Se vulnera la dignidad individual

La supervivencia de sistemas tutelares en las formas de intervención del Estado en materia de justicia penal juvenil, que deriva en la institucionalización de los menores, es la principal característica registrada por los colectivos de ONG que relevaron la situación de infantes y adolescentes en el Mercosur.
Los organismos denunciaron que las condiciones en que se llevan a cabo las privaciones de libertad van contra la dignidad de cualquier persona y se quejaron de las casi inexistentes políticas públicas integrales que tiendan a la defensa y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y de espacios de coordinación y de articulación para la implementación, seguimiento, evaluación y adaptación de los planes, programas y acciones que tiendan a la plena vigencia de los principios reconocidos en los pactos internacionales. Las ONG reclamaron la incorporación de los derechos humanos (con un adecuado nivel de especialidad en el tema minoridad) en la política general de cada Nación para el control social de una infracción, que justifique cualquier acción que se aplique en relación con los adolescentes autores de una infracción. Debe ser obligatorio que estas medidas contemplen la plena protección de los derechos de los infractores o presuntos infractores del régimen penal juvenil, junto con el establecimiento de mecanismos que promuevan la prevención y las políticas compensatorias especiales de protección para este sector social en conflicto con la ley.
Al mismo tiempo, debe potenciarse la efectiva realización de las plenas garantías procesales, sobre todo frente a la gran ausencia de servicios adecuados de asesoría legal para los menores, que es una condición indispensable para el acceso a la justicia de esta población.

Pedidos presentados ante la CIDH

Incorporar la preocupación por la temática específica de la infancia como un asunto que requiere un abordaje propio y no tangencial a problemáticas más generales.

Elaborar un informe sobre los estándares mínimos que deben cumplir los Estados en Justicia penal para menores.

Como forma de contener la violencia penal de este tipo de intervenciones, debe exhortar a los Estados a que se empeñen en desarrollar propuestas socioeducativas y en trabajar para la reintegración social de niños y adolescentes.

Establecer un mecanismo de seguimiento de parámetros, asimilable a lo realizado en materia de derechos humanos.

Realizar visitas a los distintos países, con misiones integradas por los comisionados relatores de los Derechos de la Niñez y de las Personas Privadas de Libertad.