BUENOS AIRES,. El abogado Ricardo Monner Sans, quien denunció a la abogada Valeria Loira para ejercer como síndica general adjunta de la Nación por "incompatibilidad", al estar casada con el titular de la Anses, Diego Bossio, afirmó ayer que mantendrá su presentación a pesar de que la letrada renunció al cargo, ya que "si se cometió delito, igual hay que investigarlo".
"La contradicción era muy evidente -remarcó el abogado-. A lo mejor se pusieron a estudiar las carillas de mi planteo. En el gobierno no sólo hay que ser, sino también parecer. Esto no puede suceder en una gestión", enfatizó el letrado.
En declaraciones a una radio porteña, Monner Sans señaló que mantendrá su denuncia "por incompatibilidad entre los cargos del matrimonio", en contra de la abogada Loira, ya que desde su funciones debía controlar las decisiones de Bossio al frente de la Anses.
"Tengo que volver al juzgado del juez (Norberto) Oyarbide, para ratifique esa denuncia, porque si se cometió delito, igual hay que investigarlo", expresó.
El letrado recordó que en su denuncia marcó "distintas normas nacionales e internacionales, la Ley de Etica Pública, y hasta la Convención de las Naciones Unidas sobre el tema", para abonar su presentación.
El miércoles, Loira presentó a la presidenta Cristina Fernández su renuncia a su cargo de síndica adjunta en la Sigen, pero se encargó de remarcar ante los medios que lo hacía "no porque existiera incompatibilidad en su cargo", sino para "evitar cualquier tipo de cuestionamiento que pueda perjudicar la actuación" de su marido al frente de la Anses.
En otro orden, Monner Sans también denunció al matrimonio Néstor Kirchner y Cristina Fernández ante la Justicia federal, para que se investigue si el aumento del 158% del patrimonio familiar durante 2008 constituyó el delito de enriquecimiento ilícito.
Monner Sans solicitó al juez que ordene el requerimiento establecido por el artículo 268 del Código Penal (referido al enriquecimiento ilícito) y recordó que ese delito tiene una pena de prisión de dos a seis años, una multa del 50% del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. (DyN)