03 Junio 2008
El viernes, Tucumán será sede de un importante hecho institucional: la audiencia pública anual de información del Consejo de la Magistratura de la Nación se desarrollará en el auditorio del Colegio de Abogados (Congreso Nº 450), que será inaugurado en esa ocasión (tiene capacidad para 198 personas).
Creado por la Constitución Nacional de 1994, el Consejo de la Magistratura, órgano que integra el Poder Judicial, comenzó a funcionar en 1998 con dos finalidades principales. La primera es seleccionar -concursos públicos mediante- a quienes aspiran a ingresar en la judicatura nacional y federal. El proceso, en este caso, termina con una terna (por cargo vacante) que el Consejo eleva al Poder Ejecutivo para que este elija a uno de los postulantes y solicite luego el correspondiente acuerdo de la Cámara de Senadores.
La segunda gran atribución, otorgada por el artículo 114 de la Constitución al Consejo, es la de ejercer facultades disciplinarias sobre los jueces y, en su caso, decidir la apertura de un procedimiento de remoción, para lo cual el acusado es suspendido durante 90 días. En esta hipótesis, el Consejo impulsa la acusación y la cuestión es resuelta por otro órgano creado por la reforma de 1994: el Jurado de Enjuiciamiento.
Reforma polémica
Como consecuencia de un proyecto de ley impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora nacional, el Consejo de la Magistratura sufrió una profunda y polémica transformación en noviembre de 2006. Amén de la fusión de las comisiones de Disciplina y Acusaciones, que antes funcionaban en forma separada, el número de consejeros fue reducido de 20 a 13. Y, lo más cuestionado, fue alterado el equilibrio que antes existía entre los estamentos que lo integraban, con lo que el factor político pasó a ser determinante.
Hasta noviembre de 2006, al Consejo lo formaban ocho legisladores (cuatro diputados y cuatro senadores), cuatro jueces, cuatro representantes de los abogados, un consejero por el Poder Ejecutivo y dos académicos (en representación de las facultades de Derecho); todos eran encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también dirigía el Consejo.
Ahora, en cambio, como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 26.080, al Consejo lo forman seis legisladores (tres diputados y tres senadores, y en ambos casos la minoría debe contar con un representante), tres jueces, dos abogados, un consejero por el PEN y un académico del derecho. Igual transformación sufrió el Jurado de Enjuiciamiento, que pasó de nueve miembros (tres por estamento) a siete (cuatro legisladores, dos jueces y un abogado).
Carácter federal
La audiencia anual de información tiene una finalidad netamente instructiva, para que la sociedad pueda conocer cuáles son las competencias y desafíos actuales del Consejo de la Magistratura. Como suelen celebrarse rotativamente en diferentes provincias, tienen un indudable carácter federal. Antes que Tucumán, fueron sede Formosa, Santa Fe, Córdoba, Salta, Río Negro, Mendoza y Misiones.
En el caso de la que se celebrará el viernes en Tucumán (está prevista para las 10.30), el temario incluye cuestiones de trascendencia nacional con otras estrictamente locales (como la creación de un tercer Juzgado Federal en Tucumán), por cuyo tratamiento bregaron la Cámara Federal de Apelaciones y el Colegio de Abogados.
Además del presidente del Consejo, Mariano Candioti, vendrán otros seis consejeros y Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de titular del consejo académico de la Escuela Judicial, que depende del Consejo. Cualquier persona podrá asistir a la audiencia, pero sólo podrán hacer uso de la palabra (hasta cinco minutos) quienes se inscribieron para hacerlo o para formular preguntas por escrito, que serán respondidas por los consejeros.
Creado por la Constitución Nacional de 1994, el Consejo de la Magistratura, órgano que integra el Poder Judicial, comenzó a funcionar en 1998 con dos finalidades principales. La primera es seleccionar -concursos públicos mediante- a quienes aspiran a ingresar en la judicatura nacional y federal. El proceso, en este caso, termina con una terna (por cargo vacante) que el Consejo eleva al Poder Ejecutivo para que este elija a uno de los postulantes y solicite luego el correspondiente acuerdo de la Cámara de Senadores.
La segunda gran atribución, otorgada por el artículo 114 de la Constitución al Consejo, es la de ejercer facultades disciplinarias sobre los jueces y, en su caso, decidir la apertura de un procedimiento de remoción, para lo cual el acusado es suspendido durante 90 días. En esta hipótesis, el Consejo impulsa la acusación y la cuestión es resuelta por otro órgano creado por la reforma de 1994: el Jurado de Enjuiciamiento.
Reforma polémica
Como consecuencia de un proyecto de ley impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora nacional, el Consejo de la Magistratura sufrió una profunda y polémica transformación en noviembre de 2006. Amén de la fusión de las comisiones de Disciplina y Acusaciones, que antes funcionaban en forma separada, el número de consejeros fue reducido de 20 a 13. Y, lo más cuestionado, fue alterado el equilibrio que antes existía entre los estamentos que lo integraban, con lo que el factor político pasó a ser determinante.
Hasta noviembre de 2006, al Consejo lo formaban ocho legisladores (cuatro diputados y cuatro senadores), cuatro jueces, cuatro representantes de los abogados, un consejero por el Poder Ejecutivo y dos académicos (en representación de las facultades de Derecho); todos eran encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también dirigía el Consejo.
Ahora, en cambio, como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 26.080, al Consejo lo forman seis legisladores (tres diputados y tres senadores, y en ambos casos la minoría debe contar con un representante), tres jueces, dos abogados, un consejero por el PEN y un académico del derecho. Igual transformación sufrió el Jurado de Enjuiciamiento, que pasó de nueve miembros (tres por estamento) a siete (cuatro legisladores, dos jueces y un abogado).
Carácter federal
La audiencia anual de información tiene una finalidad netamente instructiva, para que la sociedad pueda conocer cuáles son las competencias y desafíos actuales del Consejo de la Magistratura. Como suelen celebrarse rotativamente en diferentes provincias, tienen un indudable carácter federal. Antes que Tucumán, fueron sede Formosa, Santa Fe, Córdoba, Salta, Río Negro, Mendoza y Misiones.
En el caso de la que se celebrará el viernes en Tucumán (está prevista para las 10.30), el temario incluye cuestiones de trascendencia nacional con otras estrictamente locales (como la creación de un tercer Juzgado Federal en Tucumán), por cuyo tratamiento bregaron la Cámara Federal de Apelaciones y el Colegio de Abogados.
Además del presidente del Consejo, Mariano Candioti, vendrán otros seis consejeros y Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de titular del consejo académico de la Escuela Judicial, que depende del Consejo. Cualquier persona podrá asistir a la audiencia, pero sólo podrán hacer uso de la palabra (hasta cinco minutos) quienes se inscribieron para hacerlo o para formular preguntas por escrito, que serán respondidas por los consejeros.
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