Así como en octubre de 2004, el gobernador, José Alperovich, anunció que los residuos de la capital se depositarían en Pacará Pintado, ahora el mandatario dijo que pretende habilitar en dos o tres meses la nueva planta de tratamiento en la localidad de Overa Pozo.
El titular del Poder Ejecutivo fue cauteloso y no dio una fecha concreta, pero insistió en que la decisión política es acelerar el proceso de puesta a punto en la zona este de la provincia. “Estamos trabajando para eso, queremos analizar el costo, pero ya estamos trabajando para llevar en los próximos 60 o 90 días todos los residuos a Overa Pozo”, afirmó.
La prudencia de Alperovich para no arriesgar una fecha obedece, quizás, al hecho de que históricamente la disposición final de los residuos sólidos urbanos ha sido un problema en Tucumán.
A fines de los 90, el caso del vaciadero de Los Vázquez llegó a los tribunales hasta que, por orden judicial, se cerró. Pero luego también hubo otras aristas que abrieron más controversias. En julio de 2004, el intendente de la capital, Domingo Amaya, compró un predio de 14 hectáreas en Los Pocitos (Tafí Viejo) para disponer los residuos en ese lugar. Sin embargo, los vecinos, los empresarios citrícolas y las autoridades taficeñas expresaron un contundente rechazo que, finalmente, hizo desvanecer el proyecto amayista.

Un viejo anhelo
La iniciativa de Overa Pozo, en Monte Redondo, comenzó hace casi cuatro años. En diciembre de 2005, la Legislatura desafectó de la Ley Activo por Activo a un predio ubicado en esa zona, en una iniciativa impulsada por los legisladores Sisto Terán y Jorge Mendía.
En marzo de 2006, seis municipios firmaron un convenio para enviar los residuos a la nueva planta, pero el proyecto quedó postergado hasta este nuevo impulso oficial.

El funcionamiento de la planta de Pacará Pintado está en la mira de la Justicia desde hace más de tres años, a causa de las denuncias realizadas por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán.
Los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila, esperan el resultado de un peritaje técnico en el predio, a cargo de María Luisa Genta, experta en ingeniería química.
Los camaristas aspiran a contar con los resultados de la pericia antes de resolver el recurso de apelación deducido por la organización de dirigentes ambientalistas.
Esta entidad interpuso hace más de un año una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre del predio, por considerar que contamina, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan Aráoz.


Uno de los obstáculo que tuvo el PE en el proyecto de Overa Pozo surgió en febrero de 2008. El Tribunal de Cuentas frenó un llamado a licitación para la construcción de una planta de tratamiento. Miguel Terraf y Marcelo Vidal firmaron las observaciones.