No estamos ante un debate sobre la familia, el sexo ni mucho menos el sagrado sacramento del matrimonio: este es simplemente un gran debate sobre derechos civiles (hereditarios, previsionales, conyugales).

La pregunta es si estamos dispuestos a reconocer la unión civil a un 10% de argentinos que tienen una opción sexual diferente y que reclaman, en todo de acuerdo con la Constitución ser iguales ante la ley; o, si la respuesta es no, si vamos a seguir ignorando a esa minoría bajo especulaciones sociales degradantes o ante postulados de la Iglesia, en los que creo fervientemente por ser católico, pero considero humildemente inaplicables al caso en forma rotunda.

El proyecto propone satisfacer una demanda de derechos de un sector al que hoy se excluye, y que generan consecuencias jurídicas de mucha inequidad. No resulta justo que no pueda recibir una pensión quien acompaño durante la vida productiva a su pareja, sólo por ser del mismo sexo.

¿Con que fundamentos jurídicos debemos sostener la arbitrariedad? ¿O debemos ser funcionales a las presunciones prejuiciosas y policíacas de un sector que demoniza al que no es como él, estigmatiza a quien apoya al que nos es como él, y descalifica al que no piensa como él, prefiriendo que este debate no sea amplio ni que esté referido a derechos civiles?

No esta en discusión el matrimonio, al que considero piedra angular de la familia y célula básica de la sociedad. Este proyecto sólo pretende regularizar situaciones de hecho, que someten a personas a situaciones injustas y de vulnerabilidad, que el Estado no puede seguir ignorando. Esta discusión debe instalarse de madura y democrática, con el respeto que todo debate sobre derechos civiles y libertades individuales merece tener.