Crímenes de niños, última parte: Una dura pena con perspectiva de género

El caso de María José Álvarez (24) tuvo un largo derrotero judicial. El 1 de mayo de 2018 asfixió a sus hijos Nicole (tres años) y Máximo (seis meses) en su vivienda de San José, en La Cocha. Desde ese día, quedó privada de su libertad y seguirá detrás de las rejas por mucho tiempo más, ya que en marzo pasado, durante un juicio abreviado, fue condenada a 24 años de prisión. El tribunal que aprobó el acuerdo de ese proceso sumario tuvo en cuenta algunos atenuantes para no penarla con prisión perpetua, el castigo más grave que ordena el Código Penal.

Pero antes de que llegara a esa sentencia, ella tuvo que pasar por distintos procesos judiciales. Después de que le dieran el alta del hospital de Concepción, pasó al penal de mujeres de Banda del Río Salí donde se hizo amiga de Nadia Fucilieri, la joven que también estaba detenida por haber acabado con la vida de sus hijos Marceliano (cuatro años) y Pía del Rosario (dos años).

Álvarez gestó a su tercera hija detrás de las rejas. Asistida por el defensor oficial Agustín Acuña, logró que la niña sea entregada al cuidado de su abuela. Actualmente, el mismo profesional, lucha en tribunales para que se le otorgue el rol de tutora a la madre de la condenada para que siga haciéndose cargo de la pequeña que ya tiene más de tres años. El fiscal Miguel Varela estaba al frente de la investigación del caso. Cerró el expediente rápidamente. Pidió que Álvarez sea enjuiciada por doble homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Un intento

Al haber asumido como jueza Carolina Ballesteros, la imputada pasó a ser defendida por el también defensor oficial Pablo Cannata. El profesional partió de una premisa: no se puede defender lo indefendible. Buscó entonces una salida alternativa para tratar de que la condena que pudiera recibir la acusada no fuese tan dura. En otras palabras, buscaba que no sea sentenciada a prisión perpetua.

En abril de 2019 se reunió con el fiscal de cámara Enrique Rojas y le pidió que el caso se resolviera a través de un juicio abreviado. El acuerdo incluía que la joven reconocería haber sido la autora del hecho y que recibiría una pena de 25 años, no la más grave que se aplica en nuestro país.

A la hora de formalizar el acuerdo, ambas partes argumentaron que existían circunstancias que atenuaban la pretensión punitiva. Entre otras, señalaron que la acusada, en el momento del hecho, se encontraba bajo los efectos de una depresión post-parto, que tenía un desajuste hormonal, ya que gestaba un embarazo de cuatro meses y que había sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Diego Alberto Espíndola, que había sido acusado del hecho, pero luego sobreseído por el fiscal Varela al no haber encontrado ninguna prueba en su contra.

“La relación con Espíndola estuvo marcada por un contexto de violencia. El hombre imponía, a través de la violencia, una relación de poder sobre la imputada, ante su vulnerabilidad”, coincidieron Rojas y Cannata al elaborar el acuerdo a consideración de los jueces.

LA ESCENA DEL CRIMEN. La antigua vivienda donde la joven asfixió hasta matar a sus dos pequeños hijos.

María José dijo ante los jueces que su ex pareja con frecuencia la golpeaba y la sometía sexualmente. Inclusive, ella aseguró que su último hijo fue producto de un abuso. “Él llegaba, me golpeaba y luego me violaba. No lo denunciaba por miedo”, contó. La relación de la pareja había iniciado cuando ella tenía 14 años. A pesar de que se resistía a continuar con él, y de haber comenzado a mantener un vínculo con otro hombre, dijo que cada tanto Espíndola la abordaba y la sometía con violencia. Esto sucedió el día en que resolvió matar a sus hijos e intentó suicidarse. María José lloró al exponer parte de su experiencia ante el Tribunal.

En el libro “Personalidad y delito (Aspectos sustanciales del derecho penal en la provincia de Tucumán)”, escrito por el juez Jesús Carlos Pellegri, que presidió el tribunal integrado por Sergio Altamirano y Roberto Flores, explicó porqué se rechazó el acuerdo que habían llegado la defensa y el Ministerio Público Fiscal.

“Solo argumentaron circunstancias extraordinarias de atenuación sin aportar elementos en abono de tales circunstancias. Sólo surgían de una manifestación de la acusada, y sin realizar argumentación alguna para extraer la agravante de alevosía de la calificación de base, la que había sido reconocida por la acusada, para así poder amoldar la pena requerida de 25 años. Entiende el tribunal que la pena solicitada no era concordante con la calificación, lo que constituía un valladar insalvable para la aceptación del acuerdo, resultando necesario por lo tanto la producción de prueba en la audiencia de debate”.

Otra oportunidad

Cannata recurrió el fallo, pero el tribunal no le hizo lugar. Fue a la Corte Suprema de Justicia, que también rechazó el planteo. Parecía que estaba todo perdido, pero surgió una luz de esperanza. Al realizar una presentación por una cuestión temporal, la jueza Cecilia Tasquer, al votar en contra, señaló que los magistrados intervinientes no habían tenido perspectiva de género al analizar el hecho. Hizo otra presentación y consiguió que el expediente sea analizado nuevamente, pero en esta oportunidad, con las normas del nuevo Código Procesal Penal.

FALLO. El juez Jesús Pellegri junto a sus pares Roberto Flores y Sergio Altamirano rechazaron el primer juicio abreviado.

Ese punto fue clave. Porque el nuevo digesto autoriza a los defensores a buscar elementos de pruebas. Y el equipo de Cannata lo hizo. Al presentarlas, el tribunal integrado por Elena Grellet, Claudio Aybar y Juan Saracho Daza decidió juzgarla nuevamente. En esa instancia, el fiscal Rojas y el defensor Cannata presentaron otro acuerdo para que se llegara a una condena a través de un juicio abreviado. El 13 de marzo de 2021, los magistrados terminaron convalidando el acuerdo y condenaron a 24 años de prisión a Álvarez por el delito de doble homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias. En los fundamentos del fallo se explicaron cuáles fueron los atenuantes que tuvieron en cuenta para que no le dictaran cadena perpetua.

El 22 de abril de 2019, días antes de que se pusiera en marcha el nuevo código en el centro judicial de Concepción, Álvarez denunció a Espíndola por haber sufrido violencia de género y abuso sexual.

Contó que ella lo conoció cuando tenía 15 años y él tenía 29, e iniciaron un noviazgo. A los cuatro meses quedó embarazada y en ese momento se enteró de que estaba casado desde hace unos 12 años. “Fue una relación tormentosa la que atravesó de ahí en adelante. Estuvo plagada de engaños y de hechos de violencia física y verbal. También dijo que Espíndola nunca se hizo cargo de la bebé ni la ayudaba para su manutención”, figura en el expediente.

Los jueces consideraron que la joven intentó rehacer su vida e inició una relación con Mariano Josué Gómez, pero que Espíndola también la amenazaba con que le pegaría a su nueva pareja si Gómez se acercaba a su hija, por lo que decidió poner punto final a esa unión, pese a que se encontraba embarazada de un mes.

“Espíndola compró un terreno a unos 100 metros de su casa, y pasaba todo el tiempo por la vivienda y entraba como si nada, sin permiso, para agredirla y obligarla a tener relaciones sexuales, por lo que quedó embarazada de su tercer hijo. Ella se enteró de esta situación cuando fue atendida por las lesiones que sufrió”, se consignó en el fallo. Los magistrados también tuvieron en cuenta los testimonios de varias personas que ratificaron sus dichos.

Los integrantes del tribunal, como en el caso Fucilieri, también se apoyaron en la carta que dejó escrita la acusada. Pero en este caso, no fue clave para condenarla, sino para atenuar su condena.

EL ARTÍFICE. Álvarez, junto al defensor oficial Pablo Cannata, quien logró que sea condenada con atenuantes.

“Yo pensé que después de lo que hiciste todo cambiaría y empezaríamos de cero, pero la realidad es otra. Ahora me doy cuenta de que jamás vas a cambiar y siempre vas a jugar conmigo sin importar de mis sentimientos ni los de tu hija. Creí en ti de nuevo, y de nuevo me desilusionaste. A vos no te basta con hacerme sufrir una vez, lo tenés que hacer todos los malditos días de tu vida”, escribió Álvarez. “Sé que te duele perder tus hijos, pero acordate que la Nicole también es tu hija y ella también sufre porque la dejás. A vos eso jamás te importo, como jamás te importamos ninguna de las dos; si no, no nos hubieras hecho sufrir tanto como lo estás haciendo. Te amé como jamás amé a nadie en mi vida, pero eso no sirvió de nada porque todo ese amor lo tiraste a la basura una y 1.000 veces y lo pisoteaste como cualquier cosa. Ya no tiene remedio recordar cosas del pasado que me hicieron tan infeliz”, agregó.

Los argumentos

Los miembros del tribunal también dejaron plasmado en los fundamentos cuál era la situación de vida de la acusada. “María José Álvarez, al momento de los hechos, era una mujer muy joven, prácticamente una niña, de escasos recursos emocionales y económicos, a cargo de la crianza y manutención de un niño de seis meses de vida y una niña de tres años de edad, atravesando una relación sentimental que arrastraba ya desde sus 15 años, plagada de engaños, desencuentros y distinta clase de violencia -física, moral, psicológica-, con posibles influencias de un estado puerperal -madre de un niño de seis meses de vida- y de desequilibrio hormonal -cursaba un embarazo de un mes y medio-“, expresaron.

“Sumado al último episodio de desencuentro y desilusión con quien atravesaba esta relación de obsesivo enamoramiento y violencia, sin lugar a dudas la colocaron en una situación de total de extrema vulnerabilidad y desequilibrio emocional desbordado, que la llevaron a la trágica oscuridad de no encontrar en este mundo la luz de felicidad necesaria para su vida y la de sus hijos”, señalaron.

Los jueces condenaron a la joven y ordenaron que sea trasladada al penal de Mujeres, el lugar que también recibió hace poco más de un mes a Fucilieri. Pero nada pasó con Espíndola. El fiscal, en el primer juicio, solicitó que sea investigado por violencia de género y por abuso sexual en contra de Álvarez. Al haber sido rechazado el acuerdo, no se abrió ningún expediente en su contra. La denuncia que realizó la condenada, donde contó todo lo que había sufrido, quedó en el régimen conclusional y, hasta el momento, no se inició ninguna investigación. Hubo una dura condena, pese a que se aplicó perspectiva de género, mientras que el supuesto autor de los suplicios que sufrió la condenada, nunca fue investigado. Mucho menos, enfrentó un tribunal.

Crímenes de niños, última parte: Una dura pena con perspectiva de género

{{titulo}}