31 Diciembre 2009
EXPOSICION. El senador oficialista Miguel Pichetto habla con Boudou. DYN
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda que la provincia de San Luis entabló contra el Gobierno Nacional para que se impugne el decreto que autorizó el uso de U$S 6.569 millones de las reservas federales para el pago de deuda pública. El máximo tribunal declaró "la competencia originaria de la Corte" para analizar la denuncia, pero no habilitó la feria judicial de enero para tratarla, tal como le pidió la provincia.
En la resolución, los vocales indicaron que "en virtud de la complejidad y alcances de las cuestiones comprometidas, el Tribunal continuará su estudio luego del receso de enero".
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó el lunes pasado un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2010/09 a través del cual la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, autorizó la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad para utilizar U$S 6.569 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) para pagar en 2010 la deuda externa.
La provincia sostuvo que ese dinero ya había sido autorizado por el Congreso con la sanción de la ley de presupuesto y que con la medida el Gobierno "somete a los ciudadanos a cargas tributarias sin soporte legal válido previo, lo que provocará el efecto conocido como ?impuesto inflacionario?" que lo calificó como un "modo espurio de imponer cargas tributarias sobre la población". Además, señaló que el decreto fue dictado "sin previa autorización y sin reintegrarlo a la masa coparticipable de las provincias", que no se consultó al BCRA y que la medida fue tomada "sin invocar la existencia de razones evidentes y concretas de necesidad y urgencia que justifiquen su dictado".
Ante la Bicameral
En tanto, el ministro de Economía, Amado Boudou, defendió ayer en el Congreso la decisión de abonar deuda con reservas, al sostener que con esa medida el Gobierno demuestra "voluntad y capacidad de pago" de los vencimientos que operarán el año que viene. Según el funcionario, con el pago de deuda pública con reservas de libre disponibilidad del Central, la Argentina va a "reducir incertidumbre". "Lo que hacemos es una utilización inteligente de las reservas, para dar certezas con lo que va a pasar con nuestras finanzas públicas", destacó Boudou, al exponer ante los legisladores que forman parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Ante diputados y senadores del oficialismo y la oposición, el ministro garantizó que, a pesar del uso de una porción de reservas, el tipo de cambio permanecerá bajo control. "No hay tensiones en el tipo de cambio. Las políticas financieras, comerciales y fiscales han permitido que el Banco Central tenga capacidad de intervención en el mercado cambiario", aseguró.
El titular del Palacio de Hacienda indicó además que esta decisión del Gobierno, que se tomó a través de un DNU, "no es una medida aislada, sino que debe inscribirse en el marco de las políticas destinadas a que la Argentina pueda acceder al mercado financiero y lograr un crecimiento sustentable". (DyN-NA)
En la resolución, los vocales indicaron que "en virtud de la complejidad y alcances de las cuestiones comprometidas, el Tribunal continuará su estudio luego del receso de enero".
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó el lunes pasado un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2010/09 a través del cual la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, autorizó la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad para utilizar U$S 6.569 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) para pagar en 2010 la deuda externa.
La provincia sostuvo que ese dinero ya había sido autorizado por el Congreso con la sanción de la ley de presupuesto y que con la medida el Gobierno "somete a los ciudadanos a cargas tributarias sin soporte legal válido previo, lo que provocará el efecto conocido como ?impuesto inflacionario?" que lo calificó como un "modo espurio de imponer cargas tributarias sobre la población". Además, señaló que el decreto fue dictado "sin previa autorización y sin reintegrarlo a la masa coparticipable de las provincias", que no se consultó al BCRA y que la medida fue tomada "sin invocar la existencia de razones evidentes y concretas de necesidad y urgencia que justifiquen su dictado".
Ante la Bicameral
En tanto, el ministro de Economía, Amado Boudou, defendió ayer en el Congreso la decisión de abonar deuda con reservas, al sostener que con esa medida el Gobierno demuestra "voluntad y capacidad de pago" de los vencimientos que operarán el año que viene. Según el funcionario, con el pago de deuda pública con reservas de libre disponibilidad del Central, la Argentina va a "reducir incertidumbre". "Lo que hacemos es una utilización inteligente de las reservas, para dar certezas con lo que va a pasar con nuestras finanzas públicas", destacó Boudou, al exponer ante los legisladores que forman parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Ante diputados y senadores del oficialismo y la oposición, el ministro garantizó que, a pesar del uso de una porción de reservas, el tipo de cambio permanecerá bajo control. "No hay tensiones en el tipo de cambio. Las políticas financieras, comerciales y fiscales han permitido que el Banco Central tenga capacidad de intervención en el mercado cambiario", aseguró.
El titular del Palacio de Hacienda indicó además que esta decisión del Gobierno, que se tomó a través de un DNU, "no es una medida aislada, sino que debe inscribirse en el marco de las políticas destinadas a que la Argentina pueda acceder al mercado financiero y lograr un crecimiento sustentable". (DyN-NA)
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