La estrategia del Gobierno nacional para embestir contra la empresa Papel Prensa S.A. conjuga promover investigaciones judiciales y, al mismo tiempo, avanzar en el Congreso con un proyecto de ley que declare de "interés público la producción de pasta celulosa y de papel para diarios", de acuerdo con el siguiente esquema:

1) Los funcionarios del Gobierno esgrimen que Papel Prensa, actualmente controlada por los diarios La Nación y Clarín (aunque también participa minoritariamente el Estado), fue adquirida a los herederos de David Graiver cuando los integrantes de la familia de este último (antiguo propietario del diario La Opinión) eran perseguidos durante la dictadura militar. Por el contrario, los accionistas privados de Papel Prensa replican que las acciones fueron compradas el 2 de noviembre de 1976, antes de que ninguno de los Graiver hubiese sido aún detenido o secuestrado.

Basándose en la tesis de que se trataría de una apropiación ilegítima encuadrada en un supuesto delito de lesa humanidad, el Gobierno formalizaría una denuncia penal para que fueran investigados tales hechos partiendo de que la persecución de tal clase de ilícitos, por su gravedad, no prescribe.

2) En forma paralela, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reveló que la embestida legislativa pasará por declarar de "interés público la producción de pasta celulosa y de papel para diarios". Por eso, por esta vía, impulsará un marco regulatorio de este insumo básico, de manera que, según dice, se pase de una producción "monopólica por una sola empresa" a un "tratamiento igualitario para todos los diarios".

La declaración de interés público apunta a que el Estado, por medio del Congreso, dada la trascendencia que se pretende atribuir a esta producción, pueda regular la actividad que actualmente se desarrolla de forma privada.

3) La estrategia legislativa suscitará un sustancioso debate debido a que la cuestión roza la libertad de expresión, que, según lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye una libertad preferida, que no puede menguarse sin lesionar el sistema republicano. A esto hay que sumar que, por ejemplo, el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional, es terminante: "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos".