Opositores se unen en defensa de Fibertel

Iniciativa para anular la decisión del Gobierno.

25 Agosto 2010
BUENOS AIRES.- La oposición impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto para anular la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la licencia de Fibertel, mientras que el ministro de Planificación, Julio de Vido, justificó la medida y denunció que la empresa del Grupo Clarín "distribuyó dividendos operando ilegalmente".

La decisión oficial puso en estado de alerta a más de un millón de usuarios abonados a Fibertel, y a un total de cuatro millones de personas que utilizan a diario ese servicio para acceder a la web.

El retiro del permiso a Fibertel para que siga prestando servicios de internet fue interpretado por la oposición en el Congreso como un ataque del Gobierno a la libertad de expresión, por lo que en el arco opositor prevén contrarrestar la medida en dos frentes legislativos.

Por un lado, la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, Pro y GEN presentaron un proyecto de ley para dejar sin efecto la medida oficial contra la empresa del Grupo Clarín.

Además, presentarán una resolución, a instancias de la diputada del GEN Margarita Stolbizer, que la declarará nula, por considerar que fue dictada de manera irregular. El proyecto de ley tiene un único artículo en el que se plantea dejar sin efecto la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones dictada el jueves.

Fue elaborado por Federico Pinedo (PRO) y está, además, firmado por los radicales Oscar Aguad, Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra, Elisa Carrió y Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal). En los fundamentos se sostiene que el caso Fibertel podría "vulnerar derechos constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso y el derecho a la libertad de prensa y expresión".

Se afirma que, con la resolución 100/2010, el Gobierno "no sólo se ha permitido vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa de personas argentinas, sino que pretende generar un daño irreparable a su propiedad, limita la facultad de más de un millón de usuarios a la libre elección del prestador de sus servicios y vulnera expresamente la ley que le otorga las facultades decisorias que ejerce mediante ese acto administrativo". (NA)

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