Tucumán perdió el juicio contra Aguas del Aconquija

El grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi informó ayer, a través de un comunicado -difundido por la agencia de noticias Reuter-, que recibirá una compensación de U$S 105 millones por la disputa con Tucumán por la concesión de un servicio de agua.
La Provincia y Vivendi han mantenido una batalla legal desde 1996, cuando la Compañía Aguas del Aconquija (CAA), una subsidiaria de la empresa francesa, se retiró de una concesión de 30 años de aguas y de tratamiento de desechos y acusó a las autoridades de alterar el contrato.
"El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria y el acuerdo entre Francia y Argentina para proteger a los inversores extranjeros en ambos países", dijo la empresa en el comunicado.
El abogado de CAA en Tucumán, Ignacio Colombres Garmendia, confirmó a LA GACETA el fallo, pero se abstuvo de hacer comentarios sobre el caso. Se limitó a explicar que, según los datos que maneja, la nación deberá pagar unos U$S 170 millones, incluyendo los intereses y las costas. "Las partes en juicio son CAA y Vivendi y la Nación. Tucumán sólo colaboró en la defensa del juicio"dijo.
La noticia fue considerada sorprendente por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular, Osvaldo Guglielmino, afirmó que la Argentina se verá obligada a pedir la anulación del laudo del Ciadi, un organismo creado por el Banco Mundial para laudar en conflictos relacionados con supuestos incumplimientos de contratos.
"El caso Vivendi presenta una argumentación incomprensible", afirmó Guglielmino en declaraciones reproducidas por la agencia DyN.
El Tribunal Ciadi que actuó en este caso estuvo integrado por el canadiense William Rowley (presidente), la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler y el mexicano Carlos Bernal Verea.
Allegados a la Procuración indicaron que la inversora de Aguas de Aconquija no pudo impedir que por más de 20 días saliera agua negra de las canillas de los habitantes de la provincia de Tucumán, mientras producía un drástico aumento en la tarifa del servicio -del 100%-, lo que condujo a la rescisión del contrato. "Además, la valuación, que se basa en lo anterior, no cuenta con respaldo probatorio, porque se cimenta en dichos de testigos y supuestos préstamos no probados documentalmente", añadieron desde la Procuración. Y especificaron que el laudo concedió a la inversora de capitales franceses menos de un tercio de lo que había planteado en su demanda (U$S 388 millones) y se centra en una presunta expropiación que, según la Procuración, carece de fundamentos.
La Argentina llegó a tener en contra causas por unos U$S 17.000 millones en el Ciadi luego de congelar las tarifas de servicios públicos en 2002, pero en los últimos años ha logrado desactivar varios de esos procesos mediante renegociaciones de los contratos.
En 2005, la firma estadounidense de energía CMS Gas, que pertenece a CMS Energy Corporation, ganó una demanda a Argentina por U$S 133,2 millones. El país también pidió la anulación de ese laudo y tenía sumo interés en la causa contra Tucumán, por el precedente negativo que puede sentar en otras demandas ante el Ciadi.
En caso de que el laudo quede firme, la Nación y la Provincia tendrán que negociar cómo se pagará la deuda, según confirmó el fiscal de Estado, Antonio Estofán.