Las agujas del reloj se detendrán, al menos por un tiempo. Pero aunque esto implique una bocanada de aire puro para los industriales azucareros tucumanos, no significa que puedan descansar tranquilos. Por el contrario; si se relajan, se reactivará la demanda contra ellos que radica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Gobierno de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de esa provincia solicitarán al máximo tribunal que suspenda los plazos procesales en la causa que iniciaron contra los propietarios de ingenios por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. El pedido de suspensión forma parte del acuerdo que rubricarán Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SADS). El texto se firmará a las 9 de hoy, en la sede de esa cartera, en Buenos Aires. El convenio implica que, desde el año que viene, ningún ingenio arrojará vinaza o ceniza al río. Si lo hacen, Tucumán o la SADS -en ese orden- deberán clausurar la fábrica, hasta que deje de contaminar.

Sin embargo, el ombudsman de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, aclaró que bajo ningún punto de vista el acuerdo debe entenderse como el retiro de la demanda, por parte de su provincia. "Pedimos la suspensión de los plazos procesales sin retirar ninguna demanda ni desistir de la acción, ni de nuestro derecho. El acuerdo incluye la presentación obligatoria ante la Corte de informes periódicos. Sin estos no podemos firmar, porque no abandonaremos la acción ante la Corte", afirmó Díaz Achával.

El funcionario participó ayer de un mitin en el despacho del ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo. Junto a estos estuvieron el titular de la SADS, Juan José Mussi, funcionarios de esa cartera, el ministro de Producción de Santiago del Estero, Luis Gelid, el secretario de Medioambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, y el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Alfredo Toscano. Precisamente, según Díaz Achával, el parlamentario oficialista les comunicó que la Cámara está al tanto del problema. "Nos informó de la sanción (el jueves), por parte de la Legislatura, de un borrador del convenio, en el que se había venido trabajando y que incluye nuestras principales exigencias para avanzar en algún acuerdo", contó Díaz Achával.

Agregó que, además de solicitar esa medida a la Corte, sugirieron que el máximo tribunal exija que se le informe sobre la situación cada tres meses: "obviamente, ese plazo puede ser reducido o ampliado; queremos que estén al tanto en forma permanente; y todas las partes están de acuerdo con esto". Y aclaró que, ante sucesivos incumplimientos, volverán al máximo tribunal para que reactive la demanda. "Si un ingenio contamina, Tucumán debe clausurarlo; si no lo hace, pasa a ser responsabilidad de la SADS. Ante la inacción de ambos, los santiagueños diremos: 'Corte, esto no sigue porque los dos que deben clausurar no lo hacen; necesitamos que actúe usted'", explicó.

El funcionario santiagueño rechazó la idea de que un solo organismo o provincia controle que no se contamine. "Habrá un amplio mecanismo de control, que permitirá la participación social; convocaremos a ONG y a fuerzas sociales, para que también fiscalicen", aseveró. Y añadió que en los próximos meses se instrumentarán los medios para la incorporación de todas estas herramientas de control.