Críticas para jueces que hacen política
Pedicone y Leiva compartieron un reparo.
El presidente del tribunal ordenó que solo permanecieran las partes para la lectura de los alegatos.
El cuerpo rechazó un planteo de nulidad del magistrado acusado y reiteró que no es “un tribunal de Justicia”.
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento dijo que, por la covid, él pidió la transmisión del “jury”, pero que en la Legislatura adujeron que ello era imposible.
Garmendia declaró sobre la incompetencia achacada al juez: dijo que fue Albo quien pidió estar de feria y que habló varias veces con la secretaria Blanco.
La Corte aún debe resolver si somete al funcionario a un sumario administrativo.
El funcionario manifestó por nota que tiene “capacidades intelectuales restringidas”.
El Jurado aceptó otorgarles una copia del registro audiovisual del testimonio de Blanco, secretaria de Superintendencia del máximo tribunal.
Blanco, secretaria de la Corte, aseguró que desconocía que los jueces Pedicone y Albo estaban trabajando en la miniferia. “No es mi función”, afirmó.
Concluye la feria del Poder Judicial y se activa el Jurado de Enjuiciamiento. Deben comparecer tres miembros de los tribunales provinciales.
El presidente de EEUU le pidió al secretario de Estado de Giorgia que manipule los resultados para que le den ganador a él y no a Joe Biden.
Sbdar, Posse, Leiva y Rodríguez Campos precisan que no son comprobables las “circunstancias fácticas” del relato de la empleada Mayol.
Albo, par de Pedicone en una Cámara, declarará por escrito. Blanco, Garmendia y Valladares deben comparecer entre el 1 y el 2 de febrero.
Según la defensa del juez, si fue válido apartar a Sbdar y a Posse por el “temor” de Leiva a que no sean imparciales, la misma “garantía” debe operar para su planteo .
Aunque el Jurado de Enjuiciamiento rechazó las grabaciones de Pedicone como prueba, la comisión acusadora pasó un fragmento.
Los testimonios fueron ofrecidos por la defensa de Pedicone para probar que no actuó sin competencia en la causa “Bravo”.
Los plazos fijados el miércoles por el Jurado de Enjuiciamiento determinan que su actuación no excederá los 90 días corridos que fija la Ley 8.734.
El sistema de justicia enfrenta el reto de la desconfianza social y de las sospechas de corrupción interna. Se avizora un 2021 con iguales o mayores fricciones.