, conocemos muchos tucumanos. En el ámbito que sea, la injusticia duele, nos quita fuerzas y cuántos que están leyendo esta carta lo habrán sentido y no tienen como él la oportunidad de llegar a los medios. Desde lo más profundo de mi corazón espero que este caso se resuelva con imparcialidad, con la misma que debería juzgarse tantos otros hechos que están en la oscuridad por no tener los involucrados el dinero necesario para "mover" las causas.
Marta Villafañe
[email protected]
oficina de "objetos perdidos"
Hace días un legislador propuso la creación de la Oficina de Objetos Perdidos. Se trata de una iniciativa loable pero entiendo que puede superponerse con la que ya ha creado el ministerio del Gobierno. En efecto, a través de esta oficina, se han encontrado concejales, comisionados rurales y legisladores, objetos que se habían perdido a fines de octubre del año pasado. Sería muy interesante que con el mismo celo esa oficina ministerial localice otras tantas cosas que se han perdido en la provincia, como la dignidad de muchos jubilados, la transparencia, el respeto por las instituciones, en fin, la independencia de la Justicia. De ser así, se convertiría en la oficina más apreciada del gobierno tucumano.
Alfredo Bolsi
Bernardo Houssay 102
Yerba Buena - Tucumán
Me permito respetuosamente disentir con la carta del 23/02/12, en la cual el lector Antonio Farías manifiesta que el cambio del nombre de la escuela Pedro E. Aramburu por la de Gral. Juan José Valle "es sólo la ostentación del poder político de los gobiernos de turno que se identificaban con estos dos generales que representan posiciones antagónicas en la Revolución de 1955, ahondando la división de la sociedad mediante la lucha armada". En primer lugar, es un despropósito pretender equiparar a un militar golpista y reaccionario con militares patriotas que lo único que pretendieron era restablecer el orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. En segundo lugar, la ley 8.463 no fue producto de la fragmentada visión de una mayoría circunstancial, fue votada por todo al arco opositor (con la sola oposición del legislador Bussi), por entender que era una forma de reivindicar la verdad histórica y la auténtica conciencia nacional. Queremos sí la convivencia, pero una convivencia limpia y sin traumas, desintoxicar la política nacional y clarificarla como punto de partida para la recuperación espiritual (como expresaba Salvador Ferla). En relación a buscar un nombre perteneciente a la comunidad, creo que, sin desmerecer la idea, era imperioso que años de ignominia fueran reparados de forma ejemplarizadora, considerando que los tucumanos somos también parte importante de esta historia común y colectiva. Resulta sintomático que hoy se propongan estas iniciativas mientras nadie se acordaba de ello cuando la escuela llevaba el nombre de un dictador que encabezó uno de los gobiernos más sangrientos y antipopulares de los que tengamos memoria. Si con la sangre de los 27 fusilados del 9 de junio de 1956 aquel gobierno de la revolución fusiladora quiso provocar un escarmiento, los argentinos (y los tucumanos) con conciencia democrática debemos propiciar la reivindicación de quienes ofrendaron su vida por un ideal democrático, de justicia y paz. Compartimos con Felipe Pigna que es trascendente que las nuevas generaciones sepan, conozcan aquella historia, puedan vivir, pensar y proyectarse en un país en que los mártires reciban el largamente esperado y postergado homenaje de una patria libre y justa para todos y los verdugos reciban su justa condena histórica y social. Esos fueron humildemente los móviles que animaron el proyecto que presentamos conjuntamente con el legislador Marcelo Ditinis.
Ramiro González Navarro
Legislador Provincial
ley de 4 am y brutalidad policial
El 12 de febrero a la madrugada se realizó el operativo "Ciudad Segura" en distintos lugares. No fue un operativo "anti-after" por la ley de las 4 AM, ni para controlar la venta de alcohol: sólo fue un abuso más del poder de la fusión de la Policía con el IPLA. Esa noche estábamos en una fiesta en Yerba Buena cuando el operativo interrumpió, alrededor de la 1.30, argumentando sin ninguna prueba que era un "after" y que debíamos abandonar la casa, movilizando a gran cantidad de oficiales e inspectores del IPLA. Sitiaron la manzana, impidieron el paso de los invitados que querían llegar a la fiesta, empujaron a la gente con garrotes y amenazaron a los invitados. Desalojaron a los jóvenes de una propiedad privada, tratándolos como delincuentes, cortando la luz y rodeándolos con cordón policial, con armas en alza. Es una imagen que nos remonta a la dictadura militar, más que al proceder de un Estado democrático, que lo que busca es nuestra seguridad para que no haya más casos como el de Paulina Lebbos. Consideramos que la ley 4M es un mamarracho, que consiguió no sólo que todo lo que pase después de las 4 sea ilegal, sino que también nos deja a esa hora de la madrugada, cuando todo cierra, en la calle, sin transporte público, quedando la gente de todas las edades varada en la oscuridad de la noche. ¿De qué nos protege entonces esta ley? De nada. Consideramos que el resultado de una ley que pretende controlar el consumo y la venta de alcohol y los horarios de las actividades culturales y recreativas debería surgir de la convivencia intergeneracional, compatibilizando descanso de los vecinos y diversión de jóvenes y no tan jóvenes, teniendo como prioridad la seguridad de toda la comunidad. "Un turista se queda sin música, teatro, bares ni restaurantes a las 2 o antes -hora en que empiezan a cerrar las cocinas- pero los prostíbulos y las salas de juego abren las 24 horas y muy bien custodiados por nuestra Policía" (Federico Türpe, LA GACETA 11/02/12).
Luisina Gerber Benito
Lynch 3.408
San Miguel de Tucumán
las dietas de los legisladores
Criticar el aumento de las dietas de los legisladores es ingenuo si tomamos en cuenta noticias que dicen que los "gastos sociales" que perciben son muy superiores a las dietas, algo que ninguno de los beneficiarios difunde. Los legisladores, oficialistas y opositores, son las dos caras de la misma moneda.
Ramón Eudal
Pasaje García 1257
San Miguel de Tucumán
todos los ojos de pepe
Pepe, como le decía el general ambiguo (no lo niego ni lo afirmo) ya se había puesto 38 pares de ojos. Todos oscuros. Asusta. Es un monstruo. Caro y Feo. Pepe tiene un amigo que nombró a su hijo en planta de personal, en Acción Política, aún cuando este perdió la elección. Y también a unos cuantos más, incluso a su nuera, según informó LA GACETA. ¿Qué injerto se hará Pepe con éstos? Vayuno...
Domingo Alberto Lobo
[email protected]
el degüello de avellaneda
Otro lector de LA GACETA, en este caso el Sr. Félix Reyes (carta del 24/2) incurre en varias inexactitudes que conviene no dejar pasar. 1º) Dice que Marco Avellaneda fue "llevado a juicio"; falsedad crasa. Su ejecución fue precedida por una parodia de sumario cuyo resultado se había decidido de antemano: no lo juzgó un juez, sino el Cnel. Mariano Maza, jefe del bando enemigo, que el 19 de septiembre de 1841 había derrotado a Lavalle en Famaillá; tampoco tuvo un defensor que lo asistiera; ni pudo aportar pruebas sobre su inocencia, ni mucho menos apelar la brutal sentencia. No hubo, pues, tal juicio, al menos en el sentido jurídico del término. 2º) Es falso que el reo haya admitido haber facilitado su caballo a Gabino Robles (Reyes llega a la osadía de hablar en plural: "caballos" y "asesinos"), siendo igualmente falso que haya reconocido haberse encontrado en el lugar del crimen por casualidad, y que haya declarado que entró a la ciudad al grito de "ha muerto el tirano". El señor Reyes evidentemente no ha leído el texto original de la famosa "declaración", la cual puede consultar en el Archivo Histórico de Tucumán, Sección Administrativa, Documentación Complementaria, Caja XVIII, Expte. 5-13, donada por la Fundación Miguel Alfredo Nougués. De las 10 preguntas formuladas al prisionero, solamente la última indaga sobre la muerte de Alejandro Heredia, contestando Avellaneda lo siguiente: "que conoció al finado General Heredia que fue asesinado por los llamados Gabino Robles, Juan de Dios Paliza, Vicente Neirot, un Uriarte y un Casas; que piensa que este asesinato no ha sido más que una venganza personal ejercida por los mismos asesinos llevados de la esperanza de que la provincia de Tucumán los aplaudiría y que lograron sublevar las masas de la provincia en su favor". Hasta aquí la declaración: después, el sumariante, canallescamente, agregó un extenso párrafo de su propia cosecha, que no fue firmado por Avellaneda, pese a lo cual, La Gazeta Mercantil publicó todo el texto haciendo aparecer la firma del reo al final, "fuente" en la que abrevaron varios historiadores sin siquiera tomarse el trabajo de consultar el documento original. En ese agregado se hace decir al reo que él le prestó su caballo rosillo al Tte. Casas, y que al oír a Gabino Robles proclamar que había matado a Heredia, aplaudió la conducta de este, además de haberse apresurado a convocar a la Sala de Representantes para elegir un nuevo gobernador. Por si esto no bastara, hay otros documentos en los que Avellaneda dice claramente que la acusación de haber tenido parte él en la muerte de Heredia es sencillamente calumniosa. El resto de la carta del señor Reyes está plagada de falsedades y es más un alegato que la enunciación de hechos históricos comprobados, amén de que no se sabe si es él quien asevera o un ignoto historiador en off: señor Reyes, Piedrabuena no se llamaba Bernardo, sino Bernabé; ¿de dónde saca que Avellaneda se declaró "inocente y cobarde"?; no existe sentencia alguna declarando a Avellaneda "instigador y principal culpable de la muerte de Heredia"; etc, etc. Lo malo de estos arrebatos epistolares es que la gente termina por creer lo que se dice con tanta ligereza. Una última acotación: admiro algunos aspectos de la política de Rosas y su figura me sigue resultando fascinante (en mis mocedades fui incorregiblemente rosista), pero no puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que Marco Avellaneda haya sido el instigador de la muerte de Heredia.
Máximo Méndez
Lamadrid 377
San Miguel de Tucumán
caso marchese
He leído detenidamente la carta del señor Jorge Jiménez. Lo que siento en estos momentos es el sabor de la injusticia, sabor amargo, que llega hasta el alma, que indigna... sabor que, lamentablemente, conocemos muchos tucumanos. En el ámbito que sea, la injusticia duele, nos quita fuerzas y cuántos que están leyendo esta carta lo habrán sentido y no tienen como él la oportunidad de llegar a los medios. Desde lo más profundo de mi corazón espero que este caso se resuelva con imparcialidad, con la misma que debería juzgarse tantos otros hechos que están en la oscuridad por no tener los involucrados el dinero necesario para "mover" las causas.
Marta Villafañe
[email protected]
oficina de "objetos perdidos"
Hace días un legislador propuso la creación de la Oficina de Objetos Perdidos. Se trata de una iniciativa loable pero entiendo que puede superponerse con la que ya ha creado el ministerio del Gobierno. En efecto, a través de esta oficina, se han encontrado concejales, comisionados rurales y legisladores, objetos que se habían perdido a fines de octubre del año pasado. Sería muy interesante que con el mismo celo esa oficina ministerial localice otras tantas cosas que se han perdido en la provincia, como la dignidad de muchos jubilados, la transparencia, el respeto por las instituciones, en fin, la independencia de la Justicia. De ser así, se convertiría en la oficina más apreciada del gobierno tucumano.
Alfredo Bolsi
Bernardo Houssay 102
Yerba Buena - Tucumán
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